OTRA VEZ EL TRATADO

    

Con cada alegría de cada uruguayo cuyos derechos han sido reconocidos por la justicia española a partir de la validez del Tratado Internacional firmado por España y Uruguay en 1870 y totalmente vigente a la fecha, nos asalta la desazón ante las inoperantes acciones de los sucesivos gobiernos uruguayos ante sus similares de España.

 

Inoperantes ya que no han tenido respuesta positiva y me permitiría suponer que casi nulas porque poco y nada sabemos de gestiones que se hayan realizado (cuando el presidente Jorge Batlle visitó España por principios de este año) se llevaba la promesa de creación de una comisión mixta que trabajaría sobre este tema pero los meses pasaron, Batlle deja el gobierno y ni siquiera nos hemos enterado (que si se hubiera formado esa comisión su buena publicidad habría tenido) de que hayan habido ni siquiera intentos de tomar un cafecito dialogando sobre el asunto.

 

España sigue negando los tratados, indistintamente de si su gobierno lo preside Aznar o Rodríguez Zapatero, la firma de esos Tratados (no solo el rubricado con Uruguay), le resultan tan urticantes como atrapar una planta de ortiga con la palma de la mano.

 

Y es que como ya se dijera ‘reconocer los Tratados sería para España lo mismo que abrir las puertas a la emigración’; y ahora opinamos nosotros, que firmar un Tratado debería ser para los gobernantes de turno, antes que nada un compromiso reconocido y como tal analizadas sus consecuencias antes de estampar el nombre entre flashes fotográficos y con declaraciones rimbombantes.

 

 Seguro que no fue el caso del Tratado de 1870 ya que a lo sumo habrá habido un fogonazo de magnesio pero lo cierto es que éste ha dado más que hablar que el de 1992, que después de todo no hace más que consolidar el anterior.

 

   DOS CASOS MUY RECIENTES 

 

Una jueza de Girona (Cataluña) reconociendo la validez del Tratado de 1870  firmado entre Uruguay y España otorgando iguales derechos que a sus ciudadanos a los inmigrantes de cada uno de los países en el territorio del otro , condenó a la Administración a retractarse en la negativa del permiso de trabajo  para una uruguaya que reside desde el 2002 en España.

 

La Jueza Isabel Hernández Pascual, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Gerona ordenó a la Administración conceder el permiso de ‘Trabajo y Residencia’ a Alicia Raquel Velázquez Ottonello, una uruguaya que trabaja en Cataluña y asegura sentirse muy bien y haber sido aceptada por los catalanes entre los que cuenta con muy buenos amigos.

  

Esta resolución se suma a otra, también reciente del ‘Tribunal Superior de Justícia de Catalunya’ (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) que en aplicación del mencionado Tratado decretó la anulación de una orden de expulsión dictada por la Subdelegación de Gobierno de Gerona contra la ciudadana uruguaya Myriam Beatriz Martenz.

Myriam Martenz tiene lazos de ‘arraigo’ en España, donde vive con su esposo y dos hijos, tanto familiares como sociales y económicos.

  EN VISTA DE LO ANTERIOR ¿HASTA CUANDO? 

¿Hasta cuando se deberá recurrir a los oficios de un abogado para que sea la justicia la que otorgue lo que ya es ley de obligado cumplimiento?

 

¿Hasta cuando nuestras autoridades seguirán actuando como los tres monos sabios: sin ver, sin oír y sin hablar?

  Graciela Vera, periodista independiente, en Almería, el sur del norte, a 3 de noviembre de 2004