Fallo a favor de uruguayo
PUBLICADO EN EL DIARO 'EL PAÍS' -URUGUAY EL 06/06/06
Un uruguayo radicado en España obtuvo el visto bueno para trabajar libremente en ese país, en aplicación al tratado firmado con Uruguay en 1870.
La justicia de lo Contencioso Administrativo le dio la razón al uruguayo que ganó el juicio a la delegación del gobierno de Toledo que le permite "trabajar en España en pie de igualdad con los ciudadanos españoles".
En el fallo, al que accedió El País, se establece que el ciudadano uruguayo puede trabajar libremente en España sin ningún condicionamiento extraordinario igual que cualquier español, en aplicación del Tratado firmado por ambos países en el siglo XIX.
El ciudadano ya había tenido un fallo favorable de la subdelegación de Toledo del 22 de setiembre de 2005, pero la autorización le había sido concedida exclusivamente por un año. El ciudadano apeló nuevamente y el Tribunal de Castilla-La Mancha le da la razón extendiéndole el permiso en forma permanente.
Sin embargo, el gobierno de Toledo en aplicación de ese fallo, le concedió el convenio por un año y no definitivo como ordenaba el tribunal supremo.
Desconforme con esa situación, el uruguayo recurrió nuevamente a los efectos de que se le otorgara la residencia y permiso de trabajo definitivo. Alegó que el permiso de un año infringe lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, pidió que el permiso se conceda por diez años, en analogía con la validez del documento nacional de identidad español, de acuerdo al desarrollo normativo del Convenio Internacional con Uruguay de 1992.
El tratado de cooperación y amistad, firmado entre ambos, indica en uno de sus artículos: "Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el presente tratado, las partes acuerdan que, en lo que no fuera compatible con el mismo, se mantienen plenamente vigentes los convenios celebrados con anterioridad".
UN DERECHO. Entre sus argumentos el tribunal consideró que el recurrente tiene derecho a residir indefinidamente en España y trabajar en igualdad con los españoles y a no serle exigido visado de entrada en el país.
El magistrado actuante opinó que precisamente en aras de la situación reconocida en el tratado de 1992 y en el propio fallo de la sentencia anterior, "el recurso debe ser estimado".
El diputado herrerista Jaime Trobo que viene trabajando en este tema en coordinación con diputados españoles opinó que "para Uruguay es muy importante que estas sentencias en segunda instancia de tribunales regionales sean tenidas en cuenta por el Tribunal Supremo".
Aunque la sentencia no es firme y podrá ser apelada por la abogada del Estado que representaba en el juicio a la subdelegación del gobierno de Toledo, es visto como un triunfo para los uruguayos que viven en España.
Algunas estimaciones indican que en España viven unos 50.000 uruguayos, pero no hay datos certeros acerca de qué porcentaje no cuenta con papeles. Ya hay varios casos de compatriotas que realizaron reclamos judiciales con resultados positivos.
El tratado de 1870
LIBREMENTE. Los súbditos españoles en la República Oriental del Uruguay, y los ciudadanos de la República en España, podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles o inmuebles, extraer del país sus valores íntegramente (...) todo con arreglo a las leyes del país, en los mismos términos y bajo iguales condiciones y adeudos que usan o usaren los de la Nación más favorecida", dice el artículo 8 del tratado.
SIN RETENCIONES. También establece que los ciudadanos de los dos países no podrán "sufrir ningún embargo, ni ser retenidos con sus buques, tripulaciones, carruajes y objetos de comercio de cualquier clase".
HISTORIA. Cuando se firmó el tratado el más deseoso de firmarlo era España, porque quería proteger a los súbditos españoles que vivían en Uruguay, y en cambio Uruguay no tenía ningún interés porque su independencia estaba reconocida por las potencias más importantes, con las cuales tenía tratados como Inglaterra, Francia, Italia y la Confederación de Estados Alemanes.
"Sabalero" en Madrid
El cantautor compatriota José Carbajal, "El Sabalero", se presentó el sábado 17 en la ciudad de Madrid en apoyo al Tratado de 1870 entre ambos países.
Carbajal tocó en el Salón de Actos de la Parroquia San Ambrosio, del barrio madrileño de Vallecas, en un espectáculo para el cual convocaron el Centro Uruguayo de Madrid y la Coordinadora de Trabajadores inmigrantes uruguayos.
Carbajal interpretó sus principales canciones para un público compuesto casi en su totalidad por compatriotas que residen en distintos lugares de España, recibiendo calurosos aplausos.
Interés de diputados españoles
Días atrás, el diputado herrerista Jaime Trobo, mantuvo reuniones en España, con los portavoces de todos los partidos políticos españoles en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de ese país. Trobo dijo a El País que recogió "un gran interés en apoyar la pretensión de Uruguay en relación al trato con nuestros compatriotas".
Paralelamente el Tribunal Supremo de Justicia, una instancia superior a la de los tribunales provinciales (como es el caso del de Castilla La Mancha), estudia una solicitud hecha por la Administración española que se denomina "recurso de interés de ley" para dar opinión sobre la vigencia o no del Tratado de 1870 para amparar a los uruguayos en una legislación de inmigración especial y diferente a la aplicable actualmente a todos quienes quieren radicarse en España.
Desde el Parlamento español se ha establecido una Comisión binacional de Alto Nivel que analiza las facilidades que puedan recibir los uruguayos en ese país. La comisión debe tener en cuenta el propio tratado, además de la legislación española, las obligaciones con la Unión Europea y la diversa jurisprudencia española, que ha sido favorable para los uruguayos.
La salida negociada entre los partidos de España obtuvo un significativo respaldo político en el Congreso de los Diputados. Representantes de todas las fuerzas políticas reconocieron, en mayor o menor grado, la validez de aquella norma jurídica y su rango superior a las leyes internas españolas o dictadas en los ámbitos de la Unión Europea (UE).
Asimismo, durante el debate que se dio en enero pasado, se valoró "la deuda de gratitud" que la democracia española tiene con Uruguay desde la época de la Guerra Civil, cuando se acogió a miles de ciudadanos españoles y se les respetaron integralmente sus derechos.
