GALICIA TOMÓ LA BANDERA

 ¿Y POR CASA COMO ANDAMOS? 

¡Vaya que lo sabemos! los uruguayos tenemos derechos a residir y trabajar en España en iguales condiciones que los españoles según el Tratado firmado por ambos gobiernos en 1870 y que uno más reciente de 1972 no hace más que ratificar. 

Para nadie es noticia, muchos uruguayos han obtenido fallos favorables de diferentes juzgados de España e incluso del Tribunal Supremo cuando han reclamado sus derechos en base al Tratado de 1870. Pero de allí a que se reconozcan esos derechos hay un mundo. 

No podemos exigir que nuestro Ministro de Relaciones Exteriores destrabe en un santiamén  lo que el gobierno de España -ni el anterior del PP, ni éste del PSOE- quieren hacer:  el cumplimiento de Tratados que, según las palabras de jerarcas que hemos entrevistado, no está en condiciones de acatar porque  ‘hacerlo sería como abrir las puertas’ Durante un tiempo intentamos hablar con representantes de la Cancillería uruguaya o allegados al Ministerio que conocían a fondo el tema que nos interesa.

No lo logramos, por eso damos la bienvenida a las declaraciones del actual Ministro de Relaciones Exteriores Reynaldo Gargano cuando dice que: ‘nuestra postura es defender la tesitura de que los Tratados están vigentes, y que los tribunales españoles además están de acuerdo con esto’, algo en lo  que también nosotros  estamos de acuerdo, pero nos produce un poco de zozobra que no figuren en sus archivos, datos concretos y deba remitirse a hilvanar en el aire cuando agrega que esto es así porque ‘ se han dictado ya, creo que cuatro resoluciones". 

No sabemos si ‘se vaciaron los cajones’ o sus antecesores no priorizaron este asunto pero el interés del actual gobierno uruguayo en seguir de cerca el cumplimiento de los tratados  internacionales y reclamar reciprocidades representan un cambio notorio y permite que los cientos de uruguayos que no pueden acreditar los requisitos necesarios para obtener los papeles de regularización en el proceso actual, se encuentren medianamente esperanzados.  

¿APOYO O DEMAGOGIA?  

Los Nacionalistas gallegos del BNG han reclamado a la Xunta que inste al Gobierno español para que cumpla el tratado de Paz y Amistad firmado en 1870 entre España y Uruguay.  

El portavoz parlamentario Xosé Manuel Beiras instó al Ejecutivo central a que considere la legalidad internacional y cumpla la validez y vigencia del mismo, aplicando el derecho de los ciudadanos uruguayos a residir y trabajar en España.  

Realmente son pocas las esperanzas que podemos poner en el éxito de esta iniciativa gallega,  ya que el Tratado en cuestión por contraprestación es mucho más afín a Galicia que al resto de las Comunidades Autónomas.  Más allá de ello, la propuesta pierde singularidad para acceder a la categoría de ‘demagogia’ cuando se señala, que es la llegada del Frente Amplio al poder lo que ‘posibilita’ que se pueda producir una ‘necesaria revisión estratégica’, con carácter urgente del cumplimiento del subsodicho Tratado Internacional de 1870. 

Correspondió a la diputada nacionalista del BNG, Olaia Fernández reclamar ante el Congreso de los Diputados el inmediato cumplimiento del Tratado, señalando que su partido exige el respeto de los derechos humanos y de la democracia por encima de la Ley de Extranjería.  

Fernández hizo hincapié en el incumplimiento del Estado español de este Tratado que significaría, según sus palabras, la doble nacionalidad para los uruguayos que viven en España.

Por su parte la responsable de Emigración del BNG, Ana Miranda, señaló que se trata de un Tratado de Reciprocidad que se superpone a la Ley de Extranjería y en este sentido, los nacionalistas gallegos exigen que el Estado Español respete aquello que firma y que garantice la igualdad de derechos entre españoles y uruguayos en España, como el mismo fue respetado en Uruguay. 

Obtener que el gobierno español reconozca los derechos de los uruguayos sería un logro importantísimo, pero no creemos que hayan vueltas de tuerca ‘sin precedentes’ porque, más allá de que en los dos países gobierna la izquierda, no olvidamos que el Tratado de 1992 que ratifica plenamente al de 1870 y no por ello impide que se vulneren por España los derechos de los uruguayos, fue firmado por el también socialista Felipe González en representación de España y por el Dr. Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional) por  Uruguay y que, durante el mandato al frente del gobierno de Uruguay del Dr. Jorge Batlle (Partido Colorado), el gobierno español ‘prometió’ abrir mesas de diálogo que en definitiva nunca se llevaron a cabo. 

Los uruguayos siguen siendo deportados, como lo son los argentinos, los chilenos y otros desesperados provenientes de países que también tienen convenios firmados con España. 

Pero  también reconocemos que  algunas veces los uruguayos merecen ser deportados y con acciones delictivas como falsificación de documentos, por poner un solo ejemplo reciente, no sólo ponen en juego su permanencia sino que subliminalmente se ve perjudicada la causa de todos.  Para éstos no pretendemos reclamar derechos.  

Graciela Vera, periodista independiente, en Almería, el sur del norte, a 18 de marzo de 2004