¿PERDEMOS DERECHOS CONSOLIDADOS? - I -
Estábamos acostumbrados a que nos dijeran que teníamos derechos pero nadie hiciera nada por consolidarlos.
Durante los gobiernos de Julio María Sanguinetti el tema pasó casi desapercibido, luego en los gobiernos de Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, el asunto se reflotó pero no se apuntaló, por el contrario se aceptó negociar algo que ya es nuestro.
Podemos sí, decir que en la Administración Lacalle se dio otro paso hacia adelante con el Tratado de 1992 que ratifica el de 1870 dándole fuerza al primero y salvando algunos vacíos que éste había dejado.
La llegada de Tabaré Vázquez al 7º piso del edificio Libertad, nos pareció algo así como un gran plumero que sacudía el polvo de muchas carpetas y entre ellas le tocó el turno al legajo del Tratado Reconocimiento, Paz y Amistad acordado entre España y Uruguay en 1870.
Aplaudimos porque por primera vez no se hablaba de llegar a acuerdos sino de reivindicar derechos consolidados.
Más de 20 sentencias favorables de Tribunales Superiores de las Comunidades, una del Tribunal Supremo de España y una sentencia sin precedentes del Tribunal Supremo de Baleares*1 cuyo alcance aún se está dilucidando por las autoridades del Consulado uruguayo en las islas, a más del apoyo de organizaciones obreras españolas son legitimidades que no podemos tirar por la borda.
El Tratado de 1870 está vigente y el Gobierno español, después de negarlo reiteradamente no ha podido continuar engañándose a sí mismo y lo ha admitido.
Los Convenidos firmados por España con la Unión Europea no son tan intransigentes como pretende dar a entender la Administración; permiten que los países miembros respeten los Tratados firmados con terceros países con anterioridad a su admisión en la UE.
No podemos dejar que nos engatusen, ya crecimos y no pueden cambiarnos un caramelo por una caja de bombones.
Niegan nuestros derechos pero intentan hacer desistir de su permanencia en España a los uruguayos que están en la península incentivando su retorno a Uruguay. Ninguna asociación de uruguayos lo aceptó*2, pocos son los compatriotas que quieren retornar en este momento y con estas condiciones.
No nos dejan salir de los aeropuertos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 13 que ‘toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado’; los mismos que hoy hacen retornar a muchos uruguayos parecen ignorar este derecho internacional y, si además del derecho universal invocamos el también legítimo del Tratado de 1870, la situación no es más que una patochada de la que no nos han dado satisfactoria respuesta.
Otra aberración es el que ser uruguayo amparado por un Tratado Internacional y tener sangre española, legada por padres y abuelos no sea suficiente para entrar a este país por la puerta grande. Los nietos de españoles deberán convivir un año en España antes de que se les conceda el derecho a optar por la ciudadanía.
Y ahora, como si estas necedades no fueran suficientes, pretenden hacer un inventario como si quienes estamos en este país fuéramos mercancía, y nuestras autoridades se callan porque España propone analizar caso por caso la situación de los uruguayos ¿Por qué el silencio?
No puede haber caso por caso, permitirlo sería tanto como desandar lo ya andado.
Caso por caso ya se examinan normalmente todas las solicitudes realizadas por extranjeros de cualquier nacionalidad.
Podemos pensar que los uruguayos, como inmigrantes, que reconocemos con orgullo que lo somos, escapamos de la categorización de ‘mano de obra barata’.
Los uruguayos cuando emigramos lo hacemos con el propósito de elevarnos económica y socialmente. Pero lamentablemente no siempre lo conseguimos y esa esperanza no es la realidad*3 más común.
Reclamamos ser considerados tan uruguayos como españoles. Nacidos en un país; viviendo, trabajando y contribuyendo en otro y sin renunciar a los derechos y aceptando los deberes que nos corresponden en cada uno.
Así somos los inmigrantes uruguayos. Y exigimos a las autoridades uruguayas que defiendan nuestro derecho a dejar de ser un número conflictivo en una planilla de la Dirección de Migraciones española.
Queremos vivir y trabajar aquí, sin condicionamientos, libremente, con todos los prerrogativas constitucionales.
Después de una larga espera que agotó todos los plazos previstos, se reunió en la última semana de abril la Comisión de Alto Nivel para analizar la vigencia del Tratado.
¿Contentos?, sin duda el Gobierno del reino sí lo está pero los uruguayos, al menos los que vivimos aquí y palpamos la realidad diariamente no podemos sentirnos felices.
Resulta ser que en la reunión en la que participaron el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, Bernardino León y el secretario general de la cancillería uruguaya, José Luis Cancela, se estudió como salir del paso; ya lo hemos dicho, un recuento de uruguayos indocumentados en España y el estudio de cada caso por parte de la Administración española que se comprometió a tratar de facilitar la documentación al mayor número posible de inmigrantes uruguayos.
Algo inadmisible. Y este absurdo es lo que el representante de nuestro país consideró como ‘reunión muy positiva’.
Si hasta la información que se brindó del hecho parece ridícula.
La Comisión se formó para estudiar la vigencia del Tratado de 1870.
El representante español reconoce que está vigente. Después de años de lucha, se reconoce la vigencia y nuestro representante, en quién pusimos todas las esperanzas ¿buscó acaso como reforzar esta situación?
Seguimos aceptando medias verdades.
La validez del Tratado de 1870 parece haber sido un tema menor. Quizás porque a España no le interesa que se trate.
No queremos pensar que los inmigrantes uruguayos han sido nuevamente traicionados*4. ¿No sabe nuestra Cancillería que no queremos otro acuerdo?, que ya tenemos el que pretendemos revalidar.
Los uruguayos en España, sus asociaciones, los que estamos legalmente aquí y los que necesitan legalizar su situación rechazamos un acuerdo similar a los que España ha firmado con Chile y Perú.
Para residir en España los nacionales de estos dos países necesitan, después de realizado el nuevo acuerdo, probar un contrato laboral o conseguir una visa. Ambas cosas no resultan de fácil obtención y dificultan el otorgamiento de papeles de residencia.
El Tratado de 1870 nos exime de ello. Actualmente tenemos derecho a residir, ejercer libremente nuestros oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles.
La legislación nos ampara. Quizás antes de aceptar los espejitos de colores debamos ir a Tribunales Superiores. ¿Acaso más de doce mil uruguayos pasando penurias en España no merecen el mismo tratamiento que dos plantas de celulosa?
Por supuesto que no todo está perdido. Ante las muchas sentencias validando la vigencia del Tratado de 1870, la Administración española ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y la Administración asegura que va a respetar lo que éste decida.
Las sentencias judiciales han sido hasta ahora favorables a las expectativas uruguayas.
No tenemos porqué pensar que esta vez será diferente.
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*1 SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ISLAS BALEARES
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares sentenció reconociendo el derecho de los uruguayos a trabajar libremente en todo el territorio español en igualdad de condiciones que los nacionales.
De esta forma valida el Tratado de 1870 y crea un nuevo precedente en la cuestión.
El Tribunal ratificó una sentencia del 19 de septiembre del 2005 emitida por el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Palma.
Éste a su vez, estimó una demanda formulada por la letrada Dolores Puertas en nombre de una uruguaya a la que la delegación del Gobierno en Baleares le había reconocido únicamente el permiso para tareas de empleada de hogar.
La mujer pretendía obtener autorización de trabajo para cualquier tipo de actividad y documentos de residencia y la abogada Puertas alegó la existencia del Tratado de 1870 lo que la Delegación de Gobierno rechazó señalando que ese convenio había quedado superado por el firmado en 1992 y que los uruguayos no tenían privilegios en relación con otros extranjeros no comunitarios.
El Tribunal Superior al que recurrió la demandante entendió que el Tratado de 1870 está plenamente vigente y sus efectos deben ser automáticos a la hora de otorgar permisos de residencia y trabajo a inmigrantes uruguayos, cualquiera sea la profesión que presenten.
En relación al Tratado de 1992, los magistrados actuantes consideran que contiene artículos que certifican la plena vigencia de los tratados anteriores siempre que sus disposiciones no sean incompatibles con el nuevo acuerdo bilateral. El tratado del 92 también reconoce que los uruguayos estarán “en pie de igualdad” con los españoles a la hora de trabajar por cuenta ajena o desarrollar cualquier otro tipo de profesión.
El alcance de esta resolución puede resultar aún impredecible si nuestros gobernantes no cometen el error de apresurarse a negociar la derogación del Tratado de 1870.
Podría ayudar a cinco mil compatriotas tan sólo en las islas.
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*2 - El Gobierno español a través de su Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, propuso a autoridades uruguayas incentivar el retorno de los uruguayos a su país de origen, a través de líneas de microcréditos y capacitación.
Distintas organizaciones de uruguayos en España dieron su opinión contraria.
No son muchos los orientales que en este momento están dispuestos a retornar y esas líneas deberían de existir, estar abiertas a aquellos que libremente optan por hacerlo y no como una solución a un problema.
Gustavo Álvarez, secretario de la Casa de Uruguay en Madrid, dijo a un diario montevideano: ‘Nos tomó un poco de sorpresa. Vemos con buenos ojos la iniciativa cuando se trata de gente que piensa en regresar efectivamente. Pero esto tiene una doble lectura. Nos llama la atención, porque estaría destinado a personas afincadas en España. Es impensable, Caldera se cuidó muy bien en pronunciarlo, de que sea una salida para quienes estén en situación irregular. Si se quieren sacar de arriba al inmigrante estable, ¿qué queda para el otro?’.
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*3 - En el año 2005 fueron repatriados más de 50 uruguayos cuya situación en España era de extrema pobreza.
Seguramente este año las cifras podrán ser similares o superiores. Son personas que llegaron con un sueño, que se quedaron sin nada para iniciar el camino y que tropezaron con muchas trabas y ahora se encuentran en situación de vulnerabilidad social preocupante.
Al repatriarlos se les paga el pasaje y se les da una cifra simbólica que oscila entre los 200 y 400 euros; realmente muy poco valor es el que se le da a las esperanzas frustradas.
Muchos llegaron aquí engañados por la misma desesperación que provoca el querer tener un futuro. Creyeron que España era el paraíso y la realidad es otra.
Si hasta ahora ha sido complicado encontrar trabajo, desde el 2 de mayo en que los nacionales de los últimos países que entraron a la UE (los de la Europa del Este) tienen libre acceso al mercado laboral español, conseguir un lugar será mucho más difícil.
Hace unas semanas, Gustavo Álvarez de Casa Uruguay en Madrid realizó algunas puntualizaciones que permiten reafirmar que el edén no existe: ‘Los convenios colectivos aquí no se cumplen. Por ejemplo en la hostelería hay que trabajar cinco días y en jornadas de siete horas y veinte. Pero hay compatriotas que trabajan catorce horas, seis días por semana, para ganar 1200 euros. Eso apenas les da, pero tienen que alimentar a su familia’, coincidimos con esta realidad y, si no ocultamos que muchos uruguayos triunfan, somos conscientes de que por cada uno que lo hace hay decenas que fracasan.
‘Siempre recomiendo que se vayan de a uno y prueben, si no es un suicidio. Yo he visto gente que para tranquilizar a su familia en Uruguay se saca fotos frente a autos parados en la calle, y eso es muy triste porque en realidad la están pasando mal’, un consejo que da Álvarez y que no siempre se toma en cuenta ante lo otro, la mentira para que allá no sepan que se fracasó y que lamentablemente es una práctica más común de lo que puede pensarse.
No hay muchas formas de contrarrestar este desesperante problema pero tenemos una y es que el Tratado de 1870 cobre plena vigencia.
No será una panacea total pero ayudará a que los uruguayos puedan aspirar a mejores puestos de trabajo.
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*4 - Juan Sotelo, vocero del Centro Uruguayo en Madrid, daba a conocer días antes de la reunión de la Comisión de Alto Nivel establecida por las Cancillerías de Uruguay y España para dilucidar la vigencia del Tratado de 1870 la preocupación general por el desarrollo de las negociaciones y manifestaba: ‘El gobierno uruguayo ha tenido una postura muy firme en la defensa del tratado. No queremos un tratado devaluado. Esperamos que el gobierno envíe una delegación de alto nivel, porque los uruguayos del exterior no somos ciudadanos de segunda clase’. Fue categórico, quizás porque desde su puesto en la asociación llega a conocer muchas más historias de desesperación, al advertir: ‘De lo contrario diremos lo mismo que dijimos cuando Lacalle quiso negociar el tratado y cuando Batlle ni nos recibió: se ha estafado a los uruguayos’.
Y después de la reunión, la Asociación de Uruguayos en Cataluña consideró que se estaban aplicando más cortinas de humo y exigió la inmediata aplicación del Tratado.
Graciela Vera, periodista independiente, en Almería, en el sur del norte, a 11 mayo de 2006
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