EL PODER JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS OFICIALES NO SE PONEN DE ACUERDO
Periodista: ¿Qué peso tienen o en qué influyen en el momento de otorgar permisos de residencia y trabajo a los inmigrantes, los Convenios firmados con países de América como son los Tratados de Amistad y Cooperación?
Jesús Viciana: -"Los tratados de Amistad y Cooperación con países americanos, como el resto de tratados internacionales, una vez ratificados por España, forman parte de su ordenamiento interno y, por tanto, deben cumplirse tanto por la Administración como por los ciudadanos.Respecto a si afectan o no a la inmigración habrá que estar a lo que en cada caso concreto disponga su articulado".
Periodista: Existen dos convenios firmados entre España y Uruguay, dos Tratados de Amistad y Cooperación, uno de 1870 y el último, que ratifica el anterior, de 1992 siendo presidentes de nuestros respectivos países los doctores Felipe González y Luis Alberto Lacalle.
El anterior gobierno de España, a través de sus dependencias de Extranjería se negó a aceptar la vigencia de estos convenios. No obstante los uruguayos que recurrieron ante la Justicia tuvieron sentencias favorables incluso del Tribunal Supremo, reiteradas ante recursos interpuestos por la Administración.
Los uruguayos que recurrieron ante la Justicia tuvieron sentencias favorables y reiteradas ante recursos interpuestos por la Administración, incluso el Tribunal Supremo se expidió a favor.
Queremos saber si el actual gobierno del PSOE reconoce ése y otros convenios con Uruguay (especialmente el Tratado de 1870)
Jesús Viciana: -" Es cierto que hay un Tratado de Paz y Amistad con Uruguay que data de 1870 y que algunas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia e incluso una en casación del Tribunal Supremo declaran su vigencia y por tanto no se debía tener en cuenta la situación nacional de empleo al resolver los permisos de trabajo de ciudadanos uruguayos.
Pero también que, con posterioridad, se firmó otro convenio en 1992 en cuyo artículo 14 se establecía que deberían sujetarse a la ley interna, es decir la Ley de Extranjería, la realización de actividades por cuenta propia o ajena. Por tanto, este es un asunto que, en su vertiente jurídica, habrá que esperar más sentencias del Tribunal Supremo que creen jurisprudencia, sin perjuicio de que los contactos bilaterales entre ambos países consigan un desbloqueo de la situación". ………………………………………………………………………………………………………………………
En España con sentencias dictadas por el Tribunal Supremo se crea jurisprudencia.Si es así ¿Está el gobierno español actuando dolosamente al negar de forma sistemática los permisos de trabajo y residencia que solicitan los uruguayos?Consideramos que esto está sucediendo en referencia al Tratado de 1870, ratificado y no rectificado con el de 1972?¿Qué pasará con la próxima demanda que entable un compatriota reclamando el derecho que le dan dos Tratados y varias sentencias de la Justicia y del Tribunal Supremo español?Opinamos que muy pronto tendremos respuesta también a esta pregunta o, será que acaso, como da a entender nuestro entrevistado, lo que se aguarda es un movimiento de ajedrez por parte de nuestro gobierno. No dejamos de reconocer que España se encuentra ‘entre la espada y la pared’. Por un lado los ciudadanos americanos reclaman el cumplimiento de los Tratados y, por el otro, la Comunidad Europea establece para todos los países miembros una serie de reglamentaciones que tienden a reducir el número de inmigrantes llegados al continente.
JUECES RECONOCEN TRATADOS CON ARGENTINA
No somos solamente los uruguayos quienes consideramos que se está vulnerando un derecho. Los argentinos tienen problemas muy similares a los nuestros al momento de tratar con las autoridades españolas.Mientras la justicia actúa reconociendo como vigentes los tratados de inmigración refrendados con Argentina, el gobierno español, a través de Extranjería continúa rechazándolos.
A pesar de que deberían tomarse como parte del Ordenamiento Interno de la nación; se desconocen y se ponen trabas a las solicitudes de residencia y trabajo de los ciudadanos de países que por derecho están en condiciones de obtener sin más impedimentos, respuestas rápidas y positivas.
En esta oportunidad la justicia ha fallado a favor de un ciudadano argentino. El sujeto tiene una orden de expulsión (por carecer de documentación), interpuso un recurso tomando como base un Tratado firmado en 1988 y obtuvo una resolución favorable, que suspende la expulsión que había sido decretada sobre su persona.
Un auto judicial firmado por el juez Guilarte Martín Calero del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife suspendió de forma cautelar la orden de expulsión por considerar que está en vigencia el Tratado de Cooperación y Amistad entre España y la República Argentina del 3 de junio de 1988.
El Tratado de referencia establece, en el artículo 8 que: “cada una de las partes facilitará a los nacionales del otro país la realización de actividades profesionales en pie de igualdad con los nacionales del estado de residencia”.No es esta la primera sentencia favorable a un ciudadano argentino por una causa similar. Tanto en lo referido a las demandas interpuestas teniendo como base el Tratado de 1870 entre Uruguay y España como en demandas interpuestas por argentinos en base a tratados firmados entre España y ese país, se ha llegado a un número de sentencias favorables que deberían tenerse en cuenta por las autoridades españolas para cumplir ordenanzas propias y por las de Uruguay y Argentina, para reclamar una justa relación de reciprocidad.
Son miles los uruguayos y los argentinos que esperan que España reconozca la vigencia de los Tratados de Cooperación y Amistad. Son muchos más los nacionales de otros estados americanos en situaciones similares.
¿Quizás la afirmación del ex viceconsejero de inmigración, Benito Codina, cuando dijo que “admitir esos Tratados supondría una política de puertas abiertas para la inmigración” es lo que lleva a que Extranjería siga negando su existencia?
No queremos presuponer las reacciones del gobierno de Zapatero. Sin aventurar decisiones no podemos menos que opinar que en la actualidad el Poder Judicial y los organismos oficiales de España no se ponen de acuerdo.
Graciela Vera, periodista independiente, en Almería, el sur del norte, a 10 de agosto de 2004.
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