Exposición Escrita del dip. M. Trobo a la Cámara de Representantes de Uruguay

Montevideo, 17 de enero de 2006.

Señora Presidente de laCámara de Representantes Dip. Nora Castro

P r e s e n t e

EXPOSICION ESCRITA

El 21 de Diciembre de 2005 la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España, aprobó por unanimidad una resolución como resultado del tratamiento de sendos expedientes parlamentarios denominados en la nomenclatura del mencionado Congreso “Proposición no de Ley¨, relacionada con el Tratado de Amistad de Uruguay y España firmado en 1870, y el tratamiento a los uruguayos que residen o procuran radicarse en ese País.

Los mencionados expedientes se titulan ¨Sobre el cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad entre España y Uruguay. Presentado por el GIV,IU,ICV,G (Número de Expediente 161/000855)¨, y ¨Relativa al reconocimiento del status de los Ciudadanos Uruguayos en España. Presentado por el Grupo Parlamentario Popular (Número de expediente 161/001351)¨ según lo consigna la publicación oficial del Congreso de los Diputados No. 458, de 21 de Diciembre de 2005 relativo a la Comisión de Asuntos Exteriores, VIII Legislatura, Sesión No. 26, presidida por el Diputado Joseph Antoni Duran i Lleida. El texto de la Resolución dice: ¨El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, ante la controversia surgida acerca de la interpretación del Tratado de reconocimiento, amistad y cooperación de 1870 con la República Oriental del Uruguay, y las implicaciones de la legislación española, y de las obligaciones de España con le Unión Europea, así como de la diversa jurisprudencia española en esta materia, se aborde en el plazo máximo de cuatro meses conjuntamente con la autoridades uruguayas, en el marco de la Comisión de alto nivel prevista en el Tratado general de cooperación y amistad de 1992, la cuestión del régimen de entrada, trabajo y residencia de los ciudadanos uruguayos mediante la aplicación de los criterios más favorables¨.

Este texto que resultó como transacción para que fuera apoyado por todos los grupos parlamentarios, quienes a través de sus portavoces expresaron su acuerdo con la necesidad de que la administración española, tenga en cuenta las especiales condiciones de la relación con Uruguay en asuntos migratorios, históricamente regulados por el tratado de 1870, constituye a nuestro juicio el hecho político mas relevante para los intereses del Uruguay, desde que nace la actual controversia respecto de su vigencia.

Naturalmente, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con esta información, y estimamos que ha dispuesto acciones a fin de lograr que el propósito expresado en la resolución se realice, esto es disponer la reunión de la Comisión de alto nivel que prevé el Tratado de 1992.

Entre los últimos días de Diciembre pasado y los primeros del mes de Enero corriente, fueron expulsados del territorio español dos compatriotas por ¨la infracción administrativa de estar en situación irregular en territorio español¨ , ha ocurrido lo que procuramos evitar todos quienes tienen interés y han puesto trabajo y dedicación a que la vigencia de un régimen especial que surge del Tratado de 1870 y que ha beneficiado por mas de una centuria a los españoles en nuestro país, sea reconocido par los uruguayos en España.

Estas dolorosas situaciones para quien las viven y sus familias son justificativo suficiente para que, en conocimiento de la resolución parlamentaria del Congreso de los Diputados, nuestra diplomacia procure de inmediato la conformación del ámbito de negociación recomendado.

Debe tenerse en cuenta que la cuestión debe ser resuelta en un plazo no mayor a los cuatro meses, según lo establece la voluntad política de partidos de gobierno y de oposición, por ello habiendo transcurrido la mitad del mes de Enero del 2006, es prudente tomar las acciones diplomáticas y políticas correspondientes para que de inmediato comience la negociación.

La presente exposición escrita tiene por objeto reclamar del Ministerio de Relaciones Exteriores la inmediata practica de acciones que permitan que la voluntad manifestada por los partidos políticos españoles el 21 de Diciembre pasado resulte en el establecimiento de un régimen especial para nuestros compatriotas en ese País al amparo de las disposiciones del Tratado de 1870.

Solicito que la presente exposición escrita sea enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las Comisiones de Asuntos Internacionales de ambas Cámaras, a la Embajada de España en el Uruguay, a la Embajada de Uruguay en España, al Secretario de la Presidencia de la República así como a las entidades de compatriotas radicados en España.

Jaime Mario Trobo

Representante Nacional

 

ENTREVISTA AL DIPUTADO JAIME TROBO

La expulsión de España de otro inmigrante uruguayo por carecer de permiso de residencia no debería resultar extraño en el marco de la ley de extranjería.

No es el primero aunque desearíamos fuera el último de una lista que no debería haberse producido.

Una esperanza que a esta altura de los sucesos parece bastante utópica.

El Gobierno de España agota objeciones ante el persistente reclamo uruguayo por el cumplimiento de los términos establecidos en el Tratado de 1870 entre ambas naciones.

Varios legisladores y políticos uruguayos se han mantenido alerta y realizado un trabajo –algunas veces silencioso, otras en voz alta- de concienciación de congresistas y autoridades partidarias de España de que los uruguayos solamente piden lo que por Derecho Internacional les pertenece.

El 21 de diciembre pasado Jesús López-Medel del Partido Popular presentó ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España una ponencia que dio paso, por enorme mayoría, a la recomendación de la creación de una Comisión que, integrada por los Cancilleres de ambos países, diera respuesta en un plazo máximo de cuatro meses, a la controversia que mantienen los dos países.

Ha pasado ya un mes de los cuatro estipulados y no hay ni Comisión ni interés manifiesto por parte del gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero de reconocer los derechos de los uruguayos en España; tampoco conocemos una ostensible insistencia de parte de las autoridades competentes uruguayas, en forzar la discusión del tema.

ENTREVISTA AL DIPUTADO JAIME TROBO^*1sobre el Tratado de Paz, Amistad y Cooperación firmado entre la República O. del Uruguay y el Reino de España en 1870

- La masiva emigración de uruguayos hacia España y las restricciones impuestas por los gobiernos de este país ha hecho resurgir un Tratado Internacional que por décadas estuvo, como suele decirse, en el fondo de los cajones. ¿Cuándo tomó usted, Diputado Trobo, la bandera en este asunto y porqué? - No creo que se pueda afirmar que estuvo en el fondo de los cajones, por lo menos no lo estuvo nunca para Uruguay que lo ha cumplido a rajatabla desde su firma en el S. XIX. Las cláusulas referidas a los inmigrantes y sus derechos en el momento de la firma favorecían más a España que a Uruguay. En aquella época 1870 en realidad lo que se pretendía con las disposiciones del art. 8 es que Uruguay respetara los derechos de los españoles, que no fuera para ellos dificultoso adquirir la condición de residentes aún cuando habían llegado como colonizadores o como súbditos de la potencia dominante. En aquel momento pocos o ningún uruguayo pretendían radicarse en España, esta era la tierra de promisión, no aquella. Luego durante el S. XX el Tratado se aplicó como no podía ser de otra manera a todos quienes llegaban desde España a nuestras tierras, vinieran ‘expulsados de su madre patria’ por razones económicas, políticas, o las que fuera. Así muchas familias uruguayas tenemos el orgullo de descender de antepasados españoles. Cuando España, mucho mas preocupada por su condición de país europeo que por la de contraparte de un acuerdo internacional plenamente vigente, recurre a una interpretación inadecuada y lesiva al interés de Uruguay sobre la aplicación de un Tratado firmado en 1992, que según los burócratas derogaron las disposiciones del de 1870, nos surge la preocupación que compartimos con muchos compatriotas, que por cierto ha tenido y tiene el Gobierno de Uruguay, de hacer todos los esfuerzos para derribar este injusto obstáculo que se parece mucho mas a una ¨chicana¨ jurídica que a una interpretación amistosa y que se corresponda con la tradición. Conocer esta situación me sensibilizó y empecé a trabajar duro hace mas de tres años; convocamos a la Cancillería al Parlamento, presentamos iniciativas en la Cámara de Diputados atinentes al tema, contribuimos con contactos informales a despertar interés en el tema en España mismo y como ‘tanto va el cántaro al agua que al final se rompe’, logramos que coincidieran varias circunstancias y que madurara la aprobación de una expresión política plural en el Parlamento español en línea con la preocupación uruguaya. Lo hemos hecho con mucho gusto, en silencio muchas veces pero con tenacidad.

- Antes de continuar con nuestra conversación me interesa saber si usted considera que Uruguay ha cumplido el Tratado cuando le tocó ocupar en forma prioritaria el papel de país receptor. - Lo ha cumplido y lo digo con satisfacción y orgullo a través de toda la larga historia de este Tratado, no solo porque una de las características de nuestro País es el cumplimiento de sus obligaciones, sino porque la defensa de las patrias chicas es el derecho y especialmente el derecho internacional, si así no fuera nos sería muy difícil existir. Pero además si uno analiza la historia de la emigración española hacia nuestro Uruguay, se encontrará con innumerables demostraciones que esto ha sido así. Usted sabe que Uruguay es el único país de Latinoamérica que no puso cuotas ni condiciones de capacitación al ingreso de inmigrantes europeos ni españoles en su historia. Mientras tanto otros países, inclusive los EEUU lo hicieron, también lo hizo Brasil, Argentina, Venezuela, etc.

- En el transcurso de una entrevista, autoridades españolas me dijeron que cumplir los Tratados sería como abrir la puerta, refiriéndose a los distintos Tratados que España ha firmado con países americanos y dando a entender que el gobierno español descartaba el cumplirlos. ¿Puede un país – y esta pregunta no la hago refiriéndome a ninguno en concreto – dentro de la legislación internacional, dejar de cumplir un Tratado sin que surjan sanciones de algún tipo? - El Tratado de 1870 con Uruguay, no tiene similares en otros firmados en aquella época por España con otro país de América. Es un caso excepcional y como tal debe encararlo el Gobierno y la Administración española, pero además la base de la amistad es la confianza y no creo yo que razonablemente un gobernante español del sector político que sea pueda arriesgarse a dejar de cumplir deliberadamente un Tratado que nuestro país ha cumplido escrupulosamente, porque ello suponga ‘abrir una puerta’, la nuestra estuvo abierta años y lo sigue estando con infinitas menos posibilidades que las que tiene la España de hoy, a la que le admiramos el desarrollo y la capacidad de crecer como gran país.

- En relación al Tratado de 1870 entre Uruguay y España, este último país aduce que los firmados posteriormente con la Unión Europea lo anularía; sin embargo la legislación europea descarta tal hecho al respetar los acuerdos entre los países miembros y terceros, anteriores a la firma del Tratado de Schengen ¿porqué Uruguay no reclama que España se ajuste a la verdad cuando aduce que por pertenecer a la UE no puede cumplir Tratados anteriores? - El argumento que se ha manejado insistentemente está relacionado con la derogación tácita de las cláusulas sobre derechos de los inmigrantes que operaría como consecuencia de la firma del Tratado de 1992. ¡A quien se le ocurre que Uruguay firmaría un acuerdo posterior que afectara los derechos que mantenían sus nacionales!, es una interpretación antojadiza. En otro orden la legislación europea habilita como corresponde, pues es una organización integrada por Estados que asumieron y mantienen vigentes compromisos anteriores, a mantener los efectos de los Tratados que anteriormente se hubieren firmado.Permítame que le agregue que en decenas de sentencias en tribunales españoles se reconoce el derecho de los uruguayos a regirse por las disposiciones del Tratado de 1870, y la abogacía del Estado ha dejado de apelar las sentencias para que no lleguen al Tribunal Supremo y ha recomendado aceptar las sentencias, pues una actuación de esta entidad superior respaldando la vigencia del Tratado daría por tierra estrepitosamente con la tesis que ha desarrollado la burocracia.

- Usted, junto al Legislador Pintado^*2 y al ex presidente Sanguineti^*3 entre otros, viene realizando un trabajo muy positivo para concienciar a los distintos partidos políticos españoles sobre este asunto ¿considera usted el resultado obtenido todo lo satisfactorio que se esperaba? - Dentro de las acciones que propiciamos en Uruguay, en el mes de julio redactamos y propiciamos la aprobación de una Resolución de la Cámara de Diputados en nuestro País que reclamaba respetuosamente al Parlamento Español el cumplimiento del alcance del Tratado de 1870. Fui el redactor de esa Resolución la que fue acogida favorablemente por la Comisión de Asuntos Internacionales primero y por la Cámara después y se trasmitió oficialmente a las Cortes –Congreso de los Diputados y Senado-. Pocos días después visitaron nuestro País dos diputados españoles, del Partido Popular Jesús López Medel con quien hacía ya dos años mantenía contactos informándole sobre este tema y solicitando su colaboración, y del Partido Socialista Elviro Aranda. Asistían a un evento organizado por nuestro Parlamento, su visita fue importante y en el marco de la misma mantuvimos una reunión a la que asistí en representación del Partido Nacional, el Diputado E. Pintado del Frente Amplio y el Diputado W. Abdala del Partido Colorado. Creo que pudieron tomar nota que la preocupación era compartida por todas las fuerzas políticas de Uruguay y valía la pena prestarle atención.Pocos días después López Medel me informaba que el Partido Popular analizaba la presentación de una proposición no de ley respaldando la posición de Uruguay, tenía el a su cargo la preparación del tema.Con posterioridad una delegación de nuestro país presidida por la Presidente de la Cámara de Diputados asistió a la Cumbre de Parlamentarios de Iberoamérica que se realizó en Salamanca y allí, acompañada de parlamentarios de todos los partidos de Uruguay se entrevistó con Manuel Marín a quien se le expresó la posición de Uruguay. En esos días la Vicepresidente del Gobierno Español visitó Uruguay y naturalmente le fue planteado el tema por la Cancillería y en declaraciones a la prensa hizo mención a la resolución que habíamos tomado en el Parlamento.Existía en el Congreso español una iniciativa de varios grupos parlamentarios, a saber Izquierda Unida, BNG, y otros partidos, que no conseguía ser incluida en los debates por carecer de apoyos en la Junta de Portavoces, en realidad la ponencia presentada por el Partido Popular bajo la firma de Eduardo Zaplana que fuera elaborada por López Medel fue determinante, pues acompañaba también con el peso parlamentario de este Partido amigo el interés en considerarla pronto. Y por ventura así fue, el 21 de diciembre se incluyeron las dos en el debate de la Comisión de Asuntos Exteriores que por cierto seguí por internet con angustia y emoción.En esos días encabezamos el desarrollo de intensas gestiones desde Uruguay y desde nuestra representación en España. Procuramos hablar con la totalidad de los miembros de la Comisión de los distintos Partidos españoles, en este trabajo desde el ExPresidente Julio María Sanguinetti, el Ministro de Turismo y Deporte Héctor Lezcano, el Diputado Pintado a quien en una reunión de Portavoces en nuestro parlamento comisionamos para que viajara a España en esos días, otros parlamentarios también tomamos contacto con quienes tenían a su cargo la decisión y realmente logramos el objetivo. Pero lo que recuerdo con mas simpatía y orgullo es lo que nos refirieron nuestros interlocutores, sobre el respeto y la consideración que tienen de Uruguay por la forma en la que recibió a los emigrantes españoles fuera la razón que fuera su salida de su madre tierra. Diputados catalanes, vascos, canarios, gallegos, asturianos, en fin de las distintas partes y Partidos de España nos hicieron enorgullecer del Uruguay.

- La moción presentada en el Parlamento de España por el Diputado Jesús López-Medel del Partido Popular ¿Qué efecto legislativo considera usted que tiene? - La propuesta del Partido Popular que elaboró y llevó López Medel concluía en expresar el reconocimiento de la vigencia del Tratado y la necesidad de que la Administración española lo aplicara sin mas trámite. También concluían en ello los Partidos que habían presentado sus propias iniciativas al respecto en el mes de abril de 2005. La resolución de la Comisión de Asuntos Exteriores que expresa un temperamento y posición política del Congreso sobre el tema, es el resultado de una moción transaccional que reclamó el Partido Socialista cuando estimó que estará en minoría frente a los demás partidos, y entonces surge la definitiva que establece un plazo de cuatro meses – de los que ya han corrido 30 días- para que los gobiernos de España y Uruguay en una comisión de Alto Nivel analicen un tratamiento a los emigrantes correspondiéndose con la situación especial, la jurisprudencia que insistimos respetuosamente nosotros que debía ser incluida en el texto, y la determinación de un régimen preferente para nuestros compatriotas. El enorme peso que tiene una resolución unánime surge de la lectura de las actas y significa un compromiso serio, muy serio para la actual Administración española.No puedo dejar de tener un reconocimiento por el gran amigo de Uruguay que ha resultado ser el Diputado López Medel, realmente ha sido admirable su trabajo, su contracción a estudiar el tema, su desarrollo argumental para lograr el apoyo de su Partido nada mas ni nada menos que el segundo de España, esto lo debemos valorar mucho.

- A partir de la intervención del diputado López-Medel surgió la recomendación de creación de una Comisión integrada por los Cancilleres de ambos países. Comisión ésta que, tengo entendido, aún no se ha reunido ni fijado pautas de trabajo y que en definitiva no hace más que reemplazar la que supuestamente debió haberse creado durante los respectivos gobiernos anteriores y que nunca, tampoco, dio respuesta a este problema. ¿Sigue usted de cerca y qué es lo que ve, cree ver, analiza y considera sobre este particular? - La Comisión ya debería estar funcionando, como resultado del tradicional respeto y amistad de nuestros pueblos, por respeto de la trascendente resolución de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso Español, como consecuencia de la resolución que oportunamente tomó nuestra Cámara de Diputados, en fin por muchas razones mas, los gobiernos de ambos países ya deberían estar trabajando.

- En las últimas semanas se ha expulsado de territorio español a otro uruguayo ¿considera usted que se está violando el periodo de negociación establecido? - Lamentablemente han sido dos, uno en Toledo y el otro en Ibiza. Ocurrió pocos días después de la resolución parlamentaria y es una pena que no se haya reparado en ella para actuar. No obstante, si a la Cancillería de Uruguay le faltaba una razón para ‘mover ficha’, aunque sea esta dolorosa circunstancia, debe aprovechar la ocasión para plantear a España que es necesario establecer este ámbito ya y ahora.

- La reiteración de sentencias favorables a uruguayos que se han acogido en España al Tratado, incluso con una del Tribunal Supremo de España, parecerían resultar de poco peso ante las autoridades de este país ¿se ha buscado sentar jurisprudencia? -Creo que mas arriba hice referencia a este tema. No podemos seguir esperando que el reclamante tenga dinero y tiempo para seguir un juicio para que se consagre un derecho que existe y debe ser respetado, no queda tiempo para vericuetos. Si desde la negociación diplomática sustentada en una fuerte voluntad política expresada claramente en estas horas no se llega a una salida para el reconocimiento del derecho de los uruguayos es natural que la gente sienta descreimiento en la política y los políticos, por ello debemos esforzarnos.

- ¿Porqué no se trabaja en reclamar jurídicamente la vigencia de este Tratado? ¿Puede el Partido Nacional, si otros sectores no se sumaran a la iniciativa, impulsar por este medio el cumplimiento del Tratado. - El camino que estamos recorriendo, confieso que es el resultado de un impulso extraordinario, quizás no diseñado como estrategia sino como consecuencia de varios factores que se han ordenado justamente ahora. Pero aún así los resultados que hemos logrado, que son altamente auspiciosos, no pueden desaprovecharse. Hay cuestiones que corresponden formalmente a la negociación diplomática y en ello la responsabilidad la tiene el Gobierno, que en el Uruguay no corresponde a nuestro Partido, sin perjuicio de lo cual hay muestras claras que desde la oposición y en los temas de mucha importancia para el Uruguay no escatimamos esfuerzos para su solución.

- Miles de uruguayos están pendientes de los resultados de este problema; se han manifestado interesados en vuestra visita a España y el trabajo que realizabais? - Hemos recibido mensajes ambivalentes. Muchos que reconocieron y reconocen el resultado parcial que hemos logrado, otros quizás con justificado escepticismo dudan que se logre un buen resultado. Veo expresiones sinceras de muchos a quienes no les importa el signo político de quienes llevamos adelante estas acciones, y veo la de algunos a quienes parece fastidiarles que alguien que no es de su partido se ocupe de estos temas y sea eficaz, pero así son las cosas, cada uno hace lo que le manda su conciencia. Nosotros estamos muy comprometidos en el tema, tanto que en la página del sector político que integramos http://www.herrerismo.com.uy/ hemos incluido una sección dedicada a informaciones sobre el tema y desde allí es posible enviar a los Diputados Españoles correos expresando adhesión a la vigencia del Tratado.

- En los acuerdos que alcancen ambos países, suponiendo que no estuvieran a la altura de las expectativas de los uruguayos ¿tiene el Parlamento uruguayo facultades para impugnarlos y dejarlos sin efecto? - Creo que como consecuencia de una negociación inteligente que siga el espíritu de la declaración del Congreso y la de nuestra Resolución se puede consagrar el reconocimiento del alcance del Tratado. Quizás sea con la firma de un Tratado de Doble Nacionalidad que reconozca derechos especiales a los Uruguayos como los han tenido y los tienen los Españoles en nuestro Uruguay.

- El Tratado de 1992 firmado por los entonces presidentes Luis Alberto Lacalle y Felipe González, ratifica el de 1870. ¿Qué peso puede dársele? - Una interpretación rebuscada de cierta burocracia española dice lo contrario lo que es a nuestro juicio un desatino. El tratado del 92 en todo caso agrega, no deroga y minimiza los acuerdos de 1870.

- ¿Porqué no se han constituido aún las Comisiones de trabajo conjunto fijadas por ese Tratado? - Espero que en estas horas se comience a trabajar en esta Comisión.

En la última semana los diputados Jesús López-Medel y Jaime Mario Trobo han realizado sendas solicitudes de informe en sus respectivos países. El Tratado plenamente vigente de 1870, no es reconocido por Extranjería de España. No hay ninguna muestra de voluntad política por parte del gobierno peninsular que haga pensar que se va a tener en cuenta la igualdad de derechos como nación más favorecida, tal lo que establece el artículo 8 del mismo.

^*1 Jaime Trobo, diputado del Partido Nacional por Montevideo, integrante de la lista 71 del Herrerismo.

^*2 Enrique Pintado, diputado del Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio por Montevideo, lista Nueva Mayoría.

^*3 Julio María Sanguineti, Partido Colorado, ex presidente de la República durante los periodos 1985-1990 y 1995-2000.

Graciela Vera, periodista independiente, en Almería, en el sur del norte, a 27 de enero

UN AMIGO DE LOS URUGUAYOS

EL DIPUTADO POPULAR J. LÓPEZ-MEDEL VIGILA POR NOSOTROS

No resulta el mejor momento para que los Ministros de Relaciones Exteriores de España y de Uruguay se enfrasquen en la negociación de un Tratado firmado hace más de 135 años.

Y no lo es, no porque no sea necesario sino porque en Uruguay es verano, época de vacaciones; interrumpidas en esta ocasión por el hasta ahora problema y quizás muy pronto conflicto en toda regla, con la Argentina por la instalación de las fábricas de papel.

En España el escenario político no necesita salir de fronteras para encontrar situaciones discordantes y, si mantener unida a España y tranquilos a los militares no ocasionara ya suficientes dolores de cabeza al Gobierno, desde el exterior los EEUU, entre comentarios extraoficiales y vetos, mantienen sobre ascuas al Canciller

Definitivamente, no es el mejor momento para distraer a los ministros; la situación exterior de los dos países puede ponerse como excusa porque simplemente, cuando una parte no tiene interés en dar solución a un problema, la otra encuentra que es casi imposible coordinar la agenda de reuniones.

Recordamos que en febrero del 2004 los cancilleres Ana Palacio de España y Didier Operti de Uruguay, habían acordado de buen talante iniciar una ronda de conversaciones para dar solución al tema.

¿Solucionar la situación de los uruguayos que han venido a España a trabajar y traer parte de su cultura traducida en una educación que está por encima de la media nacional?

En este problema no hay nada que solucionar porque no hay más que dos opciones: cumplir con el Tratado Internacional de 1870, que ha sido reconocido por Jueces de distintos Tribunales, incluidos los del Supremo de España; o no cumplirlo aduciendo que en este momento no es posible porque los intereses españoles no son los beneficiados.

El problema, si lo hay, es para España y radica en la falta de credibilidad que en el futuro pueden reconocerle cuando sus gobernantes firmen algún acuerdo o tratado internacional.

Sin embargo y por la actitud asumida por este Gobierno, ‘el tema le cae flojo al presidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus asesores en inmigración.

PARLAMENTARIOS DE LOS DOS PAÍSES AÚNAN ESFUERZOS

En el mes de diciembre los diputados uruguayos Jaime Trobo (Partido Nacional) y Enrique Pintado (Frente Amplio) mantuvieron una serie de contactos con legisladores españoles.

La recepción fue muy buena, especialmente entre los representantes del Partido Popular.

Precisamente fue el diputado Jesús López-Medel del PP quién presentó una proposición no de ley para que la validez del Tratado de 1870 y la situación de los uruguayos en la península figurara en el orden del día de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España.

La Comisión aprobó por unanimidad instar al Gobierno a iniciar un proceso de negociación según el Tratado de Cooperación y Amistad firmado en el año 1992 por los presidentes Felipe González y Luis A. Lacalle, que prevé la formación de una Comisión de Alto Nivel presidida por los Cancilleres de ambos países.

La resolución parlamentaria instaba “al gobierno para que ante la controversia surgida acerca de la interpretación del Tratado de Reconocimiento, Amistad y Cooperación de 1870 con la República Oriental del Uruguay y las implicaciones de la legislación española y las implicaciones de España con la Unión Europea, así como de la diversa jurisprudencia española en la materia, se aborde en el plazo máximo de cuatro meses, conjuntamente con las autoridades uruguayas, en el marco de la Comisión de Alto Nivel prevista en el Tratado General de Cooperación y Amistad de 1992 la cuestión del régimen de entrada, trabajo y residencia de los ciudadanos uruguayos mediante la aplicación de los criterios más favorables…”.

Ha pasado un mes y no se han iniciado contactos para la formación de esa comisión. Los Ministros de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Morantinos y Reynaldo Gargano no se han reunido y la negociación podría ameritar un tiempo superior a los tres meses que restan.

Es en este punto, cuando los uruguayos nos sentimos indefensos ante la actitud del Gobierno de España, que aparecen un amigo.

No es el único que tenemos en el Congreso.

Jesús López-Medel se ha autoasignado el papel de vigilancia de que lo instado por deseo de los congresistas españoles sea cumplido.

Su pregunta al Gobierno es directa: ¿Va a la Comisión que se formaría con ánimos de negociación o dando por sentado el no?

Este viernes, 20 de enero, López-Medel eleva a la Mesa del Congreso de Diputados una nota preguntando por la situación, reclamando respuesta escrita.

Por gentileza del mismo tenemos acceso al borrador del documento que hoy será presentado con las firmas correspondientes.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS D. Jesús LOPEZ-MEDEL, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

El 21 de diciembre, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó por unanimidad instar al Gobierno a que entre la controversia surgida a la interpretación del Tratado de Reconocimiento, Amistad y Cooperación en 1870 con la República Oriental de Uruguay se aborde en el plazo máximo de cuatro meses conjuntamente con las autoridades uruguayas, en el marco de la Comisión de Alto nivel previsto en el Tratado General de Cooperación y Amistad de 1992, la cuestión del régimen de entrada, trabajos y residencia en España de los ciudadanos uruguayos mediante la aplicación de los anteriores más favorables.

Ante tal previsión, y teniendo en cuenta la constante y reiterada jurisprudencia de diversos Tribunales españoles estimando las demandas de ciudadanos uruguayos, se formulan las siguientes preguntas: ¿En la reciente orden de expulsión del ciudadano uruguayo Mykool Roul Pujal Medina, dictada por la subdelegación del Gobierno en Toledo se ha tenido en cuenta o, por el contrario, no se ha valorado el Acuerdo del Congreso y las inminentes reuniones a alto nivel de ambos países para solucionar el asunto general?

¿Dicha orden de expulsión, dictada con posterioridad al acuerdo unánime de todos los grupos, significa que la actitud del Gobierno español en dichas reuniones va a seguir petrificada por una interpretación muy restrictiva de dicho Acuerdo el cual tiene el rango de Tratado entre ambos países?

Madrid, 19 de mayo de 2006 Vº BºEL SECRETARIO GENERAL Fdo.: EL DIPUTADO

 

Graciela Vera, periodista independiente, en Almería, en el sur del norte, a 20 de enero de 2006

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN URUGUAY?

Miércoles 10 de agosto hora 19 española, hora 14 uruguaya ¿Qué está pasando en estos momentos en Uruguay? Supuestamente hace una hora que la vicepresidenta de España arribó al aeropuerto de Carrasco. La visita de la Sra. María Teresa Fernández de la Vega crea expectativa en todos los uruguayos que, por necesidad de consolidar derechos o por orgullo de que su país de una vez por todas salga con la cabeza alta a defender los intereses de sus ciudadanos, esperan un pronunciamiento sobre el Tratado que en 1870 firmaron el reino de España y nuestro país. Había hecho un paréntesis en la continuidad de mis artículos respecto a la temática inmigratoria en España. Consideré que había dicho todo lo que tenía que decir y que, entendido o no, quedaba poco más que esperar el resultado de un partido que estaba recién comenzando. Los uruguayos tenemos la costumbre de hablar en términos futboleros. Entendamos mucho, poco o nada de fútbol al menos sabemos que hubo un maracanazo y cuatro campeonatos, dos mundiales y dos olímpicos y eso influye en nuestra terminología. Si hasta el fútbol nos trae a la mente preguntas referidas al mismo tema: inmigrantes. ¿Si preguntamos si son menos inmigrantes quienes vienen contratados por un equipo de fútbol que quienes traen apenas un sueño en la valija posiblemente despertemos mentes? Contrato en destino. Existe la cláusula diferencial pero esa misma cláusula señala que se contratará siempre que no haya españoles que puedan ocupar ese mismo puesto, en paro. No dudo que estoy diciendo tonterías porque difícilmente la lista de paro de la Seguridad Social tenga un rubro para futbolistas. Y tampoco queremos que nuestros muchachos, los que empezaron en los campitos de cuarta o en los baldíos de los barrios dejen de entrar, triunfantes al fútbol europeo. Pero ese derecho a pisar fuerte cuando se baja del avión en Barajas o en El Prat, lo tenemos todos los uruguayos. El Tratado cuya vigencia reclamamos dice claramente que los uruguayos tenemos derechos en España del mismo modo que los españoles los tienen en Uruguay y es sobre ese derecho que esperamos que en Montevideo hable y deje firme nuestra posición, el Presidente Vázquez con la Sra. vicepresidenta. de España.. Sin embargo hay algunos puntos de esta visita que se está desarrollando mientras a más de doce mil kilómetros escribo estas líneas, que no cuadran en nuestras (los de los uruguayos en España) expectativas. Un comunicado de la Asociación de Uruguayos en Cataluña resulta al respecto, muy ilustrativo. ^*1 Si nos sorprendió que en la página web oficial de la Presidencia de la República se tratara esta visita apenas con un comunicado en la sección Noticias Actualizadas (miércoles 10 hora 20.30 de España, 15.30 de Uruguay); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Conferencia de prensa de la Vicepresidenta del Gobierno Español. La Vicepresidenta del Gobierno español María Teresa Fernández de la Vega, ofrecerá una conferencia de prensa este miércoles 10, a las 18.30 horas, en la sede del Centro Cultural de España ubicado en la calle Rincón 629. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada más señores, tan sólo tres líneas y el anuncio de una conferencia en el Centro Cultural de España. Pero más desilusión sentí al buscar alguna información en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. ¡Nada! Simple y sencillamente no hay ni una referencia a la visita de quién en este momento, quienes vemos la actividad política española podemos reconocer que tiene casi (o sin casi) el mismo poder de decisión que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Tuve que llegar a la prensa privada y aquí sí que se me pusieron ‘los pelos de punta’. Voy a transcribir lo que dice el diario El Observador:

La vicepresidenta primera del gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, llegó este miércoles a Montevideo procedente de Brasil para cumplir una breve visita a Uruguay, que comprende un encuentro privado con el presidente Tabaré Vázquez. Fernández de la Vega fue recibida por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Belela HerreraPosteriormente, se trasladó a la Embajada de España donde se le dará la bienvenida por parte de la colectividad española en Uruguay.En horas de la tarde Fernández de la Vega se reunirá con el mandatario uruguayo en la residencial presidencial de Suárez.Según fuentes diplomáticas el encuentro tendrá vinculación directa con la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, prevista para el próximo mes de octubre en Salamanca, España.La visita de unas diez horas a Uruguay, país elegido para la organización de la XVI edición de la reunión Iberoamericana que tendrá lugar en la primavera de 2006, cierra la gira de Fernández de la Vega, que ha comprendido a Costa Rica, Chile, Argentina y Brasil.Fernández de la Vega y su comitiva viajarán esta misma noche a Madrid, tras dar una conferencia de prensa en el Centro Cultural de España en Montevideo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ La agenda política no abarca para nada el Tratado de 1870. Posiblemente se haya acordado así. Ni siquiera el Canciller uruguayo recibe a la Vicepresidenta. Tampoco está previsto que hable con ella. La política sacrifica muchas cosas, incluida la dignidad, para que el apretón de manos sea lo que los intereses del momento quieren que represente. Uruguay ha perdido… me rectifico, está perdiendo en estos momentos una gran oportunidad. Los uruguayos en España queremos saber ¿qué está pasando?, pero lo quieren saber también los uruguayos en el resto del mundo, especialmente los que están en Uruguay preparando las valijas y que una encuesta reciente, lamentablemente nos ha mostrado que son muchos. Pero resulta triste ver como la pelota se mantiene en el centro del campo con peligro para nuestra área y no se dice lo que desde aquí esperamos oír. Sería muy fácil contrarrestar las respuestas que seguramente se darían ante la insistencia uruguaya (si la hubiera habido) respecto a la validez del Tratado de 1870. El artículo 96.1 de la Constitución Española dice:
”Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento jurídico interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas, en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional".

Y resulta que los artículos 14 y 18.1 del Tratado General de Cooperación y Amistad celebrado en 1992 entre España y Uruguay, ratifican y confirman la vigencia del Tratado de 1870. Según el artículo 96 de la Constitución española, un ‘tratado internacional’ vigente no puede ser abrogado, desconocido ni modificado por ley posterior.

El apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece que este reglamento queda está supeditado a lo que dispongan los convenios internacionales suscritos que anteriormente hubiera suscrito España.

Y ante la excusa española de que su ingreso a la Unión Europea y la firma de Tratados con los Estados miembros ‘le impide’ el cumplimiento del Tratado de 1870 quedaría a criterio de los especialistas desestimada ya que consideran que el Acuerdo de Schengen no afecta la vigencia de tratados firmados con terceros países con anterioridad a la firma del mismo. De estas respuestas que son la base de la solicitud de informe ^*2 que Parlamentarios catalanes han dirigido al Gobierno, depende el futuro de muchos uruguayos. Quizás 20 sentencias judiciales de Juzgados de Primera Instancia y una sentencia del Tribunal Supremo de España avalen la solidez de nuestros reclamos y determinen ese futuro. Las sentencias de los Jueces españoles reconocen la vigencia del Tratado de 1870 atendiendo a que el artículo 234 del Tratado de la Comunidad Económica Europea establece con total claridad que : “las disposiciones del Tratado no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados, con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo, entre uno o varios Estados miembros" AHORA SÓLO QUEDA EL ARRAIGO LABORAL De las 690.679 solicitudes recibidas durante el último proceso de regularización de inmigrantes ilegales, a fines de julio aún estaban en trámite el 22.7% y se habían registrado 352.522 altas en la Seguridad Social. Quedaron muchos más de los 25.000 que han estimado las autoridades, sin papeles. Pero según el Gobierno, no es momento de desesperar porque a pesar de aquel: ‘última oportunidad’ que tantas veces utilizó para instar a la regularización Y sin importar que a cuatro meses de cerrado el proceso muchos no tengan aún una respuesta, y que los que quedaron sin papeles sean mucho más que los 25.000 que estiman las autoridades; y a pesar de aquel: ‘última oportunidad’ que tantas veces utilizaron para instar a la regularización, se abrió ayer otra oportunidad. La solicitud de residencia por arraigo laboral. Y a ésta podrían optar los 125.000 los inmigrantes que habían quedado fuera de la anterior regularización. … Ésta es otra instancia; ahora se abre un proceso que todos sabíamos existía… no es nuevo, siempre existió el procedimiento de solicitud por arraigo para quienes tuvieran dos años residiendo en España. No fue un procedimiento muy utilizado por dos motivos sustanciales. Por parte de las autoridades se le puso muchas trabas a las resoluciones, por parte de los inmigrantes, la denuncia de sus empleadores podía significar el no volver a trabajar. ¿Qué pasará ahora? La duda surge precisamente de la palabra ‘denunciar’ que es lo que deberán hacer los sin papeles para acogerse al proceso de arraigo laboral. Deberán probar que han estado residiendo en España durante un periodo mínimo de dos años; carecer de antecedentes penales tanto en España como en su país de origen y demostrar que han estado trabajando por un tiempo no inferior a un año. Para hacerlo es necesario denunciar ante la inspección de trabajo al patrón para el que trabajan o trabajaban. Una vez realizada la delación, el inmigrante que se ha atrevido a arriesgar su futuro como contratado (del actual o de otros patronos), saldrán los inspectores de trabajo a levantar actas a los patronos denunciados. Pero habrá que probar. Y para ello el acta de infracción al empresario denunciado se enviará a la autoridad gubernativa, que es a quién le compete conceder o no la autorización para que la Inspección de Trabajo proceda de oficio dando de alta en la seguridad social al inmigrante irregular con efecto retroactivo y para que levante acta de liquidación de las cuotas no pagadas. Pero mientras para los gobernantes y CCOO esto será una solución ‘sin excusas’ para que miles de sin papeles puedan obtener los permisos de residencia y trabajo; sin dejar de reconocer que sería ideal que todos los empresarios tomaran conciencia de que no pueden seguir aprovechándose y explotando la desesperación de quienes no consiguen obtener derechos para reclamar. La situación no es fácil para quienes buscan desesperadamente obtener papeles. Entre ellos hay muchos uruguayos que no deberían estar en esas listas porque tienen derecho a trabajar y residir sin presiones. Carlos Gómez Gil, director del Observatorio sobre la Inmigración de la Universidad de Alicante (Valencia) ha hecho algunas observaciones que por sí solas nos permiten hacernos una idea más concreta de la situación. Quizás sea hora de que las autoridades uruguayas las tengan presente. Para acogerse al arraigo laboral, el extranjero debe acreditar dos años de estancia continuada en España, carecer de antecedentes penales, tanto en España como en su país de origen o de anterior residencia, y demostrar la existencia de un año de relaciones laborales como mínimo a través de una sentencia judicial favorable o una resolución que confirme el acta de infracción de la inspección de Trabajo.

Estos requisitos son bastante difíciles de conseguir si se tiene en cuenta que cuando un extranjero irregular denuncia una situación de abuso laboral está reconociendo su situación de estancia ilegal en el país con lo que puede ser expulsado, caso que ya se ha dado. …………………………………………………………………….. Además, no sólo es cuestión de denunciar, sino hay que tener una resolución favorable. Otro de los problemas es probar esa situación de abuso laboral…… ……………………………………………………………………………… …. son muy pocos los extranjeros que van a poder acogerse a este proceso, ya que hay que reunir unos requisitos muy determinados para poder acceder a él. «No puede llamarse regularización, es una vía muy concreta para situaciones de abuso que puedan demostrarse». El hecho de ser una figura jurídica nueva hace imposible cuantificar el número de extranjeros que podrán acogerse al arraigo laboral. La Delegación de Gobierno de la Comunidad Valenciana, ha dado cifras y señalado situaciones que no dejan de ser preocupantes, más si tenemos en cuenta que la referencia se basa en una sola comunidad: Valencia y las cifras están dadas al 29 de julio pasado. (copia textual)Cerca de 109.000 inmigrantes residentes en la Comunidad Valenciana artiparon en el proceso de regularización extraordinario desarrollado entre febrero y mayo de este año. En las oficinas de Extranjería se sigue revisando expedientes. Pero de los casi 85.000 resueltos, sólo 50.121 se han traducido en altas en la Seguridad Social, requisito éste imprescindible para conseguir los papeles.

El contrato de trabajo abre la puerta al inmigrante para acceder a la regularización, pero si transcurrido un mes desde que se resolviera satisfactoriamente su expediente, el empresario no inscribiera al extranjero en la Seguridad Social, éste perdería automáticamente el derecho a los papeles que por unos días acarició. Y en ese trance, en comprobar si el contrato traspasa las oficinas de la Seguridad Social, se encuentran más de 28.000 extranjeros, cuyos expedientes han superado el primer escalón, pero no el último. Otros 7.000 han visto denegada su solicitud y quedan aún casi 10.000 en espera de respuesta. ^*1 . Asociación de Uruguayos en Catalunya

Ante la visita de la Vicepresidenta de España Sra. María Teresa Fernández de la Vega, a las 13 horas el día 10 de agosto de 2005, al Aeropuerto de Carrasco, en su gira continental preparando la Conferencia Iberoamericana que se realizará en Salamanca, expresamos:

_ Que nos llama poderosamente la atención ante la llagada de una ilustre personalidad, además de ser la Vicepresidenta de España, no se haya realizado con antelación la difusión pública.

_ Denunciamos una vez mas la no aplicación de los Tratados de 1870 y 1992, por parte del Gobierno de España, desconociendo 1 sentencia de Tribunal Supremo y 20 de jueces españoles, la última de ellas en el mes de mayo pasado en que se le concedió a 2 uruguayos, por parte del Tribunal de Logroño, permiso de residencia y trabajo en calidad de Autónomo, sin exigirle inversión previa.

_ Nuestra sorpresa ante la demora de notificaciones del Proceso de Normalización (a quienes han presentado correctamente sus papeles) que superan los 4 meses en muchos casos.

_ Que a partir del 8 de agosto de 2005 se puede regularizar quien no haya podido en el proceso de normalización, para ello debe contar con las siguientes condiciones:

• Tener 2 años de residencia ininterrumpida en España,
• Demostrar haber trabajado 1 año,
• Estar libre de antecedentes penales en el país de origen y en España.

Preguntamos como hace un trabajador al que ni siquiera se le expide un sobre, para demostrar que trabajo 1 año. Se le dan 2 opciones o que lo encuentre un Inspector, -para ello hay que hacer la denuncia- demostrarlo en forma documental o por medio de un compañero de trabajo que le salga de testigo, cualquiera de estos supuestos son prácticamente imposibles y por si fuera poco se informo a toda pompa en la prensa para que los empresarios despidan antes de que le hagan la denuncia.

_ Las dificultades de los inmigrantes a los que las empresas les están realizando ofertas de empleo por Régimen General, ya que la información oficial es que una vez en el país de origen no se le concederá el visado, esto implicaría que el propio inmigrante se paga su expulsión.

Por tanto entendemos momento idóneo para que la Sra. Vicepresidenta responda a estas preguntas en una tierra que si supo acoger a sus compatriotas.

Barcelona, 9 de agosto de 2005.

Rómulo Correa – Presidente
Fanny Canavese - Secretaria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^{*2 –}GRUPOS PARLAMENTARIOS ESPAÑOLES DE CATALUÑA, AL IGUAL QUE EN SU MOMENTO LO HICIERON PARLAMENTARIOS DE GALICIA, SOLICITAN INFORMACIÓN SOBRE EL TRATADO DE 1870 Y SU NO APLICACIÓN TRATADO - A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 29 DE JULIO DE 2005

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el diputado adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.

El artículo 8 del Tratado de Paz y Amistad entre España y Uruguay —de 1870—, dispone:

"Los súbditos españoles en la República Oriental del Uruguay y los ciudadanos de la República en España, podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes muebles e inmuebles, extraer del País sus valores íntegramente, disponer de ellos en vida o por muerte y suceder en los mismos por testamento o ab intestato, todo con arreglo a las leyes del País, en los mismos términos y bajo iguales condiciones que usan o usaren los de la Nación más favorecida".

Por su parte y respecto de los tratados, la Constitución española, en su artículo 96.1, dispone:

"Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas, en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional".

Por otra parte, los artículos 14 y 18.1 del Tratado General de Cooperación y Amistad celebrado en 1992 entre España y Uruguay, ratifican y confirman la vigencia del Tratado de 1870.

Las autoridades españolas han invocado, como fundamento del rechazo y expulsión de visitantes uruguayos, los artículos 25 y 26.2 de su Ley Orgánica 4/2000, así como el artículo 7 del Reglamento de ejecución de dicha Ley.
Estas disposiciones regulan el ingreso de extranjeros a España, sólo lo autorizan en determinadas condiciones y facultan a denegar la entrada de quienes no cumplan los requisitos establecidos. Sin embargo, tales preceptos legales resultan inaplicables a los ciudadanos uruguayos, pues su libre ingreso y trabajo —a España y en este país— está amparado por un tratado vigente, que, de acuerdo al citado artículo 96 de su Lex Magna, no puede ser abrogado, desconocido ni modificado por una ley posterior El apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social abunda en que dicho reglamento está supeditado a lo que dispongan los convenios internacionales suscritos por España:

“Artículo 1. Entrada por puestos habilitados.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto por los convenios internacionales suscritos por España, el extranjero que pretenda entrar en territorio español deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje en vigor que acredite su identidad y que se considere válido para tal fin, estar en posesión de un visado válido cuando éste sea exigible, y no estar sujeto a prohibiciones expresas. Asimismo, deberá presentar los documentos determinados en este reglamento que justifiquen el objeto y condiciones de estancia, y acreditar la posesión de los medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España o, en su caso, estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios”.

Otro texto invocado por las autoridades españolas es el Acuerdo de Schengen, así como su Convenio de Aplicación —de 14 de junio de 1985 y de 19 de junio de 1990, respectivamente—, celebrado por quince países europeos, uno de los cuales es España, en cuyo mérito esas naciones unificaron sus disposiciones sobre la entrada y estancias de corta duración por parte de extranjeros, en el llamado "espacio Schengen".

Sin embargo hay juristas que consideran esta invocación errónea, por la obvia razón de que Uruguay no es parte en el citado Acuerdo y, por tanto, sus disposiciones no pueden obligarlo. Del mismo modo, un contrato celebrado entre A, B y C, no puede obligar a D ni enervar los derechos que éste adquirió en razón de un contrato anteriormente celebrado con anterioridad.

Ningún sujeto de derecho puede extinguir unilateralmente las obligaciones ya contraídas con otro sujeto de derecho, sin el consentimiento del mismo y sin sujeción a lo pactado entre ellos a los fines de la extinción del pacto o contrato creador de tales obligaciones.

En consecuencia, no es descabellado considerar que el llamado Acuerdo de Schengen en nada afectó la vigencia y el obligatorio cumplimiento del Tratado hispano-uruguayo de 1870.

¿Está cumpliendo, el Gobierno, el Tratado de Paz y Amistad entre España y Uruguay?

Teniendo en cuenta que los tratados tienen mayor fuerza –o jerarquía normativa- que las leyes ¿cómo es posible que el Gobierno invoque, como fundamento de rechazo y expulsión de visitantes uruguayos, los artículos 25 y 26.2 de la Ley Orgánica 4/2000, así como el artículo 7 del Reglamento de ejecución de dicha Ley? ¿Tiene intención, el Gobierno, de modificar su política respecto a los ciudadanos uruguayos con el fin de adecuarla a la legalidad vigente? En caso afirmativo, ¿cuándo? En caso negativo, ¿por qué?

Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 29 de Julio de 2005 Graciela Vera – periodista independiente, desde Almería, en el sur del norte, a 10 de agosto de 2005

 

¿QUÉ CULPA TIENE LA VACA...?

¿QUÉ CULPA TIENE LA VACA SI YO ME OLVIDO DE RETIRAR LA CACEROLA DEL FUEGO?

Estaba leyendo, escuchando comentarios y tratando de pensar para ordenar las ideas en torno a un asunto que ha escapado de la lógica y no pude menos que preguntarme ¿QUÉ CULPA TIENE LA VACA SI YO ME OLVIDO DE RETIRAR LA CACEROLA DEL FUEGO?

La falta de reconocimiento por parte del gobierno español de los derechos que el Tratado de 1870 otorga a los uruguayos en España, similares a los que otorga a los españoles en Uruguay, no puede transformar el calificativo de pueblo orgullosamente culto que recibe el uruguayo.

No pueden influir las decisiones del gobierno de España en la hospitalidad que los uruguayos brindamos a los españoles que han elegido nuestro país para vivir y trabajar.

Desde hace más de dos años, desde el escaparate que me ofrece Informe Uruguay (www.uruguayinforme.com) vengo reclamando el derecho de los uruguayos a residir y trabajar en tierra española no sólo por una justa correspondencia sino también porque existe un Tratado que avala este derecho desde 1870 y otro de 1992 que lo ratifica en todo.

En este tiempo en España hemos vivido dos gobiernos opuestos en su ideología pero muy identificados en un mismo criterio respecto a la inmigración: los inmigrantes son mano de obra.

En este tiempo se ha pasado de una ley restrictiva a la promesa de soluciones que no han llegado para todos, ni mucho menos, hasta este severo control sobre todo aquel que por sus rasgos o voz delata ser extranjero y por su actitud, ilegal.

Me he referido a extranjero sin permiso de residencia, para nada estoy puntualizando en ciudadanos uruguayos en particular.

El control, las exigencias, las expulsiones, las retenciones en aeropuertos son generales.

En la frontera marítima de España con Marruecos, a lo largo de toda la costa se han montado operaciones de vigilancia y quienes intentan –varios cientos por semana- ingresar al territorio peninsular son detenidos, atendidos correctamente por la Cruz Roja e inmediatamente trasladados a puntos de concentración (Centros de Acogida) y reenviados a su país de origen o, de no existir acuerdos en tal sentido o no identificar el país de marras, el inmigrante permanece detenido en situación precaria y por la saturación de estos centros, nada confortable.

En los aeropuertos la detección y detención resulta más fácil. No se está realizando una persecución en particular de los uruguayos que intentan ingresar sino de los latinoamericanos en general.

Más difícil tiene España el control de su frontera terrestre. Las aduanas rechazan pero los caminos rurales y senderos que unen España y Francia a través de los Pirineos son muchos y difíciles de controlar. Muchas veces los mismos que los españoles utilizaron para huir a Francia en la época franquista.

En muy pocas ocasiones nos hemos referido a esta frontera porque no es la que utilizan con frecuencia los uruguayos; porque si bien nos hemos referido a la problemática de la inmigración en general, como orientales no preocupa sobremanera y tratamos en especial la situación de los compatriotas.

Y al hablar de la situación de los uruguayos en España no nos referimos al trato que el pueblo español nos brinda. En ese pueblo puede haber quién nos observe con recelo, quién se niegue a darnos la mano, pero esos, si existen son una minoría tan pequeña que no llegamos a notarla.

La realidad es la otra, la del respeto y la consideración. Me atrevo a afirmar que a los uruguayos se nos respeta más que a la mayoría de los inmigrantes. Quizás porque tenemos muchos pesos pesados como embajadores (no me refiero a la representación de nuestra Embajada y Consulados).

Por todo esto, cuando leí que en Montevideo se habían pintado paredes con leyendas vejatorias para los españoles me dolió mucho. Tanto como me dolería, que al salir esta tarde de mi casa me encontrara con un graffiti vejatorio de mi patria.

¿Qué es cosa de unos pocos inadaptados? – No lo dudo; pero esos pocos ya lograron llevar su nefasta actitud al mundo.

Por suerte vivimos en la época de las comunicaciones y podemos entendernos de uno al otro lado del planeta en el mismo instante.

Por desgracia esta facilidad de llegar a todos los rincones nos hace tremendamente protagonistas, más de lo que muchos deberían serlo.

Cuando el embajador de España en Uruguay, Fernando Valderrama, realizó algunas manifestaciones referentes a la actuación de nuestros Representantes consideré que estaba incurriendo en una falta de profesionalidad; cuando hizo observaciones sobre el Tratado de 1870 y su no vigencia y alguna recomendación a nuestras autoridades, vi en su proceder una falta de información; cuando habló de amenazas a personas e intereses de españoles y a sí mismo consideré que estaba desacreditando interesada y concientemente a nuestro país.

En los dos primeros tópicos sigo pensando igual pero en su denuncia de amenazas lamentablemente tengo que decir que me equivoqué al creer que los uruguayos no íbamos a caer tan bajo ^*1.

¿Qué pasaría en España si un ‘Comando de Vigilancia de Uruguayos’ actuara en forma similar?

Nos guste o no, compartamos o no las opiniones, uruguayos y españoles estamos unificados en nuestros respectivos países como un todo y aunque sepamos que no es la totalidad del pueblo español el que impide que uruguayos ingresen a España, como no es la totalidad el pueblo uruguayo el que amenaza a los españoles que viven en Uruguay, para muestra basta un botón o, mejor dicho; hay siempre quién sacará provecho de las situaciones de otros y quién no necesitará más que lo que ya hay para tensar la cuerda y quizás, guardar los recortes de prensa para utilizarlos en otro momento más conveniente a sus intereses.

Los españoles que han forjado el progreso de Uruguay con su trabajo; que llegaron como inmigrantes en condiciones mucho más precarias que las de los uruguayos que se ven forzados a emigrar; que no solo huían de la miseria sino también de una guerra fraticida que aún hoy día sigue separando hermanos; que aceptaron trabajos humildes y con tesón llegaron a forjar empresas industriales y comerciales de envergadura, no son culpables de que alguien en su país interprete según los intereses del momento una ley y que, desconozca la palabra reciprocidad.

No lo son como no es la vaca culpable de que se derrame la leche cuando yo me olvido de retirar la cacerola del fuego.

Por otra parte y con una mano puesta sobre el corazón ¿Puede acaso el tonto que en Montevideo se dedicó realizar pintadas contra la colectividad española explicarme, que somos la inmensa mayoría de los orientales si no es descendientes de europeos?

En Uruguay no hay tribus indígenas desde hace 174 años; el escaso número de indios charrúas que escaparon de la masacre de 1831 de ‘Salsipuedes’ y los guaraníes, ya integrados durante la colonización a la civilización europea impuesta antes de la independencia, no tuvieron una descendencia pura.

Mezclaron su sangre con la europea, principalmente con la española. El gaucho, el mulato, nada es ajeno a España. Si hasta nuestro máximo referente de libertad, José Gervasio Artigas es nieto de españoles.

En España no hay pintadas contra los uruguayos, es más, existe ignorancia sobre lo que está ocurriendo respecto al Tratado de 1870 porque la prensa no se ha hecho eco de estos sucesos y tal vez, porque los españoles ubican a los americanos como una sola nación y cuesta mucho que comprendan las enormes distancias y las diferencias que hay entre uno y otro país, si se comentara se unificaría en una sola bolsa muchos problemas diferentes resultando contraproducente a nuestros intereses.

Creo que hace bien el Canciller Reinaldo Gargano al pedir que se baje la pelota al piso. Futbolísticamente hablando, no podemos seguir tirando balonazos con la intensión de dejarle un ojo en negro al contrario, más que en la de ganar un partido.

El partido tiene dos tiempos y aún no ha comenzado el segundo. Uruguay y España están en la etapa de precalentamiento.

Como espectador diría que tenemos buenas posibilidades si sabemos jugar técnicamente en profundidad pero, si comenzamos a perder la pelota y dejar que el rival gane posiciones el marcador puede resultar contrario a nuestras expectativas.

Desde la pitada inicial estamos contando con buen director técnico.

Yo diría que hay estrategia en el juego y el banquillo yoruga se muestra tranquilo a pesar del nerviosismo de un importante sector de la hinchada y la colaboración de otra parte del público.

En la otra cancha ya hay cambios.

Y los cambios significan que las cosas no están saliendo tan bien.

Primero se sustentó por parte del gobierno español la teoría de que el Tratado de 1870, cuyo cumplimiento reclama Uruguay, no está vigente.

Uruguay respondió con un pase largo que llegó a la media cancha rival. La jugada charrúa hace constar que el Tratado nunca fue recurrido por lo que su vigencia es plena.

Atajado a medias el avance uruguayo por la retaguardia hispana se produjo un contraataque defensivo, una jugada poco entendible pero factible de anular al contrario.

Desde la media cancha se intentó que el balón describiera una curva haciendo recaer el motivo del incumplimiento del Tratado en los posteriores Acuerdos y Tratados de integración a la Unión Europea entre este organismo y España.

Excelente atajada del arquero celeste.

La legislación comunitaria especifica que habiendo Tratados firmados con terceros países, anteriores y vigentes al momento de la firma de los Acuerdos con la UE, éstos no perderán su validez.

Nuevos intentos de contraataque del equipo rojo. No hay éxito.

Algunos pases en profundidad de los charrúas traen al campo varias resoluciones judiciales que ponen a España en muy difícil situación.

Desde las gradas llega el aliento incansable de la afición celeste.

Los cantos refieren a la interposición de recursos judiciales y a la intervención de tribunales internacionales.

Lamentablemente, a esta altura el partido comienza a enturbiarse y en cualquier momento uno de los equipos podría quedarse con diez jugadores.

Llegamos al final del primer tiempo y el técnico de Uruguay pide que se juegue con flexibilidad y se realice un permanente trabajo político para poder destrabar el marcador.

*1 El autodenominado ‘Comando de Control de Españoles Nativos en Territorio Uruguayo –CENTU’ envió al embajador español Fernando Valderrama y a integrantes de la colectividad española en Uruguay un mail informándoles que hay 150 integrantes del ‘comando’, a los que identifica como ‘agentes’, que realizarán actividades puntales de seguimiento y control de los españoles (de origen) y uruguayos hijos y nietos de éstos, radicados en Uruguay. El supuesto ‘férreo control’ comenzaría no bien cualquier ciudadano español ponga el pie en territorio uruguayo y se vendría llevando sobre los que son residentes en el país- implicando desde sus actividades hasta la vigilancia del pago correcto de sus impuestos. El CENTU también realizó una recomendación a los consumidores para que no adquieran productos de origen español.

Graciela Vera – periodista independiente, en Almería, en el sur del norte, a 8 de julio de 2005

En 1870 el Reino de España y la República Oriental del Uruguay celebraron un Tratado conocido como Tratado de Paz, Amistad y Cooperación.

En su artículo noveno este tratado especifica claramente que los españoles tendrán en Uruguay y los uruguayos en España, el mismo derecho para movilizarse, vivir, trabajar, comercializar, practicar sus profesiones, testar, etc., que los nativos del país.

En 1992 se firmó otro Tratado de Amistad y Cooperación que ratifica el anterior extendiendo los derechos incluso al voto en comicios municipales.

Nadie puso en tela de juicio la vigencia de estosTratados y los españoles han sido y son recibidos en Uruguay de puertas abiertas; muy distinto ha sido el recibimiento que España ha dado a los uruguayos en las últimas décadas. Ámparandose en leyes de Inmigración ha negado derechos consolidados por un Tratado Internacional desconociendo que éstos tienen mayor rango que las leyes nacionales.

Varias sentencias judiciales de Tribunales Superiores de diferentes Comunidades Autónomas y una sentencia del Tribunal Supremo han validado el derecho de los uruguayos a vivir y trabajar en España. No obstante la administración del Reino ha continuado en sus trece.

Los Tratados en cuestión pueden leerse en:

http://www.mrree.gub.uy/Tratados/MenuInicial/UruguayEspaña/TratadoRouEsp1870.pdf

http://www.mrree.gub.uy/Tratados/MenuInicial/UruguayEspaña/TratadoRouEsp1992.pdf

He escrito en reiteradas ocasiones dando mi opinión sobre este tema. En este blog intento reunir los distintos artículos e invito a participar a quienes tengan una opinión valedera, quieran comunicar o informar sobre este tema dirigiéndose por mail a: [e-mail] , G. Vera

SEÑORES ¿QUE HACEMOS?

EMIGRANTE

No creas que esta será tu tierra,
aquí serás siempre un emigrante
aún para quién te extiende la mano,
en fraterno gesto de amistad.

Desde tierras exóticas,
desde un mundo distinto
donde dejaste parte de tu corazón,
arrastras el nombre universal:
emigrante.

Llegaste en oleadas,
barcos repletos de ilusiones,
sueños españoles,
arrancados a una patria herida,
gallegos que bajaron
de sol a sol sus cabezas, para
levantarlas orgullosos
al final de la jornada.

Sueños italianos,
con las manos llenas de vides,
y el corazón moreno de cantos.
Sueños gringos,
ingleses, alemanes, suizos,
crisol de razas,
mezclando sudor y sangre
en tierras americanas,
integrando culturas,
adorando el mismo Dios,
tan solo una palabra:
emigrante.

Cruzando fronteras,
buscando apenas algo
a cambio de mucho más,
ahora aquí, ahora nosotros,
hijos de la América abierta
en canales de desesperanza,
hermanos que buscan
lo que ya dieron,
tan solo una palabra:
emigrante.

Doloroso apodo,
ayer, hoy,
negación de patria,
extrañas, diferentes costumbres,
un mate, un lamento andino,
quizás más cercano
a la Europa que lo recibe,
un Alá que no es su Dios,
una piel que no es
de igual color,
todo resumido, apretujado
tan solo en una palabra:
emigrante.

         Graciela Vera

 

 

Los uruguayos somos respetuosos del orden instituido y porque sentimos propensión a que se cumplan las leyes es que tampoco en esta ocasión hemos bajado la cabeza y sí, hemos salido a reclamar nuestros derechos.

Si además nuestro gobierno, que en definitiva y en esta oportunidad somos todos y cada uno de nosotros, se ubica a nuestro lado, no le tememos a ningún imperio porque en ésto de consolidar libertades y derechos, podemos dar lecciones a muchas pseudo democracias.

Los uruguayos no estamos acostumbrados a ser tratados como delincuentes porque no lo somos, salvo que ser delincuente sea buscar un sitio donde trabajar.

Y si eso es delincuencia, ¿Qué país está en condiciones de arrojar la primera piedra sin que ésta tenga efecto de bumerang?

Pero los uruguayos, orgullosos por estirpe y por derecho, sentimos vergüenza al ser vejados y sentimos bronca, mucha bronca cuando intentan callarnos a base de prepotencia.

¡Cuidado! que el Obelisco sabe que es imposible que nos acurruquemos en silencio a rumiar heridas; tenemos la piel charrúa que cicatriza rápidamente; pero también tenemos la sangre española, italiana, alemana,… que hierve muy fácil y cuando lo hace alborota venas –porque las mezclas suelen ser explosivas- mucho más de lo que algunos intereses desearían para evitar que se pueda trastornar un orden mal constituido.

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El gobierno de Uruguay, todos los sectores políticos y la colectividad española en el país reclaman que el gobierno español cumpla el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad firmado en 1870 en el que se establece la libre circulación de personas entre los dos países.

Las autoridades españolas aducen que este Tratado ha quedado sin vigencia por la firma, por parte de España de una serie de leyes migratorias y tratados dentro del seno de la UE lo que queda desvirtuado con la misma legislación de la UE que establece con claridad que habiendo Tratados firmados con terceros países, vigentes a la conformación de la UE, los mismos mantienen su validez.

Las posturas que aduce España han sido desestimadas por sus propios juristas. Tribunales de Justicia de las Comunidades Autónomas, que en más de veinte ocasiones, y el Tribunal Supremo de Justicia que lo ha hecho en una, han fallado a favor de los ciudadanos uruguayos que han interpuesto recursos basados en el Tratado de 1870.

LA PIEDRA DE LA DISCORDIA

Son los dos artículos, 8 y 9 del Tratado de 1870, en los que se consolidan los derechos de trabajo y libre circulación de uruguayos y españoles en ambas naciones

El texto de los artículos ha sido reiterado repetidamente por lo que no vamos a redundar en los mismos.

España, pese a que nunca lo denunció, no reconoce la vigencia del mismo.

LA PIEDRA EN EL ZAPATO

Y nunca mejor dicho, hay una piedra en el zapato de Zapatero.

Un país pequeño, del que se habla poco salvo al nombrar la alineación de varios equipos del fútbol español le ha ‘plantado cara’ a la nación madre y su desplante puede obviarse como ‘noticia’ dentro de fronteras pero no se acalla a nivel internacional.

Y esa piedra, como todas las cosas que se consideran pequeñas, termina molestando más que las rocas y ¡pobre presidente haberse equivocado en la forma de quitársela!

Ciertamente que ni la pretendida superioridad de la Secretaria para Emigración Inmigración Consuelo Rumí, ni las terminantes manifestaciones del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Caldera han quitado leña al fuego.

Ambos mantienen su intransigencia.

LA PRIMERA PIEDRA DE LA CONTRAPARTIDA

(o la segunda en el zapato del Zapatero)

Jesús Gómez Rodríguez es un emigrante que vive en Uruguay donde nada ni nadie le ha impedido desarrollar sus actividades libre y legalmente; apodado Miño nació en Irixoa, Galicia.

‘Miño’ en un gesto de apoyo solicitó al gobierno uruguayo ‘permiso de residencia y trabajo conforme lo que establece el artículo 8 del Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad firmado por España y Uruguay en Montevideo, el 18 de julio de 1870’; lo hizo ante la negativa del gobierno español de reconocer la vigencia del Tratado porque, según sus palabras: ‘como ciudadano español, tengo que avergonzarme de la falta de memoria histórica y la inobservancia más flagrante del universalmente reconocido principio de reciprocidad, por parte de las autoridades españolas’.

LA HISTORIA RECIENTE EN ESPAÑA

… …comenzó la ‘caza de brujas’ o en este caso ‘de inmigrantes sin permiso de residencia’.

Las organizaciones de inmigrantes advierten que la policía ha incrementado la vigilancia y pone especial atención en detectar extranjeros en plazas o calles. Quien no presenta su documentación en regla es detenido y se le abre un expediente de expulsión.

Los latinoamericanos son especialmente controlados a su ingreso al país ya que su única puerta de entrada es a través de los aeropuertos donde la vigilancia es estricta y difícilmente sorteable.

Actualmente para ingresar a España, aún desde un país que no requiera de visado consular, hay que traer una carta invitación, dinero suficiente para mantenerse durante el tiempo de estancia (nunca más de tres meses), reserva de hotel y mucha suerte.

La suerte es esencial y en los últimos tiempos tiene directa conexión con la buena o mala onda del funcionario de migraciones de turno en el aeropuerto.

No entra porque su perfil no se adapta al de los ciudadanos de la Comunidad Europea.- La joven boliviana traía mil euros y la carta invitación; no gustó su aspecto físico.

No entra porque trae demasiado dinero^*1.- Una familia argentina (padre-madre-hijo) y 3.000 euros. ¿Demasiados para un simple viaje de turismo?

No pueden entrar porque según las autoridades tergiversaron datos sobre la persona que les invitó en España - La carta invitación era para una convención de gastronómicos. Equivocarse en el nombre del firmante no debería ser el motivo del impedimento. En El Prat los funcionarios de aduana impugnaron la validez de su documentación. Los documentos estaban en regla pero la pareja argentina integrada por Guillermo Weigel y su esposa Valeria no pudieron ingresar.

No llena los requisitos para otorgarle una visa.- Ni siquiera subir al avión, desde la embajada en su país el poeta peruano fue rechazado. Se movilizó un importante grupo de intelectuales para lograr que se le autorizara el ingreso a España. A él, ni por edad ni por afecto le interesaba en lo más mínimo quedarse en Europa.

REPRESIÓN CONTRA URUGUAYOS

No trae la carta y no entra.- Hasta el momento visitar a sus hijos se había encuadrado en un trámite normal.

En esta ocasión no importó al funcionario de turno que la mujer adujera que ignoraba este nuevo requisito ni que, ilusionada le dijera que venía a España para asistir al nacimiento de su nieto.

Desde Montevideo a Barajas y de Barajas a Montevideo de regreso luego de dos noches, mal durmiendo, en el mismo aeropuerto.

^*3 No.- En el aeropuerto de El Prat la joven, invitada por una amiga, con la carta en la mano resultaba sospechosa simplemente porque era joven. No pudo ni siquiera hablar con su amiga que estaba tratando de ayudarla en el mismo aeropuerto.

Falta la carta.- Daniela Visconti iba a realizar una visita familiar. No pudo concretarla porque no sabía que debía presentar la carta invitación. Quizás no le dio en su momento la importancia que los funcionarios de El Prat imaginan que tiene. Imaginan porque por fronteras terrestres o por agua ingresan diariamente muchos cientos de inmigrantes sin la famosa carta.

Documentos, por favor.- Eduardo Parga no los tenía cuando la policía se los pidió. Hacía un año y dos meses que vivía con su hermana y cuñado en Barcelona. Desde su llegada había trabajado en una empresa de mudanzas, un lavadero de autos y una estación de servicio. Cuando se inició el proceso de regularización obtuvo todos los documentos exigidos salvo el contrato ya que su patrón se negó a inscribirlo.

^*4 Desde el primero de junio ha sido negado el ingreso a una veintena de compatriotas, en algunos casos en forma totalmente arbitraria.

Un uruguayo fue detenido en Barajas cuando estaba en tránsito a Italia; su retorno se sumó a la lista de los que no pasaron los férreos controles de Madrid y Barcelona.

Otros 54 uruguayos que no pudieron regularizar su situación en el proceso ya cerrado, han recibido un cedulón oficial en el que son ‘invitados’ a retirarse de España en un plazo determinado.

Se estima que en estos momentos hay aproximadamente unos 6.000 uruguayos indocumentados.

Estas cifras que superan las que se manejaban hasta el momento surgen de simples operaciones matemáticas.

Según el Canciller Reinaldo Gargano, en el Consulado uruguayo se legalizaron 16.500 certificados de buena conducta y la Secretaria de Emigración, Consuelo Rumí aseguró que han sido 10.500 los uruguayos que han obtenido los permisos de residencia en esta última apertura.

EN URUGUAY……

se envió una alerta a los ciudadanos que están por viajar a España señalando que no es el momento oportuno para hacerlo y recomendando se viaje a España en casos sólo de extrema necesidad y siempre que se cuente con todos los documentos que este país pide actualmente y que incluye una carta-invitación que deberá ser registrada y autentificada por el Consulado español en Montevideo.

La recomendación provino de la Cancillería después que varios uruguayos fueron impedidos de ingresar y luego de ser retenidos en los aeropuertos de Madrid y Barcelona desde donde fueron retornados a Montevideo.

Medios de prensa achacaron la recomendación directamente al Canciller Reinaldo Gargano. Éste lo desmintió.

Resulta ser que quién se ha manifestado en forma tan categórica fue el sociólogo Álvaro Portillo, encargado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay de la atención a los ciudadanos orientales que se encuentran en el exterior.

Hay razones de peso: Dos requisitos que no figuran en ningún documento pero que a la hora de entrar a España tienen un peso primordial: El humor del funcionario de turno y el aspecto físico (vestimenta) del llegado.

Y otros requisitos que han sido establecidos por las autoridades: Para ingresar a España por turismo se debe presentar a requerimiento de las autoridades de migración:Pasaje de ida y vuelta; Reserva de hoteles y otros consumos abonados;Un mínimo de 80 euros por día que se vaya a permanecer en el país.Un seguro médico que cubra todos los días de estadía Según el tiempo que el turista piensa permanecer y que va desde U$S 46 por 5 días de estadía a U$S 297 por el máximo tiempo permitido que son 90 días.

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Gargano recalcó las muy buenas relaciones que mantienen Uruguay y España: "Es un tema absurdo, de ser cierta esa recomendación deberíamos romper relaciones diplomáticas con España, siendo que tenemos las mejores relaciones diplomáticas", dijo agregando que: "Lo que sí hemos hecho es plantear duras críticas a los procedimientos que las oficinas de inmigración españolas están dando a los uruguayos que llegan a España”.

Sinceramente queremos creer que el Canciller lo dice en el convencimiento de que se estará dialogando positivamente para los intereses uruguayos en muy poco tiempo.

No quisiéramos siquiera pensar que vamos a dar un paso atrás en nuestras reivindicaciones; mientras nos quede razón y medios como puede ser el Tribunal de la Haya y/o los recursos jurídicos, trataremos de volcar a nuestro favor la controversia generada con el gobierno peninsular.

Esperamos que el canciller Gargano simplemente haya pedido un minuto de descanso para entrar en el siguiente round con cierta preeminencia, más desde que este ‘asalto’ se diputará en nuestro terreno durante la visita del Ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Angel Morantinos a Uruguay anunciada para el 27 de julio.

¿MAL INFORMADO O MALA FE?

Sólo entendemos como un intento de apoyar al Gobierno español en su negativa a reconocer la vigencia del Tratado de 1870, que su embajador en Montevideo, Fernando Valderrama, hiciera declaraciones aduciendo que los españoles emigrados a Uruguay habían sido tratados en forma similar a la que España impone hoy a los uruguayos.

¿Piensa acaso el Sr. Embajador que si Uruguay hubiera cerrado las puertas a los españoles, italianos y demás nacionales europeos que llegaron a sus costas, tan sólo en una nimiedad en relación a la actitud negativa de hoy por parte de su gobierno, los españoles que residen en este pequeño país del Cono Sur estarían cerrando filas junto a los uruguayos, en defensa del Tratado de 1870, cuya vigencia él ha intentado desvirtuar en notoria contraposición a lo que los Tribunales de Justicia de su país han señalado en reiteradas ocasiones.

FALTABAN LOS DERECHOS Y FALTÓ EL ESTILO: empate

No vamos a hacer hincapié en si se trató de una falta de respeto hacia los Legisladores democráticamente elegidos y por lo tanto dignos representantes de todos los orientales porque éstos, al pedir la comparecencia del embajador español, olvidaron que el Parlamento, por más preocupado que esté de la situación de los uruguayos, no tiene potestades para llamar a un embajador extranjero a dar explicaciones de ninguna clase.Primer tiempo cero a cero.

El miércoles el embajador Valderrama hizo mutis a los Representantes Nacionales, un día después concurrió –‘por propia voluntad’- al Parlamento para reunirse con la presidenta de la Cámara, Beatriz Argimón.

Mientras el Representante del gobierno español ratificaba a Argimón la buena relación y respeto hacia el Parlamento uruguayo dejando por absurdas las versiones de prensa que indicaban que se había negado a asistir a las Cámaras, la parlamentaria le reiteraba que el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad había sido plenamente convalidado por unanimidad.

LA HISTORIA SITUANDO EL PRESENTE

‘Sin papeles’ de Cataluña denunciaron ‘la intervención espaciada’ del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desde que finalizó el plazo para acogerse a la regularización extraordinaria.

En este sentido la Asamblea por la Regularización sin Condiciones denunció que las altas de inmigrantes en la Seguridad Social alcanzan apenas al 27 por ciento de los que el Gobierno ha declarado como aspiración: 160.000 personas al momento.

Rechazan las declaraciones de los responsables gubernamentales refiriéndose al proceso como un éxito con un gran número de resoluciones positivas ya que se oculta que el 25 por ciento de las solicitudes presentadas lo fueron en la última semana y éstas, que son las que presentarán más denegaciones, aún no han sido analizadas.

Por otra parte la asociación denunció que han quedado ‘centenares de miles’ de inmigrantes sin poder reunir los requisitos exigidos para la regularización, lo que continúan trabajando en la economía sumergida a más de muchos que habiendo presentado toda la documentación incluido el contrato de trabajo se encuentran con que éste ha sido rechazo porque la empresa mantenía deudas con la Seguridad Social o había presentado un número excesivo de solicitudes para sus necesidades.

En este caso no quedan mayores dudas sobre la existencia de un fraude que, lamentablemente en todos los casos y sin entrar a analizar el aspecto delictivo en que se haya incurrido, ha costado muy caro a los inmigrantes.

Y EN EL PRESENTE LO REALMENTE PRÓXIMO es… … En España:

Este sábado se reunirán en Barcelona representantes de la mayor parte de las asociaciones de uruguayos existentes en España^*5.

Será un paso trascendental para comenzar a trabajar en conjunto pero, salvo la recepción de quejas ¿Qué se puede hacer en el tema específico que compete a esta nota?

El embajador Álvaro Portillo estará presente para dar a conocer los pasos que a su entender podrían seguirse, los pro y los contra con los que los reclamantes van a tropezar.

¿Habrá reclamantes? Presentar la demanda cuesta aproximadamente 500 euros en un contencioso que puede durar entre 2 y 3 años (tiempo durante el cuál el demandante no será expulsado pero tampoco tendrá autorización para trabajar) y cuyo costo final ronda por encima de los 2.500 a 3000 euros.

¿Qué harán los uruguayos que han recibido el cedulón de expulsión?

Si no han sido ‘capturados’ como vulgares delincuentes seguramente se aferrarán a continuar esperando soluciones desde la clandestinidad y seguirán trabajando en condiciones lamentables y por muy poco dinero.

Los que intenten venir se encontrarán con un país totalmente cerrado que no les va a preguntar si vienen de paseo, a ver un hijo, a conocer la cultura y los paisajes de la ‘madre patria’; prejuzgará y por lo tanto negará derechos aún antes de que éstos les sean solicitados. …

En Montevideo:

Familiares de los inmigrantes anunciaron una protesta frente a la embajada de España y una campaña de recolección de firmas para reclamar el cumplimiento del tratado bilateral de 1870 las que serán entregadas al Ministro del Exterior español durante su viaje a Montevideo.

Eduardo Parga fue detenido a la salida del metro en el centro de Barcelona. Después de tomarle fotografías y las huellas digitales le retuvieron el pasaporte y lo mantuvieron 5 horas en una celda. ‘Me pusieron un abogado de oficio que no sabía de estos temas, lo único que hizo fue sentarse a mi lado mientras yo firmaba papeles’ contó no bien llegó a nuestro país.

Graciela Vera, periodista independiente, en Almería, en el sur del norte, a 17 de junio de 2005

EL CANCILLER URUGUAYO RECLAMA A ESPAÑA DERECHOS CONSOLIDADOS

Un Tratado entre Uruguay y España establece que los ciudadanos emigrados de cada país tendrán los mismos derechos que los nacionales.

 

Uruguay recurrirá a la justicia española para defender los derechos de los uruguayos que puedan recibir cedulones de expulsión por no haberse acogido al proceso de regularización de inmigrantes, recientemente finalizado en España.

Se calcula que más de diez mil uruguayos no han podido acogerse a la regularización y se enfrentan a la expulsión por parte de las autoridades españolas que insisten en desconocer la vigencia del Tratado de Paz, Reconocimiento y Amistad de 1870.

La vigencia de este Tratado ha sido tema de discusión jurídica por muchos años. Existen posturas contradictorias por parte del Ejecutivo y el Poder Judicial español ya que ha habido varios fallos de la jurisprudencia española reconociendo su vigencia.

El Tratado de 1870 cuya validez reiteradamente hemos defendido desde Informe Uruguay otorga, en sus artículos 8 y 9, iguales derechos a españoles y uruguayos emigrados que a los nacionales del país.

Concretamente estos artículos establecen:

Artículo VIIILos ciudadanos de la República en España, y los súbditos Españoles en la República Oriental del Uruguay, podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles, extraer del país sus valores íntegramente, disponer de ellos en vida o por muerte, y suceder en los mismos por testamento o ab intestato, todo con arreglo a las leyes del país en los mismos términos y bajo de iguales condiciones y adeudos que usan o usaren los de la Nación más favorecida. No podrán por consiguiente sufrir respectivamente ningún embargo, ni ser retenidos con sus buques, tripulaciones, carruajes y objetos de comercio, de cualquiera clase, para ninguna expedición ni para servicio público de ninguna especie sin conceder a los interesados una indemnización previamente convenida. Artículo IXLos ciudadanos de esta República no estarán sujetos en España, ni los súbditos españoles en la República Oriental del Uruguay, al servicio del Ejército, Armada o Milicia Nacional. Estarán igualmente exentos de toda carga o contribuciones extraordinarias o préstamo forzoso; y en los impuestos ordinarios que satisfagan por razón de su industria, comercio o propiedades, serán tratados como los ciudadanos o súbditos de la Nación más favorecida.

 

En un reciente viaje a Montevideo el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España resultó categórico al señalar que no se harán excepciones a las normas y se expulsará a todo extranjero indocumentado.

Poco antes el canciller uruguayo Reinaldo Gargano se había reunido en Madrid con la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración Consuelo Rumí a quién le pidió que, en función del Tratado de marras, se diera un trato excepcional a los uruguayos y se les regularizara a todos, lo que Rumí rechazó.

Sin embargo el Tratado de 1870, ratificado por el de 1992 es claro y aunque el gobierno de España niega su validez, sus tribunales de justicia lo consideran vigente.

Al menos seis sentencias de Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas y una del Tribunal Supremo de Justicia han dado razón a los uruguayos que han interpuesto recursos basándose en los artículos 8 y 9 del citado Tratado.

El canciller uruguayo considera que "no se le puede aplicar a los uruguayos residentes en España la ley de extranjería y menos su reglamentación que fija plazos para comparecer” por lo que ha realizado un llamado a todos los uruguayos que reciban cedulones de expulsión para que se presenten en el Consulado ya que el Gobierno de su país les defenderá.

"Vamos a luchar en los tribunales (españoles) y vamos a hacer valer las sentencias que dieron la razón a los uruguayos en las comunidades autónomas", expresó Gargano que ante reiteradas consideraciones respecto de acuerdos posteriores firmados por España con la Unión Europea, quiso aclarar que para estos compromisos que ponen límites a la emigración, el artículo 234 de los tratados entre los países de la UE establece que no serán aplicables en los casos en que ya existan tratados particulares anteriores.

El canciller recordó que “Uruguay recibió en el pasado a centenares de miles de españoles, y casi todos los uruguayos tenemos abuelos o padres españoles o italianos” y consideró que la expulsión de algún uruguayo por parte del gobierno español “sería un error político muy grave”.

El Ministro dejó en claro las razones por las que el gobierno uruguayo afirma que el Tratado está vigente: “Fue el primer tratado que hubo después de la Independencia que trató estos temas. Y concedió a los españoles los derechos de que gozan los uruguayos aquí en Uruguay: el acceso al trabajo, la compra y venta de vivienda, el derecho al ejercicio de la materia comercial, etcétera, etcétera. Y además, disposiciones constitucionales los habilitan para votar y convertirse en ciudadanos legales uruguayos. Ese tratado está vigente. Nadie lo derogó nunca. Hay otro tratado de 1992, que trata del mismo asunto, y no tiene ninguna norma que derogue este tratado. Se me habló de la Convención de Viena. Y la Convención de Viena es la que establece lo obvio: que un tratado posterior si tiene normas contradictorias con el anterior (o expresamente dice que lo deroga) pues lo deroga. Pero no es este el caso”.

A juicio del ministro que no concretó en forma específica cual será la iniciativa judicial que piensa emprender por mostrarse aún esperanzado en llegar a un acuerdo, "el problema de la ley de extranjería es que la hizo un gobierno de derecha y debe aplicarla uno de izquierda” y lamentó que esto ocurra con España, país con el que Uruguay ha mantenido muy buenas relaciones.

FORMULAS Y CONSIDERACIONES

 

Algunos especialistas en derecho internacional realizan hipótesis sobre la dilucidación de esta situación.

La primera podría ser que ambos países acordaran en forma voluntaria someter el asunto a un arbitraje de carácter jurídico; la segunda, remite a la intervención de la Corte Internacional de Justicia.

Por otra parte y como forma de consolidar posiciones los consulados uruguayos tienen orden de expedir a cada compatriota que lo solicite un documento certificado por el cónsul respectivo que acredite su nombre, nacionalidad, edad y establezca que se encuentra amparado por el Tratado de 1870 transcribiendo las normas del mismo, por lo cuál tiene derecho a acceder a trabajo, a los bienes y a la residencia normal dentro de España.

Nos cuesta creer que después de llegar hasta aquí Uruguay no promueva acción contra España si llegara el caso de que un uruguayo fuera expulsado por no respetarse el Tratado de Paz, Reconocimiento y Amistad de 1870.

También nos cuesta creer que las autoridades españolas acepten el certificado que expiden los consulados uruguayos como prueba de la legalidad de sus poseedores porque hacerlo sería reconocer la vigencia del Tratado.

 

Graciela Vera, periodista independiente, en Almería, el sur del norte, a 3 de junio de 2005