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TRATADO DE 1870

TRATADO DE 1870

En 1870 el Reino de España y la República Oriental del Uruguay celebraron un Tratado conocido como Tratado de Paz, Amistad y Cooperación.

En su artículo noveno este tratado especifica claramente que los españoles tendrán en Uruguay y los uruguayos en España, el mismo derecho para movilizarse, vivir, trabajar, comercializar, practicar sus profesiones, testar, etc., que los nativos del país.

En 1992 se firmó otro Tratado de Amistad y Cooperación que ratifica el anterior extendiendo los derechos incluso al voto en comicios municipales.

Nadie puso en tela de juicio la vigencia de estosTratados y los españoles han sido y son recibidos en Uruguay de puertas abiertas; muy distinto ha sido el recibimiento que España ha dado a los uruguayos en las últimas décadas. Ámparandose en leyes de Inmigración ha negado derechos consolidados por un Tratado Internacional desconociendo que éstos tienen mayor rango que las leyes nacionales.

Varias sentencias judiciales de Tribunales Superiores de diferentes Comunidades Autónomas y una sentencia del Tribunal Supremo han validado el derecho de los uruguayos a vivir y trabajar en España. No obstante la administración del Reino ha continuado en sus trece.

Los Tratados en cuestión pueden leerse en:

http://www.mrree.gub.uy/Tratados/MenuInicial/UruguayEspaña/TratadoRouEsp1870.pdf

http://www.mrree.gub.uy/Tratados/MenuInicial/UruguayEspaña/TratadoRouEsp1992.pdf

He escrito en reiteradas ocasiones dando mi opinión sobre este tema. En este blog intento reunir los distintos artículos e invito a participar a quienes tengan una opinión valedera, quieran comunicar o informar sobre este tema dirigiéndose por mail a: emigrante_inmigrante@yahoo.es , G. Vera

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EL CANCILLER URUGUAYO RECLAMA A ESPAÑA DERECHOS CONSOLIDADOS

Un Tratado entre Uruguay y España establece que los ciudadanos emigrados de cada país tendrán los mismos derechos que los nacionales.

 

Uruguay recurrirá a la justicia española para defender los derechos de los uruguayos que puedan recibir cedulones de expulsión por no haberse acogido al proceso de regularización de inmigrantes, recientemente finalizado en España.

Se calcula que más de diez mil uruguayos no han podido acogerse a la regularización y se enfrentan a la expulsión por parte de las autoridades españolas que insisten en desconocer la vigencia del Tratado de Paz, Reconocimiento y Amistad de 1870.

La vigencia de este Tratado ha sido tema de discusión jurídica por muchos años. Existen posturas contradictorias por parte del Ejecutivo y el Poder Judicial español ya que ha habido varios fallos de la jurisprudencia española reconociendo su vigencia.

El Tratado de 1870 cuya validez reiteradamente hemos defendido desde Informe Uruguay otorga, en sus artículos 8 y 9, iguales derechos a españoles y uruguayos emigrados que a los nacionales del país.

Concretamente estos artículos establecen:

Artículo VIIILos ciudadanos de la República en España, y los súbditos Españoles en la República Oriental del Uruguay, podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles, extraer del país sus valores íntegramente, disponer de ellos en vida o por muerte, y suceder en los mismos por testamento o ab intestato, todo con arreglo a las leyes del país en los mismos términos y bajo de iguales condiciones y adeudos que usan o usaren los de la Nación más favorecida. No podrán por consiguiente sufrir respectivamente ningún embargo, ni ser retenidos con sus buques, tripulaciones, carruajes y objetos de comercio, de cualquiera clase, para ninguna expedición ni para servicio público de ninguna especie sin conceder a los interesados una indemnización previamente convenida. Artículo IXLos ciudadanos de esta República no estarán sujetos en España, ni los súbditos españoles en la República Oriental del Uruguay, al servicio del Ejército, Armada o Milicia Nacional. Estarán igualmente exentos de toda carga o contribuciones extraordinarias o préstamo forzoso; y en los impuestos ordinarios que satisfagan por razón de su industria, comercio o propiedades, serán tratados como los ciudadanos o súbditos de la Nación más favorecida.

 

En un reciente viaje a Montevideo el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España resultó categórico al señalar que no se harán excepciones a las normas y se expulsará a todo extranjero indocumentado.

Poco antes el canciller uruguayo Reinaldo Gargano se había reunido en Madrid con la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración Consuelo Rumí a quién le pidió que, en función del Tratado de marras, se diera un trato excepcional a los uruguayos y se les regularizara a todos, lo que Rumí rechazó.

Sin embargo el Tratado de 1870, ratificado por el de 1992 es claro y aunque el gobierno de España niega su validez, sus tribunales de justicia lo consideran vigente.

Al menos seis sentencias de Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas y una del Tribunal Supremo de Justicia han dado razón a los uruguayos que han interpuesto recursos basándose en los artículos 8 y 9 del citado Tratado.

El canciller uruguayo considera que "no se le puede aplicar a los uruguayos residentes en España la ley de extranjería y menos su reglamentación que fija plazos para comparecer” por lo que ha realizado un llamado a todos los uruguayos que reciban cedulones de expulsión para que se presenten en el Consulado ya que el Gobierno de su país les defenderá.

"Vamos a luchar en los tribunales (españoles) y vamos a hacer valer las sentencias que dieron la razón a los uruguayos en las comunidades autónomas", expresó Gargano que ante reiteradas consideraciones respecto de acuerdos posteriores firmados por España con la Unión Europea, quiso aclarar que para estos compromisos que ponen límites a la emigración, el artículo 234 de los tratados entre los países de la UE establece que no serán aplicables en los casos en que ya existan tratados particulares anteriores.

El canciller recordó que “Uruguay recibió en el pasado a centenares de miles de españoles, y casi todos los uruguayos tenemos abuelos o padres españoles o italianos” y consideró que la expulsión de algún uruguayo por parte del gobierno español “sería un error político muy grave”.

El Ministro dejó en claro las razones por las que el gobierno uruguayo afirma que el Tratado está vigente: “Fue el primer tratado que hubo después de la Independencia que trató estos temas. Y concedió a los españoles los derechos de que gozan los uruguayos aquí en Uruguay: el acceso al trabajo, la compra y venta de vivienda, el derecho al ejercicio de la materia comercial, etcétera, etcétera. Y además, disposiciones constitucionales los habilitan para votar y convertirse en ciudadanos legales uruguayos. Ese tratado está vigente. Nadie lo derogó nunca. Hay otro tratado de 1992, que trata del mismo asunto, y no tiene ninguna norma que derogue este tratado. Se me habló de la Convención de Viena. Y la Convención de Viena es la que establece lo obvio: que un tratado posterior si tiene normas contradictorias con el anterior (o expresamente dice que lo deroga) pues lo deroga. Pero no es este el caso”.

A juicio del ministro que no concretó en forma específica cual será la iniciativa judicial que piensa emprender por mostrarse aún esperanzado en llegar a un acuerdo, "el problema de la ley de extranjería es que la hizo un gobierno de derecha y debe aplicarla uno de izquierda” y lamentó que esto ocurra con España, país con el que Uruguay ha mantenido muy buenas relaciones.

FORMULAS Y CONSIDERACIONES

 

Algunos especialistas en derecho internacional realizan hipótesis sobre la dilucidación de esta situación.

La primera podría ser que ambos países acordaran en forma voluntaria someter el asunto a un arbitraje de carácter jurídico; la segunda, remite a la intervención de la Corte Internacional de Justicia.

Por otra parte y como forma de consolidar posiciones los consulados uruguayos tienen orden de expedir a cada compatriota que lo solicite un documento certificado por el cónsul respectivo que acredite su nombre, nacionalidad, edad y establezca que se encuentra amparado por el Tratado de 1870 transcribiendo las normas del mismo, por lo cuál tiene derecho a acceder a trabajo, a los bienes y a la residencia normal dentro de España.

Nos cuesta creer que después de llegar hasta aquí Uruguay no promueva acción contra España si llegara el caso de que un uruguayo fuera expulsado por no respetarse el Tratado de Paz, Reconocimiento y Amistad de 1870.

También nos cuesta creer que las autoridades españolas acepten el certificado que expiden los consulados uruguayos como prueba de la legalidad de sus poseedores porque hacerlo sería reconocer la vigencia del Tratado.

 

Graciela Vera, periodista independiente, en Almería, el sur del norte, a 3 de junio de 2005

PONERSE LAS PILAS, PERO YA!!!!

Terminado el plazo para la recepción de pruebas para la conformación de expedientes de solicitudes temporales de permisos de residencia y trabajo, (no olvidemos que se entregarán con valides de apenas un año) algo menos de 700.000 solicitudes han sido entregadas, de las que 13.000 ya están siendo procesadas.

Casi la mitad son de latinoamericanos y entre éstas la gran mayoría de ecuatorianos. En lo que respecta a uruguayos, el número de compatriotas solicitantes de permisos se calcula en los 10.000.

Nos preguntamos ¿Qué pasará con el resto de uruguayos que están en forma indocumentada en España?*1 ¿Porqué estos 10.000 compatriotas han debido hacer las largas colas, gastar dinero que muchas veces no han poseído para obtener y presentar documentos probatorios y rogar contratos de trabajo como si de ciudadanos de tercera se tratase?

Los uruguayos tenemos derecho a trabajar, vivir, estudiar y no tenemos necesidad de homologar títulos universitarios aquí, en ESPAÑA, y España tiene la obligación de aceptarlo sin chistar porque ella fue parte interesada de la firma de Tratados Internacionales.

La Justicia nos apoya.

Lo ha demostrado muchas veces cuando se han interpuesto recursos por la vía judicial.

El Tratado de 1870 está vigente para la justicia española incluso para el Tribunal Supremo (octubre 2002). ARTÍCULO 8 del Tratado de 1870 Los ciudadanos de la República en España, y los súbditos Españoles en la República Oriental del Uruguay, podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles, extraer del país sus valores íntegramente, disponer de ellos en vida o por muerte, y suceder en los mismos por testamento o ab intestato, todo con arreglo a las leyes del país en los mismos términos y bajo de iguales condiciones y adeudos que usan o usaren los de la Nación más favorecida. No podrán por consiguiente sufrir respectivamente ningún embargo, ni ser retenidos con sus buques, tripulaciones, carruajes y objetos de comercio, de cualquiera clase, para ninguna expedición ni para servicio público de ninguna especie sin conceder a los interesados una indemnización previamente convenida. Todo lo cual se ratifica y en nada rectifica, el Tratado de 1992 en el que se considera también el ‘Establecimiento de un eficaz sistema de equivalencias de estudios, con vistas al reconocimiento de títulos y diplomas académicos obtenidos en ambos países’

En Uruguay, durante periodos gubernamentales anteriores las reivindicaciones no pasaron de silenciadas quejas ante la inoperancia de nuestra Cancillería, provenientes de los sectores de la oposición.

Pues bien, ahora uno de los sectores tiene una mayoría que le permitirá actuar sin condicionamientos y ante esta opción expongo:

Sr. Reynaldo Gargano, Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay:

Usted, siendo Senador de la República fue uno de los más acerbos críticos de esa inoperancia. Usted reclamó para los uruguayos los derechos que los uruguayos tienen.

Usted tiene en este momento la palabra.

Miles de compatriotas confían en usted y en lo que usted voceó desde su banca senatorial.

Podemos estar felices con el escape de la clandestinidad de casi 10.000 uruguayos pero no lo estamos ante la incertidumbre de los que no han podido salir de ella.

No podemos permitir que un ciudadano con derechos adquiridos se vea perseguido, con la posibilidad de ser esposado, enviado a un centro de refugiados atiborrado desde ya y expulsado.

Tampoco podemos tener la conciencia tranquila si ese ciudadano debe esconderse y trabajar por sueldos miserables simplemente porque su país no lo protege en otra nación con la cuál la suya tiene firmados acuerdos y tratados internacionales.

¿Acaso solamente se validarán los Acuerdos y Tratados de extradición y deportación?

El Ministro de Seguridad Social y Trabajo de España, Jesús Caldera, acaba de expresarse en forma contundente: después de estimar que una mínima parte de quienes han presentado documentación, unos cien mil apenas, serán rechazados aseguró que desde el próximo domingo se aplicará en forma estricta el Reglamento de Extranjería que recoge las vías de arraigo laboral y social y quienes no puedan acogerse a ninguna de las fórmulas “serán repatriados porque la inmigración tiene que ser legal”.

Lo aceptamos y estamos de acuerdo: legalidad, en todo, incluso en el respeto a Tratados Internacionales.

Reconocemos que no resultará tarea fácil para nuestro Canciller pero confiamos en él y a pesar de que él mismo considera difícil de encontrar salida aceptada por España a los Tratados, no olvidamos los Tribunales y los uruguayos no deben dejar pasar esa opción mientras no encuentren la del reconocimiento de partes.

*1 Se estima que entre el año 2001 y el 2004 entraron a España casi 40.000 uruguayos que se sumaron a los casi 10.000 que ya residían aquí. No hay datos concretos de cuantos regresaron pero de esta cifra se considera que la mitad o más continúan viviendo en España. (Siempre en las suposiciones porque la clandestinidad es muy difícil de que algún organismo estadístico pueda valorarla con exactitud y las cifras solo refieren a ingresos registrados y ciudadanos empadronados), El INE, Instituto Nacional de Estadísticas de España estimo en un aumento del 500% el incremento de uruguayos viviendo en España en ese periodo. Tan sólo en el del 2003/2004 ingresaron 16.966 compatriotas que representan una cifra ya superior a las solicitudes de regularización presentadas por uruguayos en el último proceso de legalización de inmigrantes.

Graciela Vera – Periodista independiente desde Almería, el sur del sur del norte, a 6 de mayo de 2005

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SEÑOR MINISTRO: ANTE USTED ME QUITO EL SOMBRERO

El consulado en España insta a los uruguayos que reciban cedulones de expulsión a denunciarlos en el mismo para proceder a la interposición de recursos de amparo reclamando el cumplimiento del Tratado de 1870 entre España y Uruguay.El Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Reinaldo Gargano hizo constar en declaraciones hechas públicas que en ningún momento el gobierno de nuestro país ha renunciado a la vigencia del Tratado de 1870, entendiendo que está plenamente vigente y por lo tanto , debe cumplirse.

Hace siete días increpaba por este medio al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay por no defender los derechos que el Tratado de Paz, Reconocimiento y Amistad de 1870 otorga a los uruguayos en España.

Le recordaba que él, desde la oposición había sido un enardecido crítico de la pasividad del gobierno anterior.

Posiblemente el Dr. Jorge Batlle en la visita que realizó hace poco más de un año a España, haya tenido intenciones de poner las cartas sobre la mesa.

Posiblemente el Dr. Tabaré Vázquez deba encontrar en el momento oportuno la capacidad negociadora y la severidad necesarias para enfrentarse a la posición del gobierno de España.

Recordamos que en los primeros días de febrero del 2004 los por entonces cancilleres Didier Opertti y Ana Palacio representando a nuestro país y al reino de España se reunieron y al término de ese encuentro Palacio anunciaba ante la satisfecha aprobación de Opertti: “España y Uruguay trabajarán bilateralmente para buscar una solución a la situación de los inmigrantes uruguayos empezando con una reunión dedicada al tema la próxima semana”.

Una próxima semana que nunca llegó.

Nuestro Canciller tiene ahora un contrincante tan hábil para escurrir el bulto como lo fue la doctora Palacio en su momento.

El ministro de Relaciones Exteriores de España, Miguel Angel Morantino no le hará fácil la tarea de reinvindicar el cumplimiento del Tratado de 1870.

Los españoles que hoy están en el gobierno saben que los españoles que gobernaron en épocas en las que aún no existía la Comunidad Europea ni se expulsaba a la gente decente por el mero hecho de querer trabajar, firmaron acuerdos hoy difíciles de cumplir por su parte.

Acuerdos que en una época en la que los españoles eran quienes emigraban, fueron celosamente respetados por nuestro país.

España no ha firmado acuerdos ni tratados solamente con Uruguay; pero el Canciller uruguayo Reinaldo Gargano ha sentado precedentes, al ser el único representante de un país afectado por las decisiones inflexibles de España que ha salido a la cancha a defender a su gente: a los uruguayos.

El martes 17 Uruguay anunció que defenderá ante los tribunales de justicia hispanos a sus ciudadanos requeridos a abandonar el territorio español, en razón de la vigencia del Tratado de 1870.

CARTA ABIERTA PARA USTED,SEÑOR MINISTRO REINALDO GARGANO

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay:

Como uruguaya me ha hecho usted sentir orgullo de haber nacido en ese pedazo de tierra situado al oeste del río Uruguay.Tierra de pájaros pintados pero sobre todo, tierra de hombres y mujeres que no bajan la cabeza ni aún en las más difíciles.

No sé si su gestión tendrá éxito. No puedo adivinar las reacciones de la política y usted, señor Ministro, eso bien lo entiende.

Usted ha reconocido que el Tratado obliga a los dos países a dar el mismo tratamiento en materia de trabajo, papeles y asistencia social, tanto a uruguayos como españoles. Hasta el momento la Justicia de los Tribunales de España han dado la razón a aquellos compatriotas que han interpuesto recursos amparándose en el mismo.

Señor Ministro, yo no lo voté a usted ni voté su Partido y no lo hice, no porque estuviera fuera del país sino porque siempre he sido, porque soy ‘como güeso’e bagual’.

Puedo ser crítica, contestataria y un moscardón cargoso al que por no escuchar su zumbido terminen dándole razón.

El Tratado de 1870 hubiera sido ese zumbido permanente y estridente sobre y contra su gestión si usted hubiera actuado de otra forma.Hace siete días comencé con el zumbo después de comprobar que muchos compatriotas iban a ser expulsados de España por el sólo hecho de intentar tener una vida mejor que la que su país le ofrecía.

Usted pertenece al Gobierno que debe lograr que no sea necesario emigrar para encontrar esa vida mejor; muchos uruguayos en octubre confiaron en ustedes, muchos uruguayos queremos confiar ahora en ustedes.

Usted ha dado un paso de gigante para afianzar esa imperiosa necesidad de creer, que tenemos todos los orientales, los que están allí y los que estamos por el mundo.

Respecto al Tratado de 1870 usted, Señor Ministro Gargano, señala que existe una situación de hecho en la que el Estado español no lo está cumpliendo y considera que de acuerdo a las prácticas de las relaciones internacionales ello amerita ‘un proceso de negociación permanente al respecto’.

Para los neófitos como yo ¿puede usted aclarar que significa ‘negociación permanente’?.

En esta España en la que vivo actualmente hay dos realidades que se contraponen; mientras que para la Justicia el Tratado está plenamente vigente, para las Autoridades resulta imposible cumplirlo porque ‘hacerlo sería abrir las puertas’, o las tranqueras como decimos nosotros, pero en definitiva lo que significa es cerrarnos las esperanzas.

Usted las ha abierto de nuevo con su decisión que devuelve el orgullo de ser uruguayos a todos los uruguayos.

Estamos con usted Sr. Ministro; apoyamos su gestión.Estoy con usted Sr. Ministro. Apoyo su gestión con la bandera de Saravia en la mano. Tendrá usted mucho que decirme para convencerme que la arríe y estoy segura que no es eso lo que usted quiere.

No le debo nada a ningún cacique ni soy más que ningún militante de base, por eso en esta patriada yo me pongo a su lado llevando esa, mi bandera, sin necesidad de preguntarme que opinan otros ni de inclinarla ante ninguna otra más que la que nos cubre a los dos: la del sol y las franjas.

Gracias, desde este sur del norte que no me expulsa le extiendo mi mano y, si usara sombrero me lo quitaría ante su actitud.

Graciela Vera, periodista independiente, en Almería, el sur del norte, mayo 2005


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