SEÑOR MINISTRO

CARTA ABIERTA (otra) AL CANCILLER REINALDO GARGANO

Señor Ministro:

Nosotros habíamos confiado en usted.

Confiamos en lo que usted aseguraba hace tan solo un año, ante muchos uruguayos residentes en España.

¿Recuerda?; usted afirmó que defendería la vigencia del Tratado de Paz, Reconocimiento y Amistad de 1870. ¿Ya lo olvidó?

El 27 de mayo del 2005 yo escribía en Informe Uruguay http://www.uruguayinforme.com/news/27052005/27052005veraemigra.htm

 

El consulado en España insta a los uruguayos que reciban cedulones de expulsión a denunciarlos en el mismo para proceder a la interposición de recursos de amparo reclamando el cumplimiento del Tratado de 1870 entre España y Uruguay.El Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Reynaldo Gargano hizo constar en declaraciones hechas públicas que en ningún momento el gobierno de nuestro país ha renunciado a la vigencia del Tratado de 1870, entendiendo que está plenamente vigente y por lo tanto , debe cumplirse.

 

Con satisfacción decíamos que usted había sentado precedentes y nos hacíamos eco de sus palabras.

Por fin nuestro Gobierno había salido a proteger a los uruguayos que forman una inmensa colonia extrafronteras. 

 

Nuestro Canciller defendía los derechos de los inmigrantes uruguayos en España, que es defender los derechos de nuestro país.

 

Uruguay anunció que defenderá ante los tribunales de justicia hispanos a sus ciudadanos requeridos a abandonar el territorio español, en razón de la vigencia del Tratado de 1870.

 

Y lo creímos, señor Ministro; yo lo creí y por ello le di un apoyo total a su gestión.

 

Los uruguayos en España, sin distinción política lo creyeron; pero usted vuelve a sumir a nuestro país en un acatamiento imperialista del que nos considerábamos liberados desde el 25 de agosto de 1825.

 

Más de 70.000 uruguayos trabajan en España, de ellos se dice que unos 15.000 están en la ilegalidad. ¡¡¡¿Qué ilegalidad?!!!

 

En España no hay ningún uruguayo en forma ilegal, la ilegalidad la comete la Administración del Reino cuando se detiene a nuestros compatriotas sin permitirles ingresar a territorio español; es ilegal que se abran expedientes de expulsión a ciudadanos que no han cometido delitos y que tienen derechos consolidados por dos Tratados de jerarquía internacional plenamente vigentes: el de 1870 y el de 1992.

 

¿Se ha dado usted cuenta de lo que significa que el gobierno de España, que hasta hace pocas semanas se negaba a reconocer la vigencia del Tratado de 1870, haya manifestado en la primera reunión de la Comisión de Alto Nivel prevista en el Tratado General de Cooperación y Amistad de 1992, y que a instancias y por unanimidad del Congreso de Diputados de España se reunió para tratar la cuestión del régimen de entrada, trabajo y residencia de los ciudadanos uruguayos mediante la aplicación de los criterios más favorables, que reconoce la vigencia del mismo?

 

Para los uruguayos no hay lugar a ninguna duda. Los criterios más favorables se enmarcan en el Tratado de 1870.

Desde el Gobierno español ya no se insiste en que el Tratado de 1992 rectificó el de 1870 dejándolo fuera de vigencia.

Era, es una tesis que no tiene asidero legal.

 

Son muchas sentencias de Tribunales Superiores de distintas Comunidades Autónomas y es el mismísimo Tribunal Supremo quienes legitimizan en sus veredictos, la validez del Tratado de 1870.

 

Al hacerlo, señor Ministro, están destruyendo la otra interpretación a la que el Gobierno de España se aferra, como lo haría un desesperado a un clavo ardiente: la imposibilidad de cumplir con el Tratado firmado con Uruguay alegando el haber rubricado posteriormente los Tratados de ingreso a la Unión Europea.

 

¿Acaso la Administración española considera que sus Jueces son legos en la materia?

 

¡Allá ellos! Nosotros nos atenemos al tema de interés y tampoco encontramos de recibo esta justificación.

 

España no tiene argumentos y ese, señor ministro Reynaldo Gargano, es nuestro fundamento para no aceptar las condiciones que el Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, representante de nuestro país en la Comisión Binacional de Alto Nivel, incomprensiblemente, sí que aceptó.

 

Su enviado dijo que había hallado mucha voluntad y buena disposición y amplitud de miras por parte de la representación española, en lo que consideró, fue una reunión muy positiva.

 

¿Acaso usted va a validar que el Sr. Cancela nos trate a los inmigrantes en España y a todos los uruguayos de tontos?

Yo no lo permito y le exijo una explicación sobre este asunto.

 

Soy una ciudadana uruguaya, nacida en esa tierra hermosa que hoy sufre pero que mañana, queremos creer que se erguirá como lo que es, tierra de promisión.

 

Esa tierra maravillosa tiene leyes que me permiten requerir a usted que se conciencie y, uniéndome al pedido de muchos compatriotas representados en más de medio centenar de asociaciones y casas de Uruguay, recordarle que no hay nada que negociar y mucho por exigir.

 

Usted está obligado a dar el ejemplo del Uruguay que queremos mostrar al mundo. Del Uruguay que queremos ser, soberano y respetuoso de los acuerdos y tratados internacionales, favorezcan a la nación que favorezcan en el momento en que deban aplicarse.

 

Usted está comprometido, por el cargo que ejerce, a no ceder ante presiones, chantajes, coacciones o arbitrariedades.

 

Recuerde que la investidura que ostenta no es suya; se la dieron los uruguayos, los mismos que ahora le reclaman que actúe pensando en ellos.

 

No queremos más uruguayos desterrados, pero tampoco queremos el beneficio de unos pocos, exigimos el derecho de todos; de los que ahora están aquí, en España y de los que mañana quieran venir.

 

No quiero pensar que usted no haya sido sorprendido, como lo fuimos todos nosotros, al escuchar el comentario del representante uruguayo en la comisión binacional formada para analizar, precisamente la vigencia del Tratado de 1870.

 

Señor Ministro ¿aceptará usted las responsabilidades del acuerdo por el que los uruguayos que España considera ilegales y que por derecho no lo son, dejen sus datos para que el la Administración los vuelva a estudiar ‘caso por caso’.

 

¿Sabe usted Señor Gargano, como actúa la Dirección de Extranjería española? Cuando se solicitan los permisos de residencia y trabajo, los expedientes se estudian ‘caso por caso’.

 

Estos uruguayos, que ahora nuestro gobierno pretende que se dejen inventariar, ya pasaron por ese trámite y en muchos casos les fue denegada la autorización pero ¡Señor Ministro!, usted no puede ignorar que brindar datos de domicilio es poner en conocimiento de la Guardia Civil un lugar donde entregar un cedulón de expulsión.

 

¿Sabe usted que ellos no tienen permiso de las autoridades para trabajar? ¿Realmente considera que estos compatriotas van a poner en peligro su fuente de ingreso en aras de un mal acuerdo político?

 

Queremos creer que el Sr. Cancela vino a negociar un acuerdo político. No nos sirve ni lo aceptamos.

 

Ahora exigimos que se venga a reivindicar la vigencia del Tratado de 1870 para todos los uruguayos y para ello, queremos volver a creer que usted está a la altura de lo que la Nación le reclama.

Graciela Vera

Desde Almería, el sur del norte, a mayo 18 de 2006

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URGENTE

COMUNICADO DE PRENSA

Ante la difusión por parte de los Consulados de Uruguay en España de un formulario para los compatriotas en situación irregular.

Considerando la información trasladada por el Secretario General del MRREE, Sr. José Luis Cancela sobre la reunión de la Comisión de Alto Nivel entre las representaciones diplomáticas de Uruguay y España, los resultados de la misma y las acciones posteriores de ambas Administraciones, el Secretariado Ejecutivo de la AUC en su reunión ordinaria de fecha 16 de mayo de 2006 declara:

- Hasta el momento no existen avances que se correspondan con la resolución adoptada por UNINIMIDAD en el Congreso de los Diputados, en la búsqueda de la aplicación de las condiciones mas favorables a los ciudadanos uruguayos.

- La Administración española continúa desconociendo mas de 100 Sentencias, incluidas en ellas las de 5 Comunidades Autónomas y 1 de Tribunal Supremo.

- En los últimos 2 meses se han incrementado las devoluciones en frontera y la iniciación de expedientes de Expulsión en todo el territorio, desconociendo el compromiso asumido.

- Que en Uruguay se ha trasladado la información de dicha reunión como si se fuera a realizar una regularización, no teniendo en cuenta la desesperación que tienen mas de 12.000 compatriotas residentes en España y sus familias, extremo este que se encuentra en las antípodas de la voluntad de resolver la situación de las Autoridades españolas.

- De la circular enviada por las Autoridades uruguayas en España se desprende que dichos datos serán entregados a las Autoridades españolas, para que ellas estudien caso por caso situaciones que ya han manifestado no atenderán.

- Que el formulario remitido por los Consulados a orden de la Embajada de Uruguay en España compromete seriamente la integridad y seguridad de los ciudadanos a quien se pretende atender, a la vez que pone en peligro sus fuentes de trabajo.

- Si las Autoridades españolas están dispuestas fehacientemente a rever los expedientes denegados en el Proceso de Normalización no necesitan ningún dato, ya que cuentan con dichos expedientes, por tanto entendemos deben revisarlos y otorgar los permisos correspondientes.

- Que es necesaria mayor rigurosidad en la información que se trasladan a la población y no seguir el juego disuasorio de las Autoridades españolas que por lo visto no tienen interés en dar cumplimiento a la resolución del Congreso, mucho menos de respetar el Tratado de 1870.

Por lo antes expuesto resolvemos:

1. Hacer llamado público para que no se llene el formulario que los Consulados están difundiendo.

1. Elaborar en 2 días un formulario propio que no ponga en riesgo a los compatriotas en situación irregular, a los efectos de brindar datos generales a las Autoridades uruguayas para las negociaciones que deben emprender, con un pie que establezca la negativa a trasladar sus datos a las autoridades españolas a no ser que el/la involucrado/a lo autorice expresamente, colgarlo en nuestra Web para que se pueda descargar.

1. Profundizar la recolección de firmas en apoyo al Tratado de 1870.

1. Realizar una concentración en el mes de junio frente a la Delegación del Gobierno en Catalunya.

1. Trasladar una propuesta de acción a la FAYCUE.

1. Solicitar al Congreso de los Diputados el seguimiento de las acciones que desarrolla en relación al tema la Administración española.

1. Reclamar el cese de expedientes de expulsión que lesionan gravemente las relaciones entre pueblos, a la vez que desconoce el Tratado de 1870.

1. Elaborar en 4 días una Declaración Pública sobre los procedimientos que a partir de la reunión de la Comisión de Ato Nivel se han suscitado.

1. Estudiar la presentación de decenas de expedientes sobre la base del Tratado de 1870.

Secretariado Ejecutivo AUC

Barcelona, 16 de mayo de 2006.

Rómulo Correa Tatiana Marrero Víctor Ferreira

Presidente Secretaria Secretario de Difusión y Propaganda

AUC-Asociación de Uruguayos en Catalunya

Olzinelles 30 - CP. O8014 - Plaza Sants - Barcelona

Teléfono: 677 160 680

E-mail: [e-mail]

Web: www.uruguayosencatalunya.com

¿PERDEMOS DERECHOS CONSOLIDADOS? -II-

ENTREVISTAS A LOS DIPUTADOS JAIME TROBO(P.Nacional) Y ENRIQUE PINTADO (F.Amplio)

Dicen que en Uruguay hay dos millones de entrenadores de fútbol y otro tanto de expertos en política.

La cifra sería alta en cualquier país, pero si tenemos en cuenta que en el nuestro no viven más de tres y algo de millones de uruguayos, el guarismo adquiere dimensiones astronómicas.

Y para algo ha de servir la soltura conque diseñamos la jugada perfecta o el orgullo conque proclamamos nuestra democracia.

Precisamente en política parece ser en el área donde más uruguayos dicen: yo no me incluyo, pero donde más opiniones se dan.

Entender la política puede ser una tarea complicada y si en ésta se intercala la política internacional, quizás y aunque no queramos reconocerlo, necesitemos traductores.

El desarrollo de los encuentros que han comenzado a tener los representantes de Uruguay y España que integran la Comisión de Alto Nivel para analizar la validez del Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad de 1870 suscita muchos comentario y más dudas.

Quienes estamos fuera del país podemos querer imprimirle a las resoluciones, un ritmo y unas condicionantes que no estén de acuerdo con las realidades de la trama negociadora.

En la nota anterior fuimos críticos y exigentes.

Seguimos queriendo respuestas y exigiendo firmeza.

Necesitamos conocer cuál es la realidad manejada por el Gobierno de Tabaré Vázquez.

Por eso queremos tener la opinión de los distintos sectores políticos uruguayos y españoles sobre este tema que para los inmigrantes orientales resulta de suma importancia.

En este primer contacto a pocos días de efectuada la primera reunión de la Comisión reclamamos la opinión de dos parlamentarios que vienen trabajando por este asunto.

Jaime Mario Trobo, Diputado Herrerista y Enrique Pintado, Diputado del Frente Amplio.

La entrevista fue realizada un día antes de que el secretario general de la cancillería uruguaya, José Luis Cancela, fuera recibido por el Parlamento Nacional para informar sobre la gestión que se viene realizando a nivel de la comisión binacional.

LAS ENTREVISTAS

ENTREVISTA AL DIPUTADO DEL PARTIDO NACIONAL, JAIME TROBO

Fue uno de los motores que pusieron en marcha el interés de los Parlamentarios españoles en este asunto.

-Diputado Jaime Trobo, después de varios meses de espera, se reunió la Comisión de Alto Nivel formada por representantes de las Cancillerías de nuestro país y España para dilucidar la vigencia del Tratado de 1870. A pesar de la escasa información sobre lo hablado, lo poco que ha llegado a los ciudadanos uruguayos en España no nos hace felices. Podemos estar equivocados en nuestras apreciaciones, por ello nos gustaría que usted, pueda aclararnos la situación. Queremos saber si al comprometerse nuestro gobierno a hacer un ‘inventario’ de los uruguayos que residen sin documentación reglamentaria en España y a analizar posteriormente una forma de regularización ¿no está cediendo derechos consolidados?

Trobo: Creo que lo primero que nos debe alegrar es que la Comisión se haya reunido, en definitiva es el primer “gran paso” que se ha dado en años en este tema, a pesar que algunos a quienes domina el escepticismo y la visión maniquea de la realidad no creyeron en esta idea. Creo que es muy importante acreditar el apoyo de los parlamentarios españoles y el esfuerzo que hicimos desde aquí.No conozco cual es el alcance del compromiso realizado por Uruguay en el sentido de inventariar a nuestros compatriotas. Si el solo hecho de integrar una lista que organicen nuestras autoridades da garantías para un tratamiento adecuado a nuestros reclamos, me parece una buena medida, si no es así sería muy bueno que se explicitara que fin lleva.

2- El estudio ‘caso por caso’ que haría la administración española no da garantías al día de hoy ni soluciones a futuros inmigrantes. Quisiéramos saber para Informe Uruguay, su opinión a este respecto.

Trobo: Creo que el gran objetivo es la resolución final del problema y para ello no podemos dejar de trabajar. La decisión del Tribunal Supremo es muy importante, el apoyo de los Partidos españoles es muy importante; Uruguay debe desarrollar una estrategia de País en este tema, si nos contentamos con una entrevista y “ vamos a ver que pasa” vamos a fracasar. Nosotros hemos ofrecido invariablemente nuestra colaboración, antes, ahora y para el futuro, el tema es muy importante. Esta en manos del Gobierno de Uruguay, de la Cancillería aceptar nuestra colaboración, ya demostramos su eficacia.

3- ¿Ha seguido usted en contacto con representantes del Partido Popular u otras fuerzas políticas españolas por este tema?

Trobo: Naturalmente, la cuestión no se puede limitar a pedir apoyo y cuando nos lo dieron “ …si te he visto no me acuerdo…” como mucha gente hace. Hay que seguir, con persistencia, hemos mantenido contacto permanente, mandando correos electrónicos, hablando telefónicamente, etc. Hemos propiciado en la Cámara de Representantes de Uruguay la aprobación de una Resolución oficial reconociendo “la solidaridad y el apoyo expresado por el Congreso de los Diputados el 21 de Diciembre pasado”. Ahora tambien le digo hay quienes aquí en Uruguay no entienden que este es un tema de “todos” y ponen el palo en la rueda porque el tema no lo han podido resolver ellos solos.

4- Hasta el momento el Gobierno español había dicho que no reconocía la vigencia de dicho Tratado pero ahora resulta que lo reconoce y pasa a aducir que lo que no puede es pasar sobre tratados firmados posteriormente. ¿cree usted que esta vuelta de tuerca juega a favor o en contra de los intereses uruguayos?

Trobo: Si esa versión se ajusta a las afirmaciones del Gobierno de España sin duda son una actitud muy positiva, aunque parezca sutil debe leerse como un avance que lo habilita a admitir una excepción en caso que el Tribunal Supremo reconozca la posición de Uruguay como la única válida.

5- ¿El Herrerismo, al tomar esta bandera tuvo en cuenta los acuerdos firmados por España con la Unión Europea?

Trobo: El Partido Nacional y el Herrerismo ha tomado esta bandera porque es auténticamente nacional, es el reclamo de la vigencia del Derecho y el respeto por los acuerdos firmados sea cuando sea. Creemos que la garantía del respeto a nuestra integridad como patria oriental está en aferrarnos al derecho, defendernos celosamente y reclamarlo sea cuando sea. La mejor defensa a nuestros compatriotas es lograr que les alcance la justicia de la aplicación del derecho y en ello estamos empeñados no como nacionalistas sino como orientales.

6- En la reunión, supuestamente se consideró que 5 tribunales superiores de distintas comunidades españolas habían fallado determinando la vigencia al Tratado de 1870 (en realidad son más de veinte sentencias y una del Tribunal Supremo), y el Gobierno español dice haber interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo cuyo fallo acataría ‘sea cual sea el resultado’.

Trobo: No conozco el texto del recurso, pero me consta que el Gobierno de España ha puesto toda su estrategia en manos de la decisión del Tribunal Supremo, podemos considerarlo un avance, porque yo creo que no pueden haber dos opiniones respecto de la vigencia del Tratado de 1870. Creo que la interpretación en el sentido que hay normas posteriormente aprobadas que impiden la aplicación del Tratado no es consistente, veo que esta siendo abandonada, y ello abre otras perspectivas. Ahora bien, no podemos dejar de trabajar hasta el final.

7) ¿Conoce usted ese recurso y cuando fue el mismo interpuesto?

Trobo: No cuento con esa información, pero desde el mes de febrero nuestros amigos parlamentarios españoles nos informaron que esto ocurría, al respecto y como corresponde informamos a las autoridades de Uruguay.

8) Si se llegara a un acuerdo en la forma de regularizar a los uruguayos que actualmente residen sin documentación en España, ¿cree usted que podría invalidar de alguna forma la vigencia del Tratado?

Trobo: Si las Autoridades españolas entienden que nuestros compatriotas deben tener un tratamiento especial mientras no se sientan obligadas a cumplir sin mas tramite el Tratado como corresponde, es bueno que lo hagan, no debemos despreciarlo . Sin perjuicio esto no puede ser un obstáculo para el objetivo final. Uruguay no puede cambiar una cosa por otra, de ningún modo se justifica.

6- En vista a estos acontecimientos ¿que mensaje enviaría usted a los uruguayos en España?

Trobo: Es muy difícil enviar mensajes o recomendar acciones desde aquí a quien siente temores, zozobras, está lejos de su tierra y muchas veces manejando muy poca información. Tambien a veces uno se encuentra que hay compatriotas con un gran descreimiento, pero me parece que lo mejor es trabajar duro para que esto se resuelva rápido. A quienes no tienen contacto con los grupos o asociaciones de compatriotas en España, que tomen contacto ya, urgente, que ayuden a desarrollar acciones de sensibilización, en fin de presión. Creo que es muy bueno el esfuerzo solidario que desarrollan nuestros compatriotas trabajando por sus derechos y los de los demás y hay que ayudarles .Creo que desde aquí debemos continuar sin pausa y sin distraernos haciendo sensibilización política con los Partidos y Parlamentarios españoles, debemos trabajar mas duro. No podemos aflojar hasta el final.Me gustaría que en algún ámbito se elaborara una estrategia a ser desarrollada en distintos planos, la cancillería, el parlamento, los partidos políticos, las asociaciones de uruguayos allí, en fin todos deberíamos tener además del mismo objetivo, la misma estrategia.Creo que todos quienes estamos frente al tema y lo hemos encarado como desafío vivimos circunstancias distintas, en lugares diferentes, a veces es difícil comprender a todos en un “mensaje”, por ello la mejor señal es trabajar duro, es la demostración ética de que uno quiere algo que los demás comparten.

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- JAIME TROBO. Representante Nacional por el Lema Partido Nacional por el departamento de Montevideo, nacido en Canelones el 5 de octubre de 1956.
Está casado con Ana María Bidegain, y tiene tres hijas.
Estudios; Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Actividad Parlamentaria:Electo Representante Nacional por el Partido Nacional, en las elecciones nacionales de 1989 (período 1990-1995), y reelecto en las elecciones nacionales de 1994 (período 1995-2000) y de 1999 (período 2000-2005), es electo Presidente de la Cámara de Representantes para el período 1998-1999.Participa actualmente de las siguiente Comisiones:Comisiones Permanentes:
* Asuntos Internacionales (Miembro)
* Asuntos Internos (Delegado)
* Presupuestos (Delegado)
* Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas (Delegado)
Comisiones Especiales
* Especial para el Deporte (Miembro)

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ENTREVISTA AL DIPUTADO DEL FRENTE AMPLIO, ENRIQUE PINTADO

Junto con el diputado Trobo (P.N.) y el Dr. Sanguinetti (P.C:) el representante del Frenta Amplio, diputado Enrique Pintado ha reclamado incansablemente la validez del Tratado de Paz y Amistad firmado en junio de 1870 entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay.

Su trabajo de concienciación llegó al mismísimo Congreso de España.

1)-Diputado Enrique Pintado, usted trabajó desde hace ya varios meses para llegar a las negociaciones que actualmente están llevando adelante las cancillerías de Uruguay y España en relación al Tratado de 1870.Después de reunirse la Comisión de Alto Nivel ¿ha tenido usted algún contacto con las autoridades del Ministerio por este tema?

Pintado: Si, con uno de los negociadores por la parte uruguaya, el Sr. José Luis Cancela

2) ¿Considera oportuno que las negociaciones sean secretas o se informe de las mismas al Parlamento?

Pintado: No son secretas y el parlamento tendrá el miércoles 10 de mayo una reunión con el negociador uruguayo, la misma será en el seno de la Comisión de Asuntos Internacionales que presido.

3) A pesar de que la información sobre lo tratado en esa reunión ha sido muy escasa, lo poco que ha llegado a los ciudadanos uruguayos en España no nos hace felices. Podemos estar equivocados en nuestras apreciaciones, por ello nos gustaría que usted, pueda aclararnos el panorama. Queremos saber si al comprometerse nuestro gobierno a hacer un ‘inventario’ de los uruguayos que residen sin documentación reglamentaria en España y a analizar posteriormente una forma de regularización ¿no está cediendo derechos consolidados?

Pintado: Para todas las preguntas optaré por el mismo criterio desde una óptica personal, más allá de seguir reivindicando el tratado lo importante es que los uruguayos obtengan los derechos establecidos en el mismo aunque el nombre sea otro. Dado que no solo Uruguay es el país que reclama condiciones para sus nacionales y nosotros debemos pensar en nuestros compatriotas.

4) El estudio ‘caso por caso’ que haría la administración española no da garantías al día de hoy ni soluciones a futuros inmigrantes. Quisiéramos saber para Informe Uruguay, su opinión a este respecto.

Pintado: Debemos considerar dos capítulos diferentes uno para los que actualmente residen y otro para los que emigren.

5) ¿Ha seguido usted en contacto con representantes de fuerzas políticas españolas por este tema?

Pintado: Con el PP está en contacto el diputado Trobo con el BNG estoy yo, aunque retomaremos el contacto luego de la reunión que ha tenido Cancela con los representantes de todos los partidos.

6) Hasta ahora el gobierno español había dicho que no reconocía la vigencia de dicho Tratado pero ahora resulta que lo reconoce y pasa a aducir que lo que no puede es pasar sobre tratados firmados posteriormente. ¿cree usted que esta vuelta de tuerca juega a favor o en contra de los intereses uruguayos?

Pintado: Tendríamos que hacerla jugar a nuestro favor y creo que en eso estamos.

7) En la reunión que mantuvo la Comisión de Alto Nivel supuestamente se consideró que 5 tribunales superiores de distintas comunidades españolas habían fallado determinando la vigencia al Tratado de 1870 (en realidad son más de veinte sentencias y una del Tribunal Supremo) y el Gobierno español dice haber interpuesto un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo cuyo fallo acataría ‘sea cual sea el resultado.¿Conoce usted ese recurso y cuando fue el mismo interpuesto?

Pintado: Estoy al tanto del recurso pero no conozco el texto, si se que acatarían el fallo del Supremo, lo que representa un cambio porque antes no se recurría para evitar que el Tribunal Supremo laudara.

8) Si se llegara a un acuerdo en la forma de regularizar a los uruguayos que actualmente residen sin documentación en España, ¿cree usted que podría invalidar de alguna forma la vigencia del Tratado?

Pintado: No porque lo seguiríamos reivindicando

9) En vista a estos acontecimientos ¿que mensaje enviaría usted a los uruguayos en España?

Pintado: Que sigan unidos y movilizados además de pendientes, con confianza de que quienes estamos en el país no solo queremos el mejor resultado sino que estamos trabajando para que nadie se tenga que ir del Uruguay.

10) ¿Quiere usted agregar algo más?

Pintado: Además de mandarles un abrazo decirles que más que los nombres que tengan las cosas lo importante son los contenidos; a esos hay que prestarles atención.No alcanza con tener la razón (si no ¿porque este lío con la Argentina?), por lo tanto debemos ser concientes de nuestro peso en el concierto internacional, no para resignarnos sino para actuar con mucha inteligencia ya que actuar por la fuerza no es el camino, por dos razones; porque no estamos de acuerdo en imponer nuestra razón por la fuerza y porque no tenemos poderío para hacerlo.

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ENRIQUE PINTADO, Representante Nacional por el Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría por el departamento de Montevideo. Es Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Presidente de la Comisión de Deportes, Vicepresidente por Uruguay en la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, Prosecretario de Asamblea Uruguay y ex dirigente sindical de la salud habiendo sido Srio. Gral. Adjunto de la FUS, Pte. de AFCASMU y miembro del secretariado del PIT CNT desde 1980 (clandestinidad) hasta 1994, año que ingresó al Parlamento.Estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR en la carrera de Ciencia Política que circunstancialmente ha abandonado.Hincha de Peñarol y simpatizante del Fénix , seguidor de la murga Diablos Verdes y de Kanela en lubolos.Diputado por Asamblea Uruguay, Frente Amplio desde 1995 y actualmente suplente de Senador.

Graciela Vera, periodista independiente,

Almería, en el sur del norte, a 9 de mayo de 2006

¿PERDEMOS DERECHOS CONSOLIDADOS? - I -

Estábamos acostumbrados a que nos dijeran que teníamos derechos pero nadie hiciera nada por consolidarlos.

Durante los gobiernos de Julio María Sanguinetti el tema pasó casi desapercibido, luego en los gobiernos de Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, el asunto se reflotó pero no se apuntaló, por el contrario se aceptó negociar algo que ya es nuestro.

Podemos sí, decir que en la Administración Lacalle se dio otro paso hacia adelante con el Tratado de 1992 que ratifica el de 1870 dándole fuerza al primero y salvando algunos vacíos que éste había dejado.

La llegada de Tabaré Vázquez al 7º piso del edificio Libertad, nos pareció algo así como un gran plumero que sacudía el polvo de muchas carpetas y entre ellas le tocó el turno al legajo del Tratado Reconocimiento, Paz y Amistad acordado entre España y Uruguay en 1870.

Aplaudimos porque por primera vez no se hablaba de llegar a acuerdos sino de reivindicar derechos consolidados.

Más de 20 sentencias favorables de Tribunales Superiores de las Comunidades, una del Tribunal Supremo de España y una sentencia sin precedentes del Tribunal Supremo de Baleares^*1 cuyo alcance aún se está dilucidando por las autoridades del Consulado uruguayo en las islas, a más del apoyo de organizaciones obreras españolas son legitimidades que no podemos tirar por la borda.

El Tratado de 1870 está vigente y el Gobierno español, después de negarlo reiteradamente no ha podido continuar engañándose a sí mismo y lo ha admitido.

Los Convenidos firmados por España con la Unión Europea no son tan intransigentes como pretende dar a entender la Administración; permiten que los países miembros respeten los Tratados firmados con terceros países con anterioridad a su admisión en la UE.

No podemos dejar que nos engatusen, ya crecimos y no pueden cambiarnos un caramelo por una caja de bombones.

Niegan nuestros derechos pero intentan hacer desistir de su permanencia en España a los uruguayos que están en la península incentivando su retorno a Uruguay. Ninguna asociación de uruguayos lo aceptó^*2, pocos son los compatriotas que quieren retornar en este momento y con estas condiciones.

No nos dejan salir de los aeropuertos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 13 que ‘toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado’; los mismos que hoy hacen retornar a muchos uruguayos parecen ignorar este derecho internacional y, si además del derecho universal invocamos el también legítimo del Tratado de 1870, la situación no es más que una patochada de la que no nos han dado satisfactoria respuesta.

Otra aberración es el que ser uruguayo amparado por un Tratado Internacional y tener sangre española, legada por padres y abuelos no sea suficiente para entrar a este país por la puerta grande. Los nietos de españoles deberán convivir un año en España antes de que se les conceda el derecho a optar por la ciudadanía.

Y ahora, como si estas necedades no fueran suficientes, pretenden hacer un inventario como si quienes estamos en este país fuéramos mercancía, y nuestras autoridades se callan porque España propone analizar caso por caso la situación de los uruguayos ¿Por qué el silencio?

No puede haber caso por caso, permitirlo sería tanto como desandar lo ya andado.

Caso por caso ya se examinan normalmente todas las solicitudes realizadas por extranjeros de cualquier nacionalidad.

Podemos pensar que los uruguayos, como inmigrantes, que reconocemos con orgullo que lo somos, escapamos de la categorización de ‘mano de obra barata’.

Los uruguayos cuando emigramos lo hacemos con el propósito de elevarnos económica y socialmente. Pero lamentablemente no siempre lo conseguimos y esa esperanza no es la realidad^*3 más común.

Reclamamos ser considerados tan uruguayos como españoles. Nacidos en un país; viviendo, trabajando y contribuyendo en otro y sin renunciar a los derechos y aceptando los deberes que nos corresponden en cada uno.

Así somos los inmigrantes uruguayos. Y exigimos a las autoridades uruguayas que defiendan nuestro derecho a dejar de ser un número conflictivo en una planilla de la Dirección de Migraciones española.

Queremos vivir y trabajar aquí, sin condicionamientos, libremente, con todos los prerrogativas constitucionales.

Después de una larga espera que agotó todos los plazos previstos, se reunió en la última semana de abril la Comisión de Alto Nivel para analizar la vigencia del Tratado.

¿Contentos?, sin duda el Gobierno del reino sí lo está pero los uruguayos, al menos los que vivimos aquí y palpamos la realidad diariamente no podemos sentirnos felices.

Resulta ser que en la reunión en la que participaron el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, Bernardino León y el secretario general de la cancillería uruguaya, José Luis Cancela, se estudió como salir del paso; ya lo hemos dicho, un recuento de uruguayos indocumentados en España y el estudio de cada caso por parte de la Administración española que se comprometió a tratar de facilitar la documentación al mayor número posible de inmigrantes uruguayos.

Algo inadmisible. Y este absurdo es lo que el representante de nuestro país consideró como ‘reunión muy positiva’.

Si hasta la información que se brindó del hecho parece ridícula.

La Comisión se formó para estudiar la vigencia del Tratado de 1870.

El representante español reconoce que está vigente. Después de años de lucha, se reconoce la vigencia y nuestro representante, en quién pusimos todas las esperanzas ¿buscó acaso como reforzar esta situación?

Seguimos aceptando medias verdades.

La validez del Tratado de 1870 parece haber sido un tema menor. Quizás porque a España no le interesa que se trate.

No queremos pensar que los inmigrantes uruguayos han sido nuevamente traicionados*4. ¿No sabe nuestra Cancillería que no queremos otro acuerdo?, que ya tenemos el que pretendemos revalidar.

Los uruguayos en España, sus asociaciones, los que estamos legalmente aquí y los que necesitan legalizar su situación rechazamos un acuerdo similar a los que España ha firmado con Chile y Perú.

Para residir en España los nacionales de estos dos países necesitan, después de realizado el nuevo acuerdo, probar un contrato laboral o conseguir una visa. Ambas cosas no resultan de fácil obtención y dificultan el otorgamiento de papeles de residencia.

El Tratado de 1870 nos exime de ello. Actualmente tenemos derecho a residir, ejercer libremente nuestros oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles.

La legislación nos ampara. Quizás antes de aceptar los espejitos de colores debamos ir a Tribunales Superiores. ¿Acaso más de doce mil uruguayos pasando penurias en España no merecen el mismo tratamiento que dos plantas de celulosa?

Por supuesto que no todo está perdido. Ante las muchas sentencias validando la vigencia del Tratado de 1870, la Administración española ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y la Administración asegura que va a respetar lo que éste decida.

Las sentencias judiciales han sido hasta ahora favorables a las expectativas uruguayas.

No tenemos porqué pensar que esta vez será diferente.

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^*1 SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ISLAS BALEARES

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares sentenció reconociendo el derecho de los uruguayos a trabajar libremente en todo el territorio español en igualdad de condiciones que los nacionales.

De esta forma valida el Tratado de 1870 y crea un nuevo precedente en la cuestión.

El Tribunal ratificó una sentencia del 19 de septiembre del 2005 emitida por el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Palma.

Éste a su vez, estimó una demanda formulada por la letrada Dolores Puertas en nombre de una uruguaya a la que la delegación del Gobierno en Baleares le había reconocido únicamente el permiso para tareas de empleada de hogar.

La mujer pretendía obtener autorización de trabajo para cualquier tipo de actividad y documentos de residencia y la abogada Puertas alegó la existencia del Tratado de 1870 lo que la Delegación de Gobierno rechazó señalando que ese convenio había quedado superado por el firmado en 1992 y que los uruguayos no tenían privilegios en relación con otros extranjeros no comunitarios.

El Tribunal Superior al que recurrió la demandante entendió que el Tratado de 1870 está plenamente vigente y sus efectos deben ser automáticos a la hora de otorgar permisos de residencia y trabajo a inmigrantes uruguayos, cualquiera sea la profesión que presenten.

En relación al Tratado de 1992, los magistrados actuantes consideran que contiene artículos que certifican la plena vigencia de los tratados anteriores siempre que sus disposiciones no sean incompatibles con el nuevo acuerdo bilateral. El tratado del 92 también reconoce que los uruguayos estarán “en pie de igualdad” con los españoles a la hora de trabajar por cuenta ajena o desarrollar cualquier otro tipo de profesión.

El alcance de esta resolución puede resultar aún impredecible si nuestros gobernantes no cometen el error de apresurarse a negociar la derogación del Tratado de 1870.

Podría ayudar a cinco mil compatriotas tan sólo en las islas.

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^*2 - El Gobierno español a través de su Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, propuso a autoridades uruguayas incentivar el retorno de los uruguayos a su país de origen, a través de líneas de microcréditos y capacitación.

Distintas organizaciones de uruguayos en España dieron su opinión contraria.

No son muchos los orientales que en este momento están dispuestos a retornar y esas líneas deberían de existir, estar abiertas a aquellos que libremente optan por hacerlo y no como una solución a un problema.

Gustavo Álvarez, secretario de la Casa de Uruguay en Madrid, dijo a un diario montevideano: ‘Nos tomó un poco de sorpresa. Vemos con buenos ojos la iniciativa cuando se trata de gente que piensa en regresar efectivamente. Pero esto tiene una doble lectura. Nos llama la atención, porque estaría destinado a personas afincadas en España. Es impensable, Caldera se cuidó muy bien en pronunciarlo, de que sea una salida para quienes estén en situación irregular. Si se quieren sacar de arriba al inmigrante estable, ¿qué queda para el otro?’.

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^*3 - En el año 2005 fueron repatriados más de 50 uruguayos cuya situación en España era de extrema pobreza.

Seguramente este año las cifras podrán ser similares o superiores. Son personas que llegaron con un sueño, que se quedaron sin nada para iniciar el camino y que tropezaron con muchas trabas y ahora se encuentran en situación de vulnerabilidad social preocupante.

Al repatriarlos se les paga el pasaje y se les da una cifra simbólica que oscila entre los 200 y 400 euros; realmente muy poco valor es el que se le da a las esperanzas frustradas.

Muchos llegaron aquí engañados por la misma desesperación que provoca el querer tener un futuro. Creyeron que España era el paraíso y la realidad es otra.

Si hasta ahora ha sido complicado encontrar trabajo, desde el 2 de mayo en que los nacionales de los últimos países que entraron a la UE (los de la Europa del Este) tienen libre acceso al mercado laboral español, conseguir un lugar será mucho más difícil.

Hace unas semanas, Gustavo Álvarez de Casa Uruguay en Madrid realizó algunas puntualizaciones que permiten reafirmar que el edén no existe: ‘Los convenios colectivos aquí no se cumplen. Por ejemplo en la hostelería hay que trabajar cinco días y en jornadas de siete horas y veinte. Pero hay compatriotas que trabajan catorce horas, seis días por semana, para ganar 1200 euros. Eso apenas les da, pero tienen que alimentar a su familia’, coincidimos con esta realidad y, si no ocultamos que muchos uruguayos triunfan, somos conscientes de que por cada uno que lo hace hay decenas que fracasan.

‘Siempre recomiendo que se vayan de a uno y prueben, si no es un suicidio. Yo he visto gente que para tranquilizar a su familia en Uruguay se saca fotos frente a autos parados en la calle, y eso es muy triste porque en realidad la están pasando mal’, un consejo que da Álvarez y que no siempre se toma en cuenta ante lo otro, la mentira para que allá no sepan que se fracasó y que lamentablemente es una práctica más común de lo que puede pensarse.

No hay muchas formas de contrarrestar este desesperante problema pero tenemos una y es que el Tratado de 1870 cobre plena vigencia.

No será una panacea total pero ayudará a que los uruguayos puedan aspirar a mejores puestos de trabajo.

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^*4 - Juan Sotelo, vocero del Centro Uruguayo en Madrid, daba a conocer días antes de la reunión de la Comisión de Alto Nivel establecida por las Cancillerías de Uruguay y España para dilucidar la vigencia del Tratado de 1870 la preocupación general por el desarrollo de las negociaciones y manifestaba: ‘El gobierno uruguayo ha tenido una postura muy firme en la defensa del tratado. No queremos un tratado devaluado. Esperamos que el gobierno envíe una delegación de alto nivel, porque los uruguayos del exterior no somos ciudadanos de segunda clase’. Fue categórico, quizás porque desde su puesto en la asociación llega a conocer muchas más historias de desesperación, al advertir: ‘De lo contrario diremos lo mismo que dijimos cuando Lacalle quiso negociar el tratado y cuando Batlle ni nos recibió: se ha estafado a los uruguayos’.

Y después de la reunión, la Asociación de Uruguayos en Cataluña consideró que se estaban aplicando más cortinas de humo y exigió la inmediata aplicación del Tratado.

 

Graciela Vera, periodista independiente, en Almería, en el sur del norte, a 11 mayo de 2006

ARTÍCULO VIII

El Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad celebrado entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España en 1870 establece en el Artículo VIII la equiparación de derechos de los ciudadanos de un país en el otro.

España aduce que un tratado firmado con posterioridad, en el año 1992, por los presidentes Luis Alberto Lacalle por Uruguay y Felipe González lo deroga; sin embargo Uruguay no reconoce este hecho considerando que éste ratifica en todos sus términos al de 1870 y en nada lo rectifica.

El texto del artículo VIII del Tratado de 1870 dice:

Los ciudadanos de la República en España y los súbditos Españoles en la República Oriental del Uruguay, podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmueble, extraer del País sus valores íntegramente, disponer de ellos en vida o por muerte y suceder en los mismos por testamento ó al intestato, todo con arreglo a las leyes del país, en los mismos términos y bajo de iguales condiciones y adeudos que usan ó usaren los de la Nación más favorecida.

Juzgados Superiores españoles de distintas Comunidades Autónomas han reconocido en muchas oportunidad (más de 20) el derecho de los uruguayos a vivir y trabajar en España en igualdad de condiciones con los ciudadanos españoles, basando sus sentencias en la validez del Tratado de 1870. También una instancia que llegó al Tribunal Supremo resultó favorable para Uruguay e incluso una sentencia ha obligado a una Administración a pagar una importante suma a un ciudadano uruguayo al que se le impidió trabajar normalmente en España por ser extranjero y carecer de permisos de residencia y trabajo ya que la Administración se los negó.

G.V.

ENTREVISTA AL DIPUTADO JESÚS LÓPEZ-MEDEL*

TRATADO DE 1870

Desde hace algo más de 135 años está vigente un Tratado Internacional conocido como Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad, firmado entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay en junio de 1870.

En el artículo 8 del mismo se establece una igualdad de derechos de los uruguayos en España o de los españoles en Uruguay, con los de la nación más favorecida.

Derechos claramente establecidos, en los que se incluyen los derechos al trabajo, al libre ejercicio de las profesiones y oficios, ejercicio del comercio, rentas y testamentaría entre otros.

Cuando hace cerca de cuatro años las puertas de España comenzaron a entornarse para terminar en los últimos meses intentado cerrarse a las esperanzas de miles de compatriotas uruguayos, iniciamos por distintos medios una campaña de información y denuncia.

Existen Tratados Internacionales y Sentencias Judiciales que el actual gobierno del PSOE se recrea en pretender si no ignorar, si minimizar rebuscando inútilmente, como ha quedado demostrado por los reiterados cambios de sentido de sus inaceptables respuestas.

Ninguna de las excusas que ha interpuesto el Ejecutivo español satisfacen a los uruguayos. Reiterar la historia de la afrenta que el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero está haciendo a Uruguay al demorar la creación de una Comisión de Alto Nivel *2 integrada por los Cancilleres de ambos países, que fuera recomendada por el Congreso de Diputados el 21 de diciembre pasado para la resolución amistosa del diferendo, comisión anticipada en el Tratado de 1992, no hace más que dañar la imagen de una mal entendida relación de amistad entre países democráticos.

EL PARTIDO POPULAR, ALIADO DE LAS ESPERANZAS URUGUAYAS

El Diputado del Partido Popular español Jesús López-Medel ha realizado, primero en las filas del PP y luego a nivel parlamentario general, un intenso trabajo de concienciación a favor de los reclamos uruguayos.

Sus respuestas a nuestros interrogantes nos permiten ubicar mejor la realidad en que se mueven las expectativas creadas.

ENTREVISTA al DIPUTADO DEL PP JESUS LÓPEZ-MEDEL

- A la vista de este Tratado ¿en qué situación, a su entender, se encuentran los uruguayos que viven en España? L-M - España es un país de acogida al cual de una manera muy intensa están viniendo en estos últimos años un gran número de personas procedentes de todo el mundo, de un modo especial de América Latina y entre ellos, los uruguayos respecto los cuales, sin perjuicio de la normativa general aplicable a todos los inmigrantes, deben de ser de aplicación las normas específicas, como es el Tratado vigente de 1870 y el de 1992.

En el año 1958, época en que los españoles emigraban por necesidades de distinto índole (económicas o políticas), el censo de los mismos en Uruguay alcanzaba aproximadamente al 1,33 por ciento de la población. Al día de hoy, cuando muchos uruguayos han buscado mejorar su situación económica en España, el porcentaje no supera el 0,15 por ciento de la población española. Por otra parte, el nivel educativo de los inmigrantes uruguayos supera con creces la media de la emigración actual y de una importante parte de la población nativa. - ¿Cree usted que la situación planteada es diferente? ¿Por qué? L-M -Aun cuando el número de uruguayos residentes en España no sea muy elevado, pues la situación social y de estabilidad de su país es afortunadamente más próspera que los nacionales de otros países de Latinoamérica, debe destacarse la especial cualificación profesional y cultural de los que vienen a España, lo cual facilita no solo su integración efectiva sino también el acceso a trabajos que tienen vinculación con los estudios realizados.

- Antes de continuar resultaría muy interesante saber si usted considera que Uruguay ha cumplido con el Tratado de 1870 cuando le correspondía el papel de país receptor. L-M - No me consta que por las autoridades de España hayan existido quejas en orden al cumplimiento de sus obligaciones por parte de la República uruguaya por lo que tengo que deducir que por parte de este país se han observado lo que le incumbe. Además, quiero destacar que Uruguay ha sido un país muy acogedor de los inmigrantes españoles que por razones políticas o de trabajo fueron a abrirse nuevos rumbos a su país. Así lo corroboro no solo por las informaciones que he obtenido sino también por mi constatación directa cuando en el pasado mes de julio pude, en Montevideo, poder reencontrarme con amigos que no veía hace más de veinte años y se encuentran allá muy felices y bien acogidos.

En el mes de diciembre el Diputado López-Medel presentó en el Parlamento de España una moción solicitando el reconocimiento del Tratado de 1870, habiendo surgido del Órgano Legislativo la recomendación de formación de una Comisión que estudiara el tema dando respuesta en un plazo de 4 meses. - La moción presentada por usted ¿estaba firmada y/o avalada por los demás miembros del Partido Popular? L-M -La iniciativa parlamentaria que preparé y suscribió el portavoz de mi bancada, responde a un trabajo y a unas relaciones de más de dos años con el diputado Jaime Trobo que en este tiempo ha venido con gran constancia impulsando el tema de la plena vigencia del Tratado de 1870. Cierto es que este interés ha sido una constante por parte del Partido Nacional y también por las demás fuerzas políticas uruguayas con las que me reuní en julio en Montevideo, pero sin el esfuerzo del diputado Trobo para trasladarnos la inquietud sobre la no aplicación correcta del Tratado, no habría sido posible que el Parlamento español impulsase una toma de postura conjunta a raíz de la iniciativa del Partido Popular como grupo mayoritario de la oposición en España.

- Según creo contó con unanimidad de opiniones de apoyo de legisladores de todos los partidos ¿También del Partido Socialista? L-M - A la iniciativa del PP se sumó la presentada por otro grupo minoritario gallego y desde el trabajo de convencimiento que fuimos desplegando con los demás grupos de la Cámara tanto desde el PP como desde las fuerzas políticas y asociativas uruguayas, logramos un amplio consenso que, si bien no era de la radicalidad de lo que nosotros inicialmente pedíamos, posibilitaba un acuerdo de todos y eso era muy importante. También en esta tarea de convencimiento para con otros grupos, debo destacar el amplio despliegue que desarrolló el diputado Trobo al igual que algún otro representante uruguayo incluso un ex presidente de la República como Sanguinetti.

- ¿Sabe usted si hay alguna Comisión formada, o en vías de formación, para cumplir con la recomendación legislativa? L-M - Desconozco en estos momentos si el gobierno español ya ha iniciado los pasos para crear la Comisión de alto nivel a la que está obligado a constituir. En todo caso, nosotros acabamos aprobando que se reuniese en el plazo de 4 meses (a contar desde la aprobación del Acuerdo el 21 de diciembre), cuando lo cierto es que en principio el Partido Socialista no quería fijar plazo alguno, si bien luego aceptó fijarlo aunque pretendían fuera más amplio (concretamente 6 meses)

- ¿Ha tenido información de la opinión que al respecto de este asunto existe en la Secretaría de Emigración-Inmigración de España? L-M - Por las conversaciones que tuve los días previos al debate parlamentario con representantes socialistas, al Ministerio de Trabajo no le gustaba nada lo que habíamos planteado desde el PP pero ahora una vez aprobado por el Parlamento español, el gobierno en bloque está obligado a actuar conforme a lo que en la Comisión de Asuntos Exteriores aprobamos.

- ¿Estará usted integrando, siguiendo o vigilando el desarrollo de las conversaciones? L-M - Yo no puedo formar parte de esa comisión que es exclusivamente a nivel gubernamental y no parlamentario. No obstante, estoy siguiendo las informaciones que me llegan e intento estar pendiente para que se cumpla lo que acordamos por unanimidad en el Congreso de los diputados.

- ¿Cree usted que esa Comisión se llegue a concretar en el plazo establecido? L-M - No es que crea sino que debe hacerse así. Confío que el gobierno de Zapatero cumpla, pues en otro caso sería una burla no solo a las autoridades uruguayas sino también al parlamento español que tomó dicho Acuerdo por unanimidad.

No queremos olvidar que este tema viene arrastrándose desde muchos años atrás y muchos reclamos de uruguayos y sentencias judiciales ocurrieron durante el gobierno del Sr. Aznar, y que fue durante éste y el del Dr. Batlle que se puso sobre el tapete y se consideró oportuna la creación de una Comisión integrada por los Ministros Ana Palacio y Didier Opertti. Comisión que nunca llegó siquiera a integrarse. - Dentro del Partido Popular ¿hay concienciación sobre este reclamo uruguayo? L-M - Precisamente ha sido el Partido Popular el que presentó la iniciativa y solicitó su inmediata inclusión en el orden del día de la primera Comisión de Asuntos Exteriores, arrastrando consigo la otra iniciativa del grupo gallego. Somos conscientes que el asunto tiene una parte técnico-jurídica compleja, y así ésta primó en otro tiempo. Pero junto a ello, tiene una dimensión política que no se puede ignorar y es precisamente desde esta perspectiva como impulsamos una solución política que tiene que estar presidida por la buena voluntad y la confianza recíproca.

La Unión Europea reconoce a los países miembros el derecho a cumplir los Tratados Internacionales que hubiesen firmado anteriormente al Tratado de Schengen; por otra parte diversas sentencias judiciales, incluida una del Tribunal Supremo han avalado el derecho de los uruguayos a vivir y trabajar en España, no obstante esto, un número importante de uruguayos ha sido expulsado aduciendo el cumplimiento de la Ley de Extranjería. - Teniendo en cuenta que los países deben acatar los Tratados internacionales aún por encima de sus leyes internas ¿Cree usted que España está obligada a reconocer el Tratado de 1870 y su plena vigencia?, ¿En qué situación se encuentra al no hacerlo? L-M - Para nosotros, el Tratado de 1870 está vigente y no ha sido denunciado por lo cual, con un status jurídico muy relevante desde un punto de vista de jerarquía normativa según dispone la Constitución española, forma parte del derecho español aplicable. -

¿Cuántas veces más deberá fallar un Tribunal para que las sentencias se conviertan en Ley de Obligado Cumplimiento. L- M -El sistema requiere que quien considere que la Administración no ha actuado correctamente puede acudir a los tribunales y la decisión de éstos solo se le aplicaría, en principio, a ese recurrente. No obstante, cuando las sentencias son reiteradas en un mismo sentido, la Administración puede y debe acomodar su criterio a lo resuelto reiteradamente por los Tribunales, cosa que en este caso no se ha hecho pues la Administración ha seguido ofuscada en una interpretación excesivamente rigurosa y que los tribunales han desestimado en muy diversas ocasiones. Además llama la atención que a pesar de que las sentencias le son desfavorables, el Abogado del Estado no recurre al Tribunal Supremo pues si éste tuviera la oportunidad de ratificar la doctrina emanada de los Tribunales Superiores de Justicia en las Comunidades Autónomas, su criterio sería de especial contundencia y valor al tratarse del máximo órgano jurisdiccional en España. Al no recurrirse, se está intentando evitar esto.

- Varios uruguayos han sido expulsados después que el PP presentara la moción, aprobada en el Parlamento Español, instando al Gobierno a dar respuesta satisfactoria a la situación de los emigrantes uruguayos. Solamente queremos saber que opinión le merece ese acto. L-M -Mi actuación en el asunto del tratado de 1870 no ha sido solo presentar la iniciativa en nombre del PP y conseguir que se aprobara sino que he seguido pendiente de modo que cuando me ha llegado la información acerca de las recientes expulsiones he interpelado reglamentariamente al gobierno de España para conocer si en esas expulsiones se ha tenido en cuenta lo acordado recientemente por el Congreso acerca de la Comisión que ha de constituirse y resolver este asunto aplicando la regla de la condición más beneficiosa. He de confesar que me inquieta que el gobierno haya retomado interés en volver a expulsar a uruguayos después de lo aprobado por el Congreso el 21 de diciembre en lugar de demorar esas expulsiones hasta que en breve plazo esa Comisión de ambos países aborde el asunto y aporte una solución no solo definitiva sino también razonable.

- ¿Seguirá usted y su Partido, extendiendo sus manos hacia nuestro país? L-M -Mi compromiso personal y el del Partido Popular con la República Oriental de Uruguay se extiende en el tiempo y más allá del asunto concreto que ha motivado nuestra iniciativa parlamentaria. Ésta y su seguimiento no es sino manifestación de esa vinculación hermana con los uruguayos para lo cual nuestra especial relación con el Partido Nacional hace que se robustezcan nuestro afecto hacia una nación tan querida por nosotros.

Más de 20 sentencias favorables a los derechos innegables que el Tratado otorga a los uruguayos que viven en España, ningún juicio perdido; una sentencia del Tribunal Supremo parecerían ser razones más que contundentes pero la inflexibilidad del actual gobierno español no parece tener en cuenta los Derechos Internacionales ni la recomendaciones de su propio Parlamento.

* Jesús López-Medel Báscones, Diputado del Grupo Parlamentario Popular en las VI y VII legislaturas, por Madrid en la última, por Cantabria en la VI. Abogado del Estado, Profesor de Derecho Administrativo. Autor de diversas publicaciones y libros jurídicos. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

*2 El 21 de diciembre pasado la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España unificó el estudio de dos expedientes, presentados en diferente fecha por distintos grupos parlamentarios, referidos ambos al Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad firmado por este país y Uruguay en el año 1870 y, a la situación de los ciudadanos uruguayos que residen en España. Se trata del Expediente 161/000855*3 titulado “Sobre el cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad entre España y Uruguay” y presentado por el GIV, IU, ICV y G.P. el 19 de abril del 2005, y al expediente 161/001351 titulado “Relativo al reconocimiento del status de los Ciudadanos Uruguayos en España”, presentado por el Grupo Parlamentario Popular en este mismo mes. Por unanimidad se aprobó una Resolución que dice: ¨El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, ante la controversia surgida acerca de la interpretación del Tratado de reconocimiento, amistad y cooperación de 1870 con la República Oriental del Uruguay, y las implicaciones de la legislación española, y de las obligaciones de España con le Unión Europea, así como de la diversa jurisprudencia española en esta materia, se aborde en el plazo máximo de cuatro meses conjuntamente con la autoridades uruguayas, en el marco de la Comisión de alto nivel prevista en el Tratado general de cooperación y amistad de 1992, la cuestión del régimen de entrada, trabajo y residencia de los ciudadanos uruguayos mediante la aplicación de los criterios más favorables.” De los 120 días sugeridos como plazo han transcurrido, sin que se hayan movido fichas, cuarenta y dos de una cuenta atrás que se asemeja más a una pulseada para vencer por cansancio y desidia que a una negociación en busca de soluciones.

 

*3 A LA MESA DEL CONGRESO DE DIPUTADOS



Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, los Grupos parlamentarios abajo firmantes presentan la siguiente Proposición no de ley sobre el cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad entre España y Uruguay, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.Exposición de motivos

Los acontecimientos políticos de los últimos tiempos, en especial los cambios de Gobierno en España y el reciente cambio en Uruguay con la victoria del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría el pasado mes de octubre de 2004 y la asunción presidencial del Presidente Tabaré Vázquez el pasado 1 de marzo de 2005, posibilitan que deba producirse una necesaria revisión estratégica con carácter urgente del cumplimiento del Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad hispano-uruguayo de 1870.
Desde la aprobación del Tratado General de Cooperación y Amistad entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España de 1992, que en absoluto cuestiona los principios y la vigencia del Tratado de 1870, es necesario alertar que se han producido numerosas vulneraciones de los derechos de los ciudadanos uruguayos residentes en territorio español, que han sido sometidos a la legislación de extranjería y han visto denegadas en vía administrativa sus solicitudes de reconocimiento de los derechos a residir y trabajar en territorio español derivados del mencionado instrumento bilateral, ofreciéndoseles pues como única vía el recurso contencioso-administrativo, con la gravedad económica y temporal que conlleva.
Y ello, a pesar de la claridad del artículo 8 del Tratado («los súbditos españoles en la República Oriental de Uruguay y los ciudadanos de la República de España podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender al por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles, extraer del país valores íntegramente, deponer de ellos en vida o muerte, y suceder en los mismos por testamento o abintestato, todo con arreglo a las leyes del país en los mismos términos y condiciones y adeudos que usen o usaren los de la nación más favorecida») y la rotundidad de la jurisprudencia que confirma su vigencia.

El Senado uruguayo ha reconocido expresamente la vigencia del tratado del año 1870 y su no derogación por el Tratado del año 1992, y la formulación expresa de que los derechos reconocidos deben ser respetados por las partes firmantes del Tratado de 1870, declaración que hasta el momento no ha sido correspondida por otra en igual sentido del Gobierno español, en especial en la época del Gobierno del Partido Popular, que ha negado sistemáticamente y de mala fe, el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos uruguayos amparados en base al artículo 8 del Tratado de 1870.
Asimismo, el Presidente de Uruguay Dr. Tabaré Vázquez, en su discurso inicial de investidura, reclamó públicamente el cumplimiento de los acuerdos internacionales y expresó su preocupación por los ciudadanos de la diáspora y la necesidad de combatir las causas económicas que generan la emigración. En este sentido, la cooperación económica con Uruguay se torna más necesaria que nunca, en base a fomentar el desarrollo de los sectores productivos que permitan un asentamiento de su población y un freno a las migraciones, que afectan en la actualidad, debido a las políticas neoliberales de los Gobiernos anteriores, a un 15% de la población uruguaya.

Tampoco debemos olvidar los antecedentes históricos, sociales, culturales y económicos que han unido a ambas naciones, ni el hecho que Uruguay haya recibido durante decenas a ciudadanos españoles, en una buena proporción de procedencia gallega, con las máximas garantías, condiciones legales y sociales, sobre la base de la aplicación y reconocimiento del Tratado bilateral.
Igualmente es destacable la integración social y laboral de los ciudadanos uruguayos en territorio español, con un arraigo muy fuerte en diversos puntos de la geografía estatal, y es precisamente, teniendo en cuenta este arraigo social y laboral, que numerosos colectivos de ciudadanos uruguayos en el Estado vienen reclamando en los últimos años el reconocimiento de sus derechos y mantienen una lucha activa en base a una plena integración legal, social y económica.

En las actuales circunstancias políticas de Uruguay y pasado un año del cambio de Gobierno en España, es necesario reclamarle al Gobierno español que reconsidere la posición asumida por la antigua administración, con relación al Tratado de 1870 y que se comprometa a garantizar el respeto y el cumplimiento de la normativa internacional vigente, representada en este momento por los Tratados bilaterales de 1870 y de 1992 y, en su virtud, que reconozca a todos los ciudadanos uruguayos los derechos que de los mismos derivan, incluido el de residir y trabajar legalmente en territorio español.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a respetar la legalidad internacional y a cumplir las resoluciones judiciales que confirman la validez y vigencia del Tratado hispano-uruguayo de Paz y Amistad de 1870 y, en su virtud, reconocer a los ciudadanos uruguayos el derecho a residir y a trabajar libremente en territorio español tal y como establece el artículo 8 del citado Tratado, sin imponerles la carga de recurrir judicialmente.


Palacio del Congreso de los Diputados Madrid, 19 de abril de 2005


Joan Herrera Torres Olaia Fernández Davila
Portavoz G.P. Izquierda Verde-IU-ICV Bloque Nacionalista Galego

Graciela Vera, periodista independiente, en Almería, en el sur del norte, a 3 de febrero de 2006.

EXPEDIENTE 161/000855 DEL CONGRESO DE DIPUTADOS DE ESPAÑA

El 21 de diciembre pasado la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España unificó el estudio de dos expedientes, presentados en diferente fecha por distintos grupos parlamentarios, referidos ambos al Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad firmado por este país y Uruguay en el año 1870 y, a la situación de los ciudadanos uruguayos que residen en España.

Se trata del Expediente 161/000855 titulado “Sobre el cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad entre España y Uruguay” y presentado por el GIV, IU, ICV y G.P. el 19 de abril del 2005, y al expediente 161/001351 titulado “Relativo al reconocimiento del status de los Ciudadanos Uruguayos en España”, presentado por el Grupo Parlamentario Popular en este mismo mes.

Por unanimidad se aprobó una Resolución que dice: ¨El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, ante la controversia surgida acerca de la interpretación del Tratado de reconocimiento, amistad y cooperación de 1870 con la República Oriental del Uruguay, y las implicaciones de la legislación española, y de las obligaciones de España con le Unión Europea, así como de la diversa jurisprudencia española en esta materia, se aborde en el plazo máximo de cuatro meses conjuntamente con la autoridades uruguayas, en el marco de la Comisión de alto nivel prevista en el Tratado general de cooperación y amistad de 1992, la cuestión del régimen de entrada, trabajo y residencia de los ciudadanos uruguayos mediante la aplicación de los criterios más favorables.

De los 120 días sugeridos como plazo han transcurrido, sin que se hayan movido fichas, cuarenta y dos de una cuenta atrás que se asemeja más a una pulseada para vencer por cansancio y desidia que a una negociación en busca de soluciones.

G.Vera