PONERSE LAS PILAS, PERO YA!!!!

Terminado el plazo para la recepción de pruebas para la conformación de expedientes de solicitudes temporales de permisos de residencia y trabajo, (no olvidemos que se entregarán con valides de apenas un año) algo menos de 700.000 solicitudes han sido entregadas, de las que 13.000 ya están siendo procesadas.

Casi la mitad son de latinoamericanos y entre éstas la gran mayoría de ecuatorianos. En lo que respecta a uruguayos, el número de compatriotas solicitantes de permisos se calcula en los 10.000.

Nos preguntamos ¿Qué pasará con el resto de uruguayos que están en forma indocumentada en España?*1 ¿Porqué estos 10.000 compatriotas han debido hacer las largas colas, gastar dinero que muchas veces no han poseído para obtener y presentar documentos probatorios y rogar contratos de trabajo como si de ciudadanos de tercera se tratase?

Los uruguayos tenemos derecho a trabajar, vivir, estudiar y no tenemos necesidad de homologar títulos universitarios aquí, en ESPAÑA, y España tiene la obligación de aceptarlo sin chistar porque ella fue parte interesada de la firma de Tratados Internacionales.

La Justicia nos apoya.

Lo ha demostrado muchas veces cuando se han interpuesto recursos por la vía judicial.

El Tratado de 1870 está vigente para la justicia española incluso para el Tribunal Supremo (octubre 2002). ARTÍCULO 8 del Tratado de 1870 Los ciudadanos de la República en España, y los súbditos Españoles en la República Oriental del Uruguay, podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles, extraer del país sus valores íntegramente, disponer de ellos en vida o por muerte, y suceder en los mismos por testamento o ab intestato, todo con arreglo a las leyes del país en los mismos términos y bajo de iguales condiciones y adeudos que usan o usaren los de la Nación más favorecida. No podrán por consiguiente sufrir respectivamente ningún embargo, ni ser retenidos con sus buques, tripulaciones, carruajes y objetos de comercio, de cualquiera clase, para ninguna expedición ni para servicio público de ninguna especie sin conceder a los interesados una indemnización previamente convenida. Todo lo cual se ratifica y en nada rectifica, el Tratado de 1992 en el que se considera también el ‘Establecimiento de un eficaz sistema de equivalencias de estudios, con vistas al reconocimiento de títulos y diplomas académicos obtenidos en ambos países’

En Uruguay, durante periodos gubernamentales anteriores las reivindicaciones no pasaron de silenciadas quejas ante la inoperancia de nuestra Cancillería, provenientes de los sectores de la oposición.

Pues bien, ahora uno de los sectores tiene una mayoría que le permitirá actuar sin condicionamientos y ante esta opción expongo:

Sr. Reynaldo Gargano, Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay:

Usted, siendo Senador de la República fue uno de los más acerbos críticos de esa inoperancia. Usted reclamó para los uruguayos los derechos que los uruguayos tienen.

Usted tiene en este momento la palabra.

Miles de compatriotas confían en usted y en lo que usted voceó desde su banca senatorial.

Podemos estar felices con el escape de la clandestinidad de casi 10.000 uruguayos pero no lo estamos ante la incertidumbre de los que no han podido salir de ella.

No podemos permitir que un ciudadano con derechos adquiridos se vea perseguido, con la posibilidad de ser esposado, enviado a un centro de refugiados atiborrado desde ya y expulsado.

Tampoco podemos tener la conciencia tranquila si ese ciudadano debe esconderse y trabajar por sueldos miserables simplemente porque su país no lo protege en otra nación con la cuál la suya tiene firmados acuerdos y tratados internacionales.

¿Acaso solamente se validarán los Acuerdos y Tratados de extradición y deportación?

El Ministro de Seguridad Social y Trabajo de España, Jesús Caldera, acaba de expresarse en forma contundente: después de estimar que una mínima parte de quienes han presentado documentación, unos cien mil apenas, serán rechazados aseguró que desde el próximo domingo se aplicará en forma estricta el Reglamento de Extranjería que recoge las vías de arraigo laboral y social y quienes no puedan acogerse a ninguna de las fórmulas “serán repatriados porque la inmigración tiene que ser legal”.

Lo aceptamos y estamos de acuerdo: legalidad, en todo, incluso en el respeto a Tratados Internacionales.

Reconocemos que no resultará tarea fácil para nuestro Canciller pero confiamos en él y a pesar de que él mismo considera difícil de encontrar salida aceptada por España a los Tratados, no olvidamos los Tribunales y los uruguayos no deben dejar pasar esa opción mientras no encuentren la del reconocimiento de partes.

^{*1 Se estima que entre el año 2001 y el 2004 entraron a España casi 40.000 uruguayos que se sumaron a los casi 10.000 que ya residían aquí. No hay datos concretos de cuantos regresaron pero de esta cifra se considera que la mitad o más continúan viviendo en España. (Siempre en las suposiciones porque la clandestinidad es muy difícil de que algún organismo estadístico pueda valorarla con exactitud y las cifras solo refieren a ingresos registrados y ciudadanos empadronados), El INE, Instituto Nacional de Estadísticas de España estimo en un aumento del 500% el incremento de uruguayos viviendo en España en ese periodo. Tan sólo en el del 2003/2004 ingresaron 16.966 compatriotas que representan una cifra ya superior a las solicitudes de regularización presentadas por uruguayos en el último proceso de legalización de inmigrantes.}

Graciela Vera – Periodista independiente desde Almería, el sur del sur del norte, a 6 de mayo de 2005

SEÑOR MINISTRO: ANTE USTED ME QUITO EL SOMBRERO

El consulado en España insta a los uruguayos que reciban cedulones de expulsión a denunciarlos en el mismo para proceder a la interposición de recursos de amparo reclamando el cumplimiento del Tratado de 1870 entre España y Uruguay.El Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Reinaldo Gargano hizo constar en declaraciones hechas públicas que en ningún momento el gobierno de nuestro país ha renunciado a la vigencia del Tratado de 1870, entendiendo que está plenamente vigente y por lo tanto , debe cumplirse.

Hace siete días increpaba por este medio al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay por no defender los derechos que el Tratado de Paz, Reconocimiento y Amistad de 1870 otorga a los uruguayos en España.

Le recordaba que él, desde la oposición había sido un enardecido crítico de la pasividad del gobierno anterior.

Posiblemente el Dr. Jorge Batlle en la visita que realizó hace poco más de un año a España, haya tenido intenciones de poner las cartas sobre la mesa.

Posiblemente el Dr. Tabaré Vázquez deba encontrar en el momento oportuno la capacidad negociadora y la severidad necesarias para enfrentarse a la posición del gobierno de España.

Recordamos que en los primeros días de febrero del 2004 los por entonces cancilleres Didier Opertti y Ana Palacio representando a nuestro país y al reino de España se reunieron y al término de ese encuentro Palacio anunciaba ante la satisfecha aprobación de Opertti: “España y Uruguay trabajarán bilateralmente para buscar una solución a la situación de los inmigrantes uruguayos empezando con una reunión dedicada al tema la próxima semana”.

Una próxima semana que nunca llegó.

Nuestro Canciller tiene ahora un contrincante tan hábil para escurrir el bulto como lo fue la doctora Palacio en su momento.

El ministro de Relaciones Exteriores de España, Miguel Angel Morantino no le hará fácil la tarea de reinvindicar el cumplimiento del Tratado de 1870.

Los españoles que hoy están en el gobierno saben que los españoles que gobernaron en épocas en las que aún no existía la Comunidad Europea ni se expulsaba a la gente decente por el mero hecho de querer trabajar, firmaron acuerdos hoy difíciles de cumplir por su parte.

Acuerdos que en una época en la que los españoles eran quienes emigraban, fueron celosamente respetados por nuestro país.

España no ha firmado acuerdos ni tratados solamente con Uruguay; pero el Canciller uruguayo Reinaldo Gargano ha sentado precedentes, al ser el único representante de un país afectado por las decisiones inflexibles de España que ha salido a la cancha a defender a su gente: a los uruguayos.

El martes 17 Uruguay anunció que defenderá ante los tribunales de justicia hispanos a sus ciudadanos requeridos a abandonar el territorio español, en razón de la vigencia del Tratado de 1870.

CARTA ABIERTA PARA USTED,SEÑOR MINISTRO REINALDO GARGANO

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay:

Como uruguaya me ha hecho usted sentir orgullo de haber nacido en ese pedazo de tierra situado al oeste del río Uruguay.Tierra de pájaros pintados pero sobre todo, tierra de hombres y mujeres que no bajan la cabeza ni aún en las más difíciles.

No sé si su gestión tendrá éxito. No puedo adivinar las reacciones de la política y usted, señor Ministro, eso bien lo entiende.

Usted ha reconocido que el Tratado obliga a los dos países a dar el mismo tratamiento en materia de trabajo, papeles y asistencia social, tanto a uruguayos como españoles. Hasta el momento la Justicia de los Tribunales de España han dado la razón a aquellos compatriotas que han interpuesto recursos amparándose en el mismo.

Señor Ministro, yo no lo voté a usted ni voté su Partido y no lo hice, no porque estuviera fuera del país sino porque siempre he sido, porque soy ‘como güeso’e bagual’.

Puedo ser crítica, contestataria y un moscardón cargoso al que por no escuchar su zumbido terminen dándole razón.

El Tratado de 1870 hubiera sido ese zumbido permanente y estridente sobre y contra su gestión si usted hubiera actuado de otra forma.Hace siete días comencé con el zumbo después de comprobar que muchos compatriotas iban a ser expulsados de España por el sólo hecho de intentar tener una vida mejor que la que su país le ofrecía.

Usted pertenece al Gobierno que debe lograr que no sea necesario emigrar para encontrar esa vida mejor; muchos uruguayos en octubre confiaron en ustedes, muchos uruguayos queremos confiar ahora en ustedes.

Usted ha dado un paso de gigante para afianzar esa imperiosa necesidad de creer, que tenemos todos los orientales, los que están allí y los que estamos por el mundo.

Respecto al Tratado de 1870 usted, Señor Ministro Gargano, señala que existe una situación de hecho en la que el Estado español no lo está cumpliendo y considera que de acuerdo a las prácticas de las relaciones internacionales ello amerita ‘un proceso de negociación permanente al respecto’.

Para los neófitos como yo ¿puede usted aclarar que significa ‘negociación permanente’?.

En esta España en la que vivo actualmente hay dos realidades que se contraponen; mientras que para la Justicia el Tratado está plenamente vigente, para las Autoridades resulta imposible cumplirlo porque ‘hacerlo sería abrir las puertas’, o las tranqueras como decimos nosotros, pero en definitiva lo que significa es cerrarnos las esperanzas.

Usted las ha abierto de nuevo con su decisión que devuelve el orgullo de ser uruguayos a todos los uruguayos.

Estamos con usted Sr. Ministro; apoyamos su gestión.Estoy con usted Sr. Ministro. Apoyo su gestión con la bandera de Saravia en la mano. Tendrá usted mucho que decirme para convencerme que la arríe y estoy segura que no es eso lo que usted quiere.

No le debo nada a ningún cacique ni soy más que ningún militante de base, por eso en esta patriada yo me pongo a su lado llevando esa, mi bandera, sin necesidad de preguntarme que opinan otros ni de inclinarla ante ninguna otra más que la que nos cubre a los dos: la del sol y las franjas.

Gracias, desde este sur del norte que no me expulsa le extiendo mi mano y, si usara sombrero me lo quitaría ante su actitud.

Graciela Vera, periodista independiente, en Almería, el sur del norte, mayo 2005

ESTADÍSTICAS

INMIGRACION | Difundieron ayer datos oficiales de población y los procedentes de nuestro país representan el 1,3% del total de los inmigrantesUruguayos en España son 48 mil, 500% más que en 2001 Entre 2001 y 2004, cerca de 40.000 uruguayos arribaron a España, lo que implica un aumento de casi 500% en ese período, según se desprende de los datos sobre población difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) español. Al 1º de enero de 2005, los uruguayos en España son 48.379 (casi la misma cantidad de habitantes del departamento de Treinta y Tres) y representan, asimismo, el 1,3% del total de inmigrantes en el país. En el último censo español, en 2001, esa cifra era de 9.745, por lo que la presencia de uruguayos aumentó en tres años a 496%. En la comparación 2004-2003, la cantidad de compatriotas creció en 16.966 personas, 64% con respecto a los 31.413 uruguayos que había en España en 2003. El guarismo refleja el gran flujo emigratorio en los últimos años, pero el dato puede resultar engañoso. Las cifras difundidas ayer se tomaron de los padrones de los municipios españoles; es decir, que el estudio refiere sólo a personas empadronadas. Tal vez algunos llegaron en años anteriores pero recién se empadronaron en 2004, cuando el gobierno español lanzó una campaña de regularización de ilegales que requería el certificado de empadronamiento. Es posible, asimismo, que algunos ciudadanos ilegales, por temor, no se hayan empadronado, lo que agrega un margen de error a los datos que, sin embargo, esclarecen, por primera vez, una cifra mínima de uruguayos en España. De acuerdo a los datos difundidos ayer, la enorme mayoría de los compatriotas en España (69%) tiene menos de 40 años en tanto que hay 122 uruguayos en España con más de 85 años. El 29% (13.947) tiene entre 25 y 34 años y representan el grupo más numeroso. Los hombres son mayoría, aunque por un margen mínimo: 24.904 contra 23.474 uruguayas. HABITANTES. A nivel global, la población española crece, casi exclusivamente, a impulso de los inmigrantes. En 2004, el país ganó 770.000 habitantes, de los cuales 650.000 son extranjeros que arribaron a España. La población total de España, al 1ro. de enero de 2005, asciende a 44 millones de habitantes (exactamente 43,97 millones). De ellos, 3,7 millones son extranjeros, o sea, el 8,4% del total. La lista la encabezan los marroquíes (505.000), seguidos por 491.800 ecuatorianos y 314.300 rumanos.

URUGUAYOS EN ESPAÑA

  

Representantes de las asociaciones de uruguayos en España se reunieron el sábado  con el director del Departamento 20 de la Cancillería (atención a uruguayos en el exterior), Álvaro Portillo.

 

Las resoluciones ^*1 tomadas en esta reunión nos llegaron por parte de la Asociación de Uruguayos en Cataluña y nos complacemos en dar a conocer textualmente las mismas.

 

Informe Uruguay pretende ser un medio para acercar las decisiones y hacer conocer los trabajos y esfuerzos de las Casas y Asociaciones de uruguayos en el extranjero.

 

De la reunión con el embajador Portillo surgió la propuesta de un trabajo conjunto en el que se integren la experiencia ‘in situ’ de los uruguayos que han vivido éste y otros procesos anteriores en España y el gobierno de nuestro país en su intención de defensa de sus conciudadanos en el exterior.

 

Muchas veces se ha pretendido establecer cifras sobre el número de uruguayos que están viviendo fuera de las fronteras de su país. Es posible que nunca se llegue a conocer el número exacto pero somos conscientes de que el porcentaje es tan elevado que si todos regresáramos al unísono  al Uruguay, de un país casi vacío nos encontraríamos con que estaríamos dando vida a otro  superpoblado.

 

Tan sólo en España se calcula que viven  48.379, exactamente el 496 por ciento más que hace apenas cuatro años. (Instituto Nacional de Estadísticas de España tomando como base de datos los registros de empadronamiento)

 

Podríamos también preguntarnos cuántos no figuran por razones que resultan obvias, en las listas oficiales. 

 

El trece por ciento de la población de Uruguay está pensando en emigrar a pesar de que cada día las trabas impuestas por los países actualmente receptores se hacen más difíciles de sortear.

 

No somos los uruguayos los únicos perjudicados con las leyes restrictivas en materia inmigratoria que imponen los países ricos. La Comunidad Europea y los Estados Unidos de América no quieren más inmigrantes que los necesarios para realizar trabajos específicos que sus habitantes, por el nivel económico que han alcanzado, rechazan reiteradamente aún cuando figuren inscriptos en las listas de paro.

Pero somos rechazados y en el fondo de la cuestión eso es lo que afecta los intereses individuales y colectivos.

 

Y entonces, después de muchos años de silencio  -porque nada nos llevaba a la confrontación- los uruguayos impugnamos el trato que España nos da como inmigrantes.

 Consideramos que existe un Tratado firmado por ambos países que establece que los ciudadanos de uno y otro país ‘podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades,………. todo con arreglo a las leyes del país, en los mismos términos que bajo iguales condiciones y adeudos que usan o usasen  los de la Nación más favorecida’.  

El gobierno de España niega la vigencia del Tratado; Uruguay defiende su validez.

 

El Ejecutivo español argumenta que el Tratado de Amistad de 1870 ha sido superado por leyes posteriores y que la legislación europea le impide aceptarlo.

 

Sin embargo la legislación de la Unión Europea respeta los Tratados binacionales firmados con anterioridad por sus países miembros con terceras naciones.

 

España nunca ha denunciado el Tratado y, por otra parte un Tratado Internacional tiene un rango superior a cualquier ley interna del país y en este caso específico la justicia española se ha pronunciado reiteradamente validando la vigencia del mismo.

 

Mientras responsables gubernamentales de ambos países realizan viajes en cuyo transcurso mantienen conversaciones con autoridades locales, los ciudadanos uruguayos en el territorio peninsular deben atravesar por situaciones vejatorias.

 

Llegados a este punto nos encontramos con que los gobiernos de España y Uruguay decidieron esta semana la creación de un grupo de estudio para analizar y debatir el tema.

 

Recordamos que algo similar se anunció hace poco más de un año con otros representantes y que la supuesta comisión bi nacional no avanzó ni siquiera para subir el primer peldaño de la escalera. 

 

En los últimos días la noticia, realzando las buenas relaciones entre los gobiernos de los dos países han arreciado como si se quisiera volver a cauce las aguas de un río todavía demasiado revuelto.

 

Posiblemente el primer problema a sortear por quienes integren este grupo de estudios –si realmente comienza algún día a trabajar con ánimo constructivo- sea llegar a concordar en el número de uruguayos residentes en España.

 

 Las cifras difieren en muchos cientos de personas. Mientras la Embajada española en Montevideo sostenía que residen legalmente en España 14.000 uruguayos y otros 10.650 presentaron documentación para su regularización de las que 5.000 ya han sido aceptadas y apenas un 0,3% está sujeta a expulsión. 

 

Por su parte el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay aseguró que no existe un censo exacto de los uruguayos en España pero que la Cancillería maneja cifras superiores a las ofrecidas por la Embajada.

 

Tampoco existe aún fecha para la coordinación del Grupo de Trabajo.

 

 ¿Qué pasará en tanto con los uruguayos sin documentación. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España, Jesús Caldera acaba de reiterar que no habrá excepciones a la norma, refiriéndose a la aplicación de la Ley de Extranjería que determina que todos los extranjeros indocumentados sean expulsados.

 

A los inmigrantes que no pudieron acogerse a la regularización sólo tienen la opción de lograr la residencia presentando casos fundados que determinen el arraigo social o laborar, la existencia de circunstancias extraordinarias o humanitarias… en este último caso España no se ha mostrado precisamente solícita a decir si.

 

 ^*1 COMUNICADO DE PRENSA Reunión de Asociaciones Casas y Asociaciones de Uruguayos en España En el día del natalicio de nuestro prócer José G. Artigas, reunidas en Cerdanyola del Valles, (Catalunya-España) las Asociaciones y Casas de Uruguayos en España, que a continuación se detallan: ·          Asociación de Uruguayos de Cerdanyola (EL MATE), ·          Asociación de Uruguayos en Gran Canaria,·          Casa Uruguay-Euskadi,·          Uruguayos por el Mundo (VIGO),·          Asociación Cultural Candombe,·          Asociación de Inmigrantes Uruguayos (MADRID),·          Casa Uruguay Tenerife,·          Centro Uruguayo de Madrid,·          Asociación de Uruguayos en Catalunya (AUC),·          Casa Uruguay de Sevilla,·          URUCOSTA (Málaga),·          ASURVAL (Valencia),·          Asociación de Uruguayos de Lleida,·          Federación de Asociaciones de Uruguayos de Galicia,·          Asociación de Residente Uruguayos de Ivissa y Formentera, ·          Comité por el Estatuto de los Uruguayos en el Exterior,    Han considerado un orden del día consistente en 3 puntos: 1.       Convocatoria al Tercer Encuentro de Asociaciones y Casas de Uruguayo de España. 2.      Informe trasladado el 18 de junio de 2005 por el Sr. Embajador Álvaro Portillo. 3.      Situación del Tratado de 1870.  Tras un debate franco y unitario se adoptaron 3 resoluciones que describimos a continuación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Punto 1 Convocar al 3er. Encuentro de Asociaciones y Casas de Uruguayos en España, a realizarse en Catalunya, en fecha a determinar no posterior a Noviembre de 2005, ya que debemos tener en cuenta los tiempos que maneja el Gobierno y nuestras necesidades. Que se cursará invitación a todas las Asociaciones y grupos no asociados, para que este encuentro exprese de forma clara y fiel las inquietudes de todos nuestros compatriotas, poniendo de manifiesto la voluntad de unirnos en aras de lograr un fin común, compartiendo tareas, respetando las diferencias, evitando los individualismos que perjudican y no reflejan la voluntad colectiva. Que las Asociaciones de Catalunya (AUC), Cerdanyola (EL MATE)  y Vilanova i La Geltrú (CANDOMBE), abiertas a la colaboración de otras asociaciones, serán las encargadas de distribuir el material a cada Asociación y Grupos no asociados a efectos de llegar al encuentro con ideas claras y en lo posible ya aprobadas por cada Asociación, lo que se traducirá en un ahorro significativo del tiempo en la toma de desiciones conjuntas. Punto 2 Luego de la reunión informativa mantenida en el día de ayer , con el Sr. Embajador Álvaro Portillo sobre la creación del Departamento  20 Expresan: _ Que las Asociaciones han sido las formas organizativas que los ciudadanos uruguayos nos hemos sabido dar para atender y resolver los temas que nos atañen, _ Que todo el trabajo unitario realizado no puede ser dejado de lado por una decisión unilateral, que no tenga en cuenta nuestra realidad de emigrantes. Hoy por lo tanto presentamos la propuesta de buscar los mecanismos que permitan la coordinación entre las Asociaciones de Ciudadanos uruguayos en el territorio español y las formas organizativas que se dará el gobierno uruguayo en su relación con la emigración, para lo cual se designa al Comité por el Estatuto del Ciudadano Uruguayo en el Exterior, para que elabore un documento previo al 3er. Encuentro de Asociaciones de Uruguayos en España, para su discusión y aprobación. Punto 3 Ante el volumen informativo que a razón de declaraciones de miembros de ambos gobiernos, asociaciones e interpretaciones de medios de prensa, consideramos que el actual tono de debate y cruce de informaciones no ayuda a establecer el tema en los corrector términos. Que sostenemos tal como ha fallado la justicia de España la total vigencia del Tratado de Reconocimiento Paz y Amistad de 1870 y su no derogación por el Artículo 14 del Convenio de 1992, que refuerza lo establecido en el Artículo 8º del Tratado de 1870, atendiendo a la exclusión establecida por el Artículo 234 de la CEE., y el Artículo 1º del Reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre). El respaldo que expresa la Cancillería y la Cámara de Diputados, con su resolución del 9 de junio de 2005, a la reivindicación que desde hace años venimos levantando las Asociaciones, coloca el Tratado en el escenario correcto. Por tanto expresamos nuestro respaldo a la recolección de firmas que ha iniciado la Red Diáspora, convocando a los uruguayos en España a incentivar tal tarea entre sus familias en Uruguay, a la vez que consideramos importante la entrega de las mismas al Sr. Ministro Moratinos, en su próxima estadía en Uruguay, por parte de una delegación de familiares, expresando las tradiciones democráticas y tolerantes de nuestro pueblo.    Cerdanyola del  Valles, 19 de junio de 2005.   Firman todas las Asociaciones participantes.  

PROPOSICIÓN DE LEY PRESENTADA POR IZQUIERDA VERDE-IU-ICV BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

A LA MESA DEL CONGRESO DE DIPUTADOS



Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, los Grupos parlamentarios abajo firmantes presentan la siguiente Proposición no de ley sobre el cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad entre España y Uruguay, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores. Exposición de motivos

Los acontecimientos políticos de los últimos tiempos, en especial los cambios de Gobierno en España y el reciente cambio en Uruguay con la victoria del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría el pasado mes de octubre de 2004 y la asunción presidencial del Presidente Tabaré Vázquez el pasado 1 de marzo de 2005, posibilitan que deba producirse una necesaria revisión estratégica con carácter urgente del cumplimiento del Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad hispano-uruguayo de 1870.
Desde la aprobación del Tratado General de Cooperación y Amistad entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España de 1992, que en absoluto cuestiona los principios y la vigencia del Tratado de 1870, es necesario alertar que se han producido numerosas vulneraciones de los derechos de los ciudadanos uruguayos residentes en territorio español, que han sido sometidos a la legislación de extranjería y han visto denegadas en vía administrativa sus solicitudes de reconocimiento de los derechos a residir y trabajar en territorio español derivados del mencionado instrumento bilateral, ofreciéndoseles pues como única vía el recurso contencioso-administrativo, con la gravedad económica y temporal que conlleva.
Y ello, a pesar de la claridad del artículo 8 del Tratado («los súbditos españoles en la República Oriental de Uruguay y los ciudadanos de la República de España podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender al por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles, extraer del país valores íntegramente, deponer de ellos en vida o muerte, y suceder en los mismos por testamento o abintestato, todo con arreglo a las leyes del país en los mismos términos y condiciones y adeudos que usen o usaren los de la nación más favorecida») y la rotundidad de la jurisprudencia que confirma su vigencia.

El Senado uruguayo ha reconocido expresamente la vigencia del tratado del año 1870 y su no derogación por el Tratado del año 1992, y la formulación expresa de que los derechos reconocidos deben ser respetados por las partes firmantes del Tratado de 1870, declaración que hasta el momento no ha sido correspondida por otra en igual sentido del Gobierno español, en especial en la época del Gobierno del Partido Popular, que ha negado sistemáticamente y de mala fe, el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos uruguayos amparados en base al artículo 8 del Tratado de 1870.
Asimismo, el Presidente de Uruguay Dr. Tabaré Vázquez, en su discurso inicial de investidura, reclamó públicamente el cumplimiento de los acuerdos internacionales y expresó su preocupación por los ciudadanos de la diáspora y la necesidad de combatir las causas económicas que generan la emigración. En este sentido, la cooperación económica con Uruguay se torna más necesaria que nunca, en base a fomentar el desarrollo de los sectores productivos que permitan un asentamiento de su población y un freno a las migraciones, que afectan en la actualidad, debido a las políticas neoliberales de los Gobiernos anteriores, a un 15% de la población uruguaya.

Tampoco debemos olvidar los antecedentes históricos, sociales, culturales y económicos que han unido a ambas naciones, ni el hecho que Uruguay haya recibido durante decenas a ciudadanos españoles, en una buena proporción de procedencia gallega, con las máximas garantías, condiciones legales y sociales, sobre la base de la aplicación y reconocimiento del Tratado bilateral.
Igualmente es destacable la integración social y laboral de los ciudadanos uruguayos en territorio español, con un arraigo muy fuerte en diversos puntos de la geografía estatal, y es precisamente, teniendo en cuenta este arraigo social y laboral, que numerosos colectivos de ciudadanos uruguayos en el Estado vienen reclamando en los últimos años el reconocimiento de sus derechos y mantienen una lucha activa en base a una plena integración legal, social y económica.

En las actuales circunstancias políticas de Uruguay y pasado un año del cambio de Gobierno en España, es necesario reclamarle al Gobierno español que reconsidere la posición asumida por la antigua administración, con relación al Tratado de 1870 y que se comprometa a garantizar el respeto y el cumplimiento de la normativa internacional vigente, representada en este momento por los Tratados bilaterales de 1870 y de 1992 y, en su virtud, que reconozca a todos los ciudadanos uruguayos los derechos que de los mismos derivan, incluido el de residir y trabajar legalmente en territorio español.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a respetar la legalidad internacional y a cumplir las resoluciones judiciales que confirman la validez y vigencia del Tratado hispano-uruguayo de Paz y Amistad de 1870 y, en su virtud, reconocer a los ciudadanos uruguayos el derecho a residir y a trabajar libremente en territorio español tal y como establece el artículo 8 del citado Tratado, sin imponerles la carga de recurrir judicialmente.


Palacio del Congreso de los Diputados Madrid, 19 de abril de 2005


Joan Herrera Torres Olaia Fernández Davila
Portavoz G.P. Izquierda Verde-IU-ICV Bloque Nacionalista Galego

OTRA VEZ EL TRATADO

    

Con cada alegría de cada uruguayo cuyos derechos han sido reconocidos por la justicia española a partir de la validez del Tratado Internacional firmado por España y Uruguay en 1870 y totalmente vigente a la fecha, nos asalta la desazón ante las inoperantes acciones de los sucesivos gobiernos uruguayos ante sus similares de España.

 

Inoperantes ya que no han tenido respuesta positiva y me permitiría suponer que casi nulas porque poco y nada sabemos de gestiones que se hayan realizado (cuando el presidente Jorge Batlle visitó España por principios de este año) se llevaba la promesa de creación de una comisión mixta que trabajaría sobre este tema pero los meses pasaron, Batlle deja el gobierno y ni siquiera nos hemos enterado (que si se hubiera formado esa comisión su buena publicidad habría tenido) de que hayan habido ni siquiera intentos de tomar un cafecito dialogando sobre el asunto.

 

España sigue negando los tratados, indistintamente de si su gobierno lo preside Aznar o Rodríguez Zapatero, la firma de esos Tratados (no solo el rubricado con Uruguay), le resultan tan urticantes como atrapar una planta de ortiga con la palma de la mano.

 

Y es que como ya se dijera ‘reconocer los Tratados sería para España lo mismo que abrir las puertas a la emigración’; y ahora opinamos nosotros, que firmar un Tratado debería ser para los gobernantes de turno, antes que nada un compromiso reconocido y como tal analizadas sus consecuencias antes de estampar el nombre entre flashes fotográficos y con declaraciones rimbombantes.

 

 Seguro que no fue el caso del Tratado de 1870 ya que a lo sumo habrá habido un fogonazo de magnesio pero lo cierto es que éste ha dado más que hablar que el de 1992, que después de todo no hace más que consolidar el anterior.

 

   DOS CASOS MUY RECIENTES 

 

Una jueza de Girona (Cataluña) reconociendo la validez del Tratado de 1870  firmado entre Uruguay y España otorgando iguales derechos que a sus ciudadanos a los inmigrantes de cada uno de los países en el territorio del otro , condenó a la Administración a retractarse en la negativa del permiso de trabajo  para una uruguaya que reside desde el 2002 en España.

 

La Jueza Isabel Hernández Pascual, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Gerona ordenó a la Administración conceder el permiso de ‘Trabajo y Residencia’ a Alicia Raquel Velázquez Ottonello, una uruguaya que trabaja en Cataluña y asegura sentirse muy bien y haber sido aceptada por los catalanes entre los que cuenta con muy buenos amigos.

  

Esta resolución se suma a otra, también reciente del ‘Tribunal Superior de Justícia de Catalunya’ (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) que en aplicación del mencionado Tratado decretó la anulación de una orden de expulsión dictada por la Subdelegación de Gobierno de Gerona contra la ciudadana uruguaya Myriam Beatriz Martenz.

Myriam Martenz tiene lazos de ‘arraigo’ en España, donde vive con su esposo y dos hijos, tanto familiares como sociales y económicos.

  EN VISTA DE LO ANTERIOR ¿HASTA CUANDO? 

¿Hasta cuando se deberá recurrir a los oficios de un abogado para que sea la justicia la que otorgue lo que ya es ley de obligado cumplimiento?

 

¿Hasta cuando nuestras autoridades seguirán actuando como los tres monos sabios: sin ver, sin oír y sin hablar?

  Graciela Vera, periodista independiente, en Almería, el sur del norte, a 3 de noviembre de 2004  

EL PODER JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS OFICIALES NO SE PONEN DE ACUERDO

 Mientras los  jueces reconocen los tratados firmados entre España y países latinoamericanos, la oficina de  Extranjería sigue rechazándolos. En el número 89 de Informe Uruguay (www.uruguayinforme.com), publicamos una entrevista realizada con el Jefe de la Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Jesús Viciana. Por su importancia en referencia al tema que vamos a tratar, nos tomamos la libertad de reproducir la parte de la entrevista que refiere a los Tratados de Cooperación y Amistad, en general y al Tratado de 1870 entre España y Uruguay en particular.   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Periodista: ¿Qué peso tienen o en qué influyen en el momento de otorgar permisos de residencia y trabajo a los inmigrantes, los Convenios firmados con países de América como son los Tratados de Amistad y Cooperación?

Jesús Viciana: -"Los tratados de Amistad y Cooperación con países americanos, como el resto de tratados internacionales, una vez ratificados por España, forman parte de su ordenamiento interno y, por tanto, deben cumplirse tanto por la Administración como por los ciudadanos.
Respecto a si afectan o no a la inmigración habrá que estar a lo que en cada caso concreto disponga su articulado".

 Periodista: Existen dos convenios firmados entre España y Uruguay, dos Tratados de Amistad y Cooperación, uno de 1870 y el último, que ratifica el anterior, de 1992 siendo presidentes de nuestros respectivos países los doctores Felipe González y Luis Alberto Lacalle.

El anterior gobierno de España, a través de sus dependencias de Extranjería se negó a aceptar la vigencia de estos convenios. No obstante los uruguayos que recurrieron ante la Justicia tuvieron sentencias favorables incluso del Tribunal Supremo, reiteradas ante recursos interpuestos por la Administración.
Los uruguayos que recurrieron ante la Justicia tuvieron sentencias favorables y reiteradas ante recursos interpuestos por la Administración, incluso el Tribunal Supremo se expidió a favor.
Queremos saber si el actual gobierno del PSOE reconoce ése y otros convenios con Uruguay (especialmente el Tratado de 1870)

Jesús Viciana: -" Es cierto que hay un Tratado de Paz y Amistad con Uruguay que data de 1870 y que algunas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia e incluso una en casación del Tribunal Supremo declaran su vigencia y por tanto no se debía tener en cuenta la situación nacional de empleo al resolver los permisos de trabajo de ciudadanos uruguayos.
Pero también que, con posterioridad, se firmó otro convenio en 1992 en cuyo artículo 14 se establecía que deberían sujetarse a la ley interna, es decir la Ley de Extranjería, la realización de actividades por cuenta propia o ajena. Por tanto, este es un asunto que, en su vertiente jurídica, habrá que esperar más sentencias del Tribunal Supremo que creen jurisprudencia, sin perjuicio de que los contactos bilaterales entre ambos países consigan un desbloqueo de la situación". ………………………………………………………………………………………………………………………

En España con sentencias dictadas por el  Tribunal Supremo se crea jurisprudencia.Si es así ¿Está el gobierno español actuando dolosamente al negar de forma sistemática los permisos de trabajo y residencia que solicitan los uruguayos?Consideramos que esto está sucediendo en referencia al Tratado de 1870, ratificado y no rectificado con el de 1972?¿Qué pasará con la próxima demanda que entable un compatriota reclamando el derecho que le dan dos Tratados y varias sentencias de la Justicia y del Tribunal Supremo español?Opinamos que muy pronto tendremos respuesta también a esta pregunta o, será que acaso, como da a entender nuestro entrevistado, lo que se aguarda es un movimiento de ajedrez por parte de nuestro gobierno. No dejamos de reconocer que España se encuentra ‘entre la espada y la pared’. Por un lado los ciudadanos americanos reclaman el cumplimiento de los Tratados y, por el otro, la Comunidad Europea establece para todos los países miembros  una serie de reglamentaciones que tienden a reducir el número de inmigrantes llegados al continente.

JUECES RECONOCEN TRATADOS CON ARGENTINA

No somos solamente los uruguayos quienes consideramos que se está vulnerando un derecho. Los argentinos tienen problemas muy similares a los nuestros al momento de tratar con las autoridades españolas.Mientras la justicia actúa reconociendo como vigentes los tratados de inmigración refrendados con Argentina, el gobierno español, a través de Extranjería continúa rechazándolos.

A pesar de que deberían tomarse como parte del Ordenamiento Interno de la nación; se desconocen y se ponen trabas a las solicitudes de residencia y trabajo de los ciudadanos de países que por derecho están en condiciones de  obtener sin más impedimentos, respuestas rápidas y positivas.

En esta oportunidad la justicia ha fallado a favor de un ciudadano argentino. El sujeto tiene una orden de expulsión (por carecer de documentación), interpuso un recurso tomando como base un Tratado firmado en 1988 y  obtuvo una resolución favorable, que suspende la expulsión que había sido decretada sobre su persona.

Un auto judicial firmado por el  juez Guilarte Martín Calero del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife suspendió de forma cautelar la orden de expulsión por considerar que está en vigencia el Tratado de Cooperación y Amistad entre España y la República Argentina del 3 de junio de 1988.

El Tratado de referencia establece, en el artículo 8 que: “cada una de las partes facilitará a los nacionales del otro país la realización de actividades profesionales en pie de igualdad con los nacionales del estado de residencia”.No es esta la primera sentencia favorable a un ciudadano argentino por una causa similar. Tanto en lo referido a las demandas interpuestas teniendo como base el Tratado de 1870 entre Uruguay y España como en demandas interpuestas por argentinos en base a tratados firmados entre España y ese país, se ha llegado a un número de sentencias favorables que deberían tenerse en cuenta por las autoridades españolas para cumplir ordenanzas propias y por las de Uruguay y Argentina, para reclamar una justa relación de reciprocidad. 

Son miles los uruguayos y los argentinos que esperan que España reconozca la vigencia de los Tratados de Cooperación y Amistad. Son muchos más los nacionales de otros estados americanos en situaciones similares.

¿Quizás la afirmación del ex viceconsejero de inmigración, Benito Codina, cuando dijo que “admitir esos Tratados supondría una política de puertas abiertas para la inmigración” es lo que lleva a que Extranjería siga negando su existencia?

No queremos presuponer las reacciones del gobierno de Zapatero. Sin aventurar decisiones no podemos menos que opinar que en la actualidad el Poder Judicial y los organismos oficiales de España no se ponen de acuerdo. 

Graciela Vera, periodista independiente, en Almería, el sur del norte, a 10 de agosto  de 2004.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

 DESDE EL TRABAJO CONSULAR AL TRATADO DE 1870  

Quizás hablar de una entrevista, a la respuesta de seis preguntas puede resultar presuntuoso, más cuando nuestros lectores esperan contestaciones concretas y orientativas a muchas más interrogantes. 

Podemos decir en nuestro descargo que estamos felices porque hemos entreabierto una puerta que permanecía cerrada.

Desde hace aproximadamente dos años intentamos mantener una conversación con las anteriores autoridades del PP para oír sus razones en relación a la emigración. 

Las reiteradas solicitudes que realizamos nunca nos fueron negadas. Sin embargo la entrevista en cuestión fue derivándose de un actor a otro, encontrándonos con que nadie se ¿atrevía? a hablar.  

Nunca tuvimos problemas por otros temas sobre los que quisimos averiguar que pasaba, pero el de la emigración nos parecía que se había convertido en un tabú; por eso cuando nos dirigimos al nuevo gobierno del PSOE manteníamos nuestras reservas. 

Nos resultó lógico y lo aceptamos, que en un principio pidieran tiempo para ubicarse en sus cargos.  Nos resulta lógico pero lo destacamos porque al hacerlo dejamos constancia de un cambio de actitud y una diferencia muy notoria de tratamiento hacia la prensa independiente, la amabilidad conque se nos han ofrecido respuestas y los contactos naturales para que nuestros lectores puedan estar informados ahora y con posterioridad y nosotros podamos realizar un (esperamos que así lo consideren) buen trabajo periodístico. 

De las seis preguntas que realizamos, algunas representan las inquietudes que nos han hecho llegar compatriotas e incluso amigos de otras nacionalidades que se sienten identificados con nuestro empeño en informar. 

Las seis respuestas del Jefe de la Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Jesús Viciana nos satisfacen aunque desde ya lo comprometimos para extendernos en las inquietudes referidas a tan complejo tema.    

 - ¿Se comenta que está en estudio una ‘nueva’ Ley de Extranjería que podría entrar en vigencia en un año? - “La última reforma de la actual ley entró en vigor a principio de este año, fue fruto del acuerdo de los partidos mayoritarios y el desarrollo reglamentario aún no se ha completado; por lo que, lo que está previsto es el desarrollo reglamentario de la actual ley pero no una nueva ley”. La actual Ley de Extranjería se ajustará, reglamentándola y es la mejor forma de hacerlo lo que se está estudiando; no habrá cambios sustanciales en su estructura.  

- En todo momento se habla de encausar la emigración legalizando el ingreso de inmigrantes y poca solución parece ofrecerse a quienes ya están en España. ¿Se estudia la regularización de los miles de inmigrantes ilegales o se apunta a la repatriación?  - “Como ya ha anunciado el Ministro de Trabajo, el arraigo laboral es una figura que ya existe, y lo que se pretende es su desarrollo reglamentario para hacer posible la legalización de todos aquellos inmigrantes que lleven residiendo un tiempo en España y puedan acreditar una oferta de trabajo”.         

 Una relación laboral probada o un trabajo por su cuenta, también probado y legal (con aportes a la Seguridad Social) que puedan mostrar el arraigo laboral o un mínimo de dos/tres años de trabajos.  - Las personas que están en España ¿deben irremediablemente regresar a sus países de origen para realizar los trámites que de acuerdo con la ‘Ley’ se deben hacer en los Consulados, en origen?   - “La última reforma de la Ley Orgánica estableció como causa de inadmisión de las solicitudes de trabajo y residencia el encontrarse irregularmente en España (salvo para los supuestos de arraigo),  y también la obligación de solicitar personalmente las autorizaciones para trabajar (el empresario o el extranjero, según los casos) por lo que son estos dos factores los que nos determinaran en cada caso, si deben o no regresar a su país para realizar los trámites”.         

 Es quizás la pregunta que se ha reiterado más veces por parte de nuestros amigos lectores.

No es posible una respuesta generalizada, la contestación que nos da el Jefe de Trabajo y Asuntos Sociales es clara: cada caso puede, y es diferente y deberá ser consultado particularmente.  

- Muchos ciudadanos americanos que concurren a realizar los trámites para legalizar su venida a España en los Consulados de esta nación en sus países, han denunciado en diferentes oportunidades que los Consulados no siempre atienden las solicitudes de visa de trabajo o regularización de papeles (contratos); que muchas veces ‘cierran’ la atención al público por tiempo indeterminado dejando a los interesados sin posibilidades de legalizar su situación. Incluso existen casos de personas que han regresado desde España con un contrato para realizar la legalización y obtención en origen, tal como pide la Ley, de los permisos de trabajo y residencia y les han sido negados o la demora ha hecho que caducaran las propuestas. - “Los consulados, y dentro de ellos las secciones laborales, forman parte de la Administración española en el exterior y por tanto, como el resto de la Administración está sometida a la Ley, correspondiendo a los órganos judiciales el control de que la actuación administrativa se ajuste al principio de legalidad. Dicho esto, cualquier denegación de visado es susceptible de ser recurrida y cualquier irregularidad en el funcionamiento de los servicios públicos puede y debe ser denunciada, existiendo en todas las unidades administrativas los oportunos libros de reclamaciones y quejas.Por  otra parte, bien es cierto que en materia de extranjería se ha producido una auténtica avalancha que ha desbordado a la Administración que no ha podido dar una respuesta inmediata y se han tenido que recurrir a algunas actuaciones, como las citas previas telefónicas.        

Todos sabemos que no es fácil realizar una denuncia de esta naturaleza pero saber que son aceptadas y no caerán en saco roto permitirá que en cada caso, el interesado ajuste sus quejas a denuncias concretas y efectivas.  - ¿Qué peso tienen o en qué influyen en el momento de otorgar permisos de residencia y trabajo a los inmigrantes, los Convenios firmados con países de América como son los Tratados de Amistad y Cooperación? - “Los tratados de Amistad y Cooperación con países americanos, como el resto de tratados internacionales, una vez ratificados por España, forman parte de su ordenamiento interno y, por tanto, deben cumplirse tanto por la Administración como por los ciudadanos. Respecto a si afectan o no a la inmigración habrá que estar a lo  que en cada caso concreto disponga su articulado”. 

Una vez ratificados los convenios firmados entre gobiernos recién comienzan a generar derecho. Varios países americanos han firmado Tratados con España y cada uno con un articulado distinto. Lo establecido en cada convenio debería ser motivo de apoyo y explicados sus alcances por cada gobierno, a sus emigrados. 

- Existen dos convenios firmados entre España y Uruguay, dos Tratados de Amistad y Cooperación, uno de 1870 y el último, que ratifica el anterior, de 1992 siendo presidentes de nuestros respectivos países los doctores Felipe González y Luis Alberto Lacalle.El anterior gobierno de España, a través de sus dependencias de Extranjería se negó a aceptar la vigencia de estos convenios. No obstante los uruguayos que recurrieron ante la Justicia tuvieron sentencias favorables incluso del Tribunal Supremo,  reiteradas ante recursos interpuestos por la Administración. Los uruguayos que recurrieron ante la Justicia tuvieron sentencias favorables y reiteradas ante recursos interpuestos por la Administración, incluso el Tribunal Supremo se expidió a favor. Queremos saber si el actual gobierno del PSOE reconoce ése y otros convenios con Uruguay (especialmente el Tratado de 1870) -“ Es cierto que hay un Tratado de Paz y Amistad con Uruguay  que data de 1870 y que algunas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia  e incluso una en casación del Tribunal Supremo declaran su vigencia y por tanto no se debía tener en cuenta la situación nacional de empleo al resolver los permisos de trabajo de ciudadanos uruguayos. Pero también que, con posterioridad,  se firmó otro convenio en 1992 en cuyo artículo 14 se establecía que deberían sujetarse a la ley interna, es decir la Ley de Extranjería, la realización de actividades por cuenta propia o ajena. Por tanto, este es un asunto que, en su vertiente jurídica, habrá que esperar más sentencias del Tribunal Supremo que creen jurisprudencia, sin perjuicio de que los contactos bilaterales entre ambos países consigan un desbloqueo de la situación”.       

   Este es un tema que nos afecta muy de cerca a los uruguayos y que seguiremos analizaremos con nuestro actual interlocutor en próximas entrevistas. Personalmente no consideramos que haya una derogación explícita en el segundo tratado que afecte los derechos adquiridos y consolidados en el primero.   

Graciela Vera, periodista independiente, en Almería, el sur del norte, a 28 de julio de 2004